Preocupados por el impacto que tendrá la construcción de molinos de viento para generar energía renovable en tierras agrícolas en Santa Isabel, un grupo de ciudadanos se unió para hacer sentir su repudio ante el desarrollo de este proyecto.
Con este propósito se celebrará un foro para orientar e integrar la participación ciudadana en oposición a este desarrollo con la actividad: Bienvenidos los molinos, fuera de los terrenos agrícolas el jueves 16 de junio de 2011a las 12:00 pm en el antiguo aeropuerto de Santa Isabel abierto al público en general.
El foro contará con la participación del portavoz del Comité de Comunidades Pro Agro y Medio Ambiente (COCOPAMA), Pedro Martínez; los agrónomos Juan Santiago y Javier González del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico- Distrito Sur; el agrónomo Pedro Vivoni de Acción y Reforma Agrícola (ARA); el agricultor Asier Roldán, Amaris Torres y Karla Acosta de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR); y miembros de la Asociación de Estudiantes de Agricultura del Colegio de Ciencias Agrícolas de la UPR, Recinto de Mayagüez. Además, contaremos con una exhibición de los productos agrícolas que se producen en Santa Isabel, y con un diseño escala de los molinos propuestos.
El proyecto de los molinos de viento surge luego que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la compañía Pattern Santa Isabel, LLC, suscribieron un contrato en septiembre de 2010 por $215 millones por un plazo de 20 años para instalar y construir 65 molinos de viento en el área sur del País -todos en terrenos de la Autoridad de Tierras- arrendadas a agricultores locales. Este proyecto, en su transcurso, impactará unas 3,700 cuerdas de terrenos agrícolas más productivos de Puerto Rico.
Estos terrenos, además de impactar producciones millonarias de alimentos, impactará directamente a cientos de residentes de las comunidades colindantes como Felicia 1, Felicia 2, Descalabrado, Central Cortada, Cayure, Boca Velázquez, Jauca 1 y Jauca 2.
Cabe destacar que el Censo Agrícola Federal clasifica a Santa Isabel como el municipio de mayor producción agrícola en Puerto Rico. El terreno donde se contempla construir las 65 turbinas eólicas, cada una de 430 pies de altura, está catalogado como “prime farm land” o terreno agrícola altamente productivo.
A parte que, la agricultura del área, además de generar miles de empleos, comprende siembras de tomates, pimientos, melones, calabazas, berenjenas, repollo, maíz, cebollas, soya, girasol y sorgo, farináceos, mango, cítricos, quenepas, entre otras. Los mangos de Santa Isabel se exportan a mercados tan lejos como Japón y los tomates de dicho municipio llegan a las mesas cientos de familias en los Estados Unidos.
Asimismo, la compañía contratada reconoce en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA-F), aprobada por la Junta de Calidad Ambiental a finales de noviembre de 2010 (después de haber contratado), que “[l]os predios propuestos para el desarrollo del Proyecto son terrenos agrícolas y están zonificados bajo la Junta de Planificación como Distrito Agrícola AP-1 (Agrícola-Productivo). Este terreno, cuya continuidad en uso agrícola, se considera de importancia para el País.” Este proyecto sería el primero en el mundo en construirse sobre hortalizas, una agricultura intensiva. De mediar la rezonificación estaríamos arriesgando nuestras valiosas tierras agrícolas para convertirlas en zonas industriales.
Por otra parte, el Colegio de Agrónomos en su ponencia en oposición a la aprobación de dicho proyecto expresó que “[e]l Municipio de Santa Isabel es el corazón de importantes sectores agrícolas que aportan a nuestra economía y nuestra canasta alimentaria y el resto del mundo debido a las excelentes características físicas, químicas, climáticas, localización, infraestructura de riego, mano de obra diestra, y experiencia. La amenaza contra nuestros Terrenos de Alto Valor Agrícola no sólo se limita a los pueblos del sur de Puerto Rico como Santa Isabel, Salinas, Juana Díaz, Guanica, por mencionar algunos, sino en el resto del País”.
Al mismo tiempo, las comunidades colindantes al proyecto han expresado preocupación sobre la rápida elaboración de un proyecto tan abarcador que contó con un corto y atropellado periodo de vistas públicas, en el que ninguna de las comunidades se enteró de su celebración. Por ello, organizaron el COCOPAMA como un plan de organización y apoderamiento en defensa de sus derechos.
"Nos va a afectar en todo, en nuestra calidad de vida. Este proyecto va a abarcar toda la comunidad. No nos tomaron en cuenta como seres humanos. Es un proyecto enorme. Como ciudadana responsable entiendo que no puede hacerse aquí en nuestra comunidad ni en terrenos agrícolas", expresó la líder comunitaria María Arzola.
A raíz de la preocupación comunitaria, la Clínica de Asistencia Legal de la UPR en su división de Desarrollo Comunitario ha servido de enlace para organizar y procurar unas garantías mínimas a estas comunidades ante la amenaza concreta de este desarrollo y de la falta de comunicación entre el gobierno y sus residentes afectados.
“Nos preocupa inmensamente la poca participación y orientación que se le ha brindado a la comunidad siendo un proyecto innovador en la Isla. Nos causa un enorme malestar y sentido de desconfianza el saber que el proceso de vistas públicas se lleva a cabo luego de firmar un contrato que afectará las vidas de los residentes de este municipio por los próximos 20 años. Favorecemos el desarrollo de la energía eólica, pero no a costa de la destrucción de los terrenos agrícolas más importantes y a la calidad de vida de los residentes y trabajadores agrícolas”, expresó Karla Acosta Morales, estudiante de la Clínica de Desarrollo Comunitario de la Escuela de Derecho de la UPR.
