Cuando Omaya Sosa Pascual y Oscar Serrano fundaron en el 2007 el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el equipo de trabajo supo que uno de los retos que tendría la entidad sin fines de lucro sería trabajar con las dificultades que existen en cuanto al acceso a la información en los documentos públicos.
Hoy, a 10 años de su fundación, los esfuerzos del CPI no dejan de ser un reto a las limitaciones del acceso a la información, especialmente cuando son los mismos empleados del gobierno quienes desconocen lo que es un documento público.
“En el tema del acceso a la información la figura de poder puede ser un empleado de carrera en una agencia de gobierno que maneja un archivo de documentos y que en su desconocimiento tiene la llave de acceso a una información que necesitamos”, expresó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
Este ha sido uno de los mayores problemas que la entidad independiente ha tenido que enfrentar cada vez que un funcionario o funcionaria obstaculiza el acceso a la información; pues muchas veces son los empleados públicos de alto nivel o de alta jerarquía –y sus relacionistas públicos– quienes desconocen el estado de Derecho en Puerto Rico. Para el CPI, ha sido un desafío que estos empleados entiendan lo que es un documento público, asunto que va desde una hoja de papel hasta cualquier información contenida de forma electrónica.
De acuerdo con Minet, cuando solicitan los documentos para trabajar sus reportajes han sido tantas las arbitrariedades que el 80% de las veces han tenido que asistir al tribunal para hacer valer la garantía constitucional del derecho a la información.
“Queremos retar a todos los funcionarios que entienden que los documentos que se producen en el gobierno son confidenciales, especialmente cuando son documentos importantes para que la gente entienda lo que está pasando en el País”, sostuvo Minet.
Actualmente el CPI tiene dos demandas vigentes que, tras el paso del huracán María, no se han podido resolver. Una de ellas va dirigida a la Junta de Control Fiscal. La otra está dirigida a la Fortaleza y la administración del gobernador Ricardo Rosselló.
En el caso de esta última se solicita el acceso a los informes requeridos por la ley Promesa, la Junta de Control Fiscal (JFC) y las comunicaciones intercambiadas entre el gobierno y la JCF.
En cuanto a la demanda contra la junta, se solicitan los mismos documentos, además de los informes de divulgación financiera de los miembros de la JCF cuando fueron considerados para ocupar esos puestos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En esta década de trabajo, el CPI ha tenido aproximadamente 10 casos de acceso a la información en el tribunal.
“La información que hemos obtenido ha sido muy útil, pero a veces pasa que por el tiempo que se toman las demandas, al final se pierde la fe de que va a servir de algo”, enfatizó la periodista al reconocer que cuando se solicita una información es porque se necesita al momento.
Para Minet, uno de los problemas en el estado de Derecho actual subyaga en que no se ha determinado un término específico para que las agencias entreguen la información solicitada.
Actualmente la administración de Ricardo Rosselló tiene un proyecto de ley que pretende ampliar el acceso a la información pública.
No obstante, para la directora ejecutiva del CPI, el proyecto necesita definir qué cae como documentos públicos y también necita detallar cómo el proyecto propiciará la información proactiva y no limitante de las gestiones de gobierno.
Apuesta por un cambio social
El hecho de que la información divulgada sirva para generar cambios sociales es uno de los elementos que el CPI tiene presente en todos sus procesos de trabajo, pues tanto la transparencia como el acceso a la información son piezas claves para la toma de decisiones de la sociedad.
Resulta ser que para quienes ejercen el oficio de periodista el acceso a la información es un beneficio, sin embargo, la premisa del CPI hace hincapié en los ciudadanos.
“Tanto el trabajo que hacemos como la selección de temas a investigar, es un trabajo consciente de cuál es la aportación que vamos a hacer al debate público y de cómo nuestra investigación puede tener una repercusión y un impacto, bien sea a nivel de discusión pública o a nivel legal”, añadió la periodista.
Comentarios
Ishbel Cora Rodríguez
Periodista. Estudia Periodismo y Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Le interesan las temáticas socioculturales.
