En los días desesperados en los que no había electricidad en su casa, la profesora Mary Axtmann publicó un mensaje en Facebook que va al corazón del drama entre los que no tienen luz tras el huracán María.
“Estos cuatro meses han sido una experiencia de desapoderamiento. Estar sin electricidad es un impedimento como tener una mano atada en la espalda o un ojo cubierto”, escribió. Se sentía obsesionada con la noción de que la palabra “power” en inglés nombra la electricidad y a la vez el poder. Cuando le preguntaban si le había llegado la luz, ella sabía que además de faltarle electricidad, a los puertorriqueños les faltaba poder.
Los damnificados del huracán echaron mano de paneles solares, plantas eléctricas e inversores que conectaban a las baterías de sus carros. No buscaban solo electricidad, sino la posibilidad de empoderarse. El huracán les dejó claro que, aunque fuera con un sistema mínimo de emergencia, había maneras de buscarse la vida sin la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El plan fiscal de esa corporación pública, que el gobierno de Ricardo Rosselló revisó en el contexto del huracán, podría disuadir a quienes quieran valerse por su cuenta con energía renovable. De aprobarse el plan, se abre la posibilidad de que se implante un cargo a quienes se vayan off-the-grid, o sea, se desconecten de la red de la AEE. El gobierno penalizaría así a quienes quieran aprovechar una fuente de energía que es gratis y que en la Isla es abundante. Es como la propuesta del llamado impuesto al sol, pero en esteroides.
El concepto del impuesto al sol surgió en España luego de que su gobierno lo impusiera entre quienes generan electricidad con fuentes renovables, producen más de 10 kilovatios y al mismo tiempo están conectados a la red eléctrica. En Puerto Rico, el plan fiscal revisado va un paso más allá, porque se impone incluso a quien se desconecte totalmente. Este sí sería el verdadero impuesto al sol.
“El consumidor que quiera ser resiliente tendría que cargar con las cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica. A mi juicio esto es fatal. Es una locura”, me dijo el licenciado José Pérez, director de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que defiende a los clientes de corporaciones públicas y privadas de energía, cuando le pregunté qué iba a hacer la entidad que él dirige ante la posibilidad de este cargo. “Aunque esto aún es solo una posibilidad, si se hace, nuestra oficina lo va a impugnar”.
Esta propuesta, que depende de la aprobación de la Junta de Control Fiscal, que representa al Gobierno de Puerto Rico en el proceso de quiebra, y de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso, es una de las alternativas que la corporación pública puede implantar para recuperar los llamados stranded costs o costos varados, que no son otra cosa que la deuda con los bonistas.
El Gobierno de Puerto Rico revive de este modo una propuesta polémica que se conoció como los “cargos de transición”, que hubieran tenido que pagar los negocios y residentes que generaran energía renovable y estuvieran al mismo tiempo conectados a la red. Estos formaron parte de los acuerdos de la AEE con los bonistas en 2016, aunque fueron posteriormente rechazados por la junta.
La nueva medida no sólo asegura que habría un pago para la deuda, sino que también habrá clientes para las empresas privadas que quieran entrar en el proceso de privatización de la corporación anunciado por el gobernador.
El impuesto al sol iría en contra de lo expresado por Francisco Rullán, director de la Oficina Estatal de Política Pública Energética, que asesora al ejecutivo. Rullán dijo en diciembre en una entrevista con el CPI que había que buscar una nueva forma de mirar la energía: “que todos tengamos el derecho de hacer generación distribuida a todo Puerto Rico, en lugar de hacerlo centralizado por la infraestructura de la AEE. La política pública es la democratización del sistema de energía”.
La AEE nació en 1941 como la Autoridad de las Fuentes Fluviales, para cumplir un fin social: el de llevar energía a zonas de Puerto Rico que habían sido desatendidas por las generadoras privadas. La corporación pública llevó cables, postes y servicios que usó la población para entrar en el mundo industrializado, y que hoy son herramientas para mantener los alimentos y los medicamentos que necesitan refrigeración en las casas, así como mover la actividad económica.
Al parecer, para el gobierno es injusto que, luego de haber cumplido un fin social y de haber hecho un gasto en infraestructura, una persona se quiera desconectar y dejarle el embrollo de la deuda. El problema es que no hay manera de que los consumidores tengan certeza de que esa corporación haya emitido su monumental deuda para pagar infraestructura que redunda en mejor servicio. La AEE sigue además con la práctica de subsidiar sectores industriales y hoteleros sin presentar el beneficio de esos incentivos. ¿Por qué tendría entonces que pagar un residente, olvidado en los famosos bolsillos sin electricidad y que quiera seguridad energética, mientras otros sectores se privilegian con subsidios?
Quedarse en la red tiene sus beneficios porque alguien con equipos renovables puede vender el excedente de su producción de energía a la corporación pública, recibir servicio si fallan sus equipos o establecer negocios de venta de electricidad a otra residencia o comercio. Pero es crucial que el gobierno busque una tarifa de kilovatio por hora de energía más económica para todos y que mantenga un sistema sin apagones que sea menos vulnerable a los huracanes, que provea calidad de vida a la gente y promueva el desarrollo económico. De este modo, los clientes no tendrán por qué abandonar la red eléctrica de la AEE.
