El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, repudió la manera en que finalizó el Paro Nacional en la Milla de Oro en San Juan, luego de que un grupo de participantes rompieran cristales del Popular Center y pintaran con aerosol edificios públicos.
Las expresiones de Rosselló se dieron en una conferencia de prensa horas más tardes de haber finalizado las actividades del Paro Nacional que se dio en protesta por las políticas de austeridad impuestas a la Isla. Los participantes de la actividad también abogaron por la auditoría de la deuda del País que asciende a los $70 mil millones y se pronunciaron en contra de la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF), el recorte propuesto a la Universidad de Puerto Rico de unos $512 millones (para el 2025) y la ley 938(Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal del Gobierno) que elimina beneficios a empleados públicos, entre otros.
“Los incidentes de violencia que se han producido hoy constituyen actos criminales y vamos a buscar los que son responsables por eso. He impartido instrucciones a todas nuestras agencias para que investiguen profundamente y de manera inmediata”, dijo el gobernador tras reiterar que su administración no va a permitir impunidad. De igual manera, dejó saber que utilizará grabaciones de videos para que se procese al “criminal”.
Confesó además que la “paciencia y tolerancia” de su administración llegó a su límite razonable. El gobernador dijo que pidió una investigación detallada de los actos que se llevaron a cabo en el día de hoy para que las agencias de orden público lleven las acciones correspondientes.
Además, arremetió fuertemente contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien según él, promovió la violencia a través de sus redes sociales. “La alcaldesa de San Juan, mediante su Twitter y demás plataformas, incitó a la violencia. Ahora que responda a lo que está ocurriendo. Ese es el problema cuando se toman acciones y se toma un liderato que no tiene visión ¿Sabe qué alcaldesa? A quien laceró fue al pueblo de Puerto Rico. Estaremos bien atentos a escuchar sus expresiones sobre esto”, manifestó el gobernador.
Aseguró que aplicaría la ley con toda severidad sobre quienes cometieron actos ilegales. Informó que “mañana nuestro gobierno va a estar allí en esa misma Milla de Oro restaurando y limpiando el área donde [el pueblo de Puerto Rico] vio todos esos actos de violencia”. Describió a las personas que ocasionaron los daños en la Milla de Oro como “lo peor de nuestra sociedad”.
Rosselló Nevares responsabilizó a los organizadores del Paro Nacional por la manera en que terminó la manifestación y defendió la actuación de la Uniformada. Durante la manifestación, la Policía de Puerto Rico, la Unidad de Operaciones Tácticas (Fuerza de Choque) y personal de “Special Weapons And Tactics” (SWAT) estaba alli.
Por otro lado, dirigentes sindicales y de organizaciones multisectoriales reclamaron, a través de un comunicado de prensa, que la jornada de hoy fue una demostración extraordinaria y pacífica y aclararon que los actos de violencia surgieron después que finalizó la actividad y no están relacionados al evento.
En el comunicado, el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), José Rodríguez Báez, rechazó las acciones que varias personas cometieron tras finalizar la manifestación.
“Los sindicatos y las demás organizaciones no avalamos las acciones de violencia. Nuestra manifestación fue pacífica y exitosa, extremadamente organizada. Fue una demostración amplia, una de las más grandes que se ha dado en las últimas décadas”, sostuvo Rodríguez Báez.
El líder sindical dijo que el gobernador quiere desvirtuar el éxito de la actividad y de la participación masiva del pueblo que representa un rechazo a sus políticas y las de la JCF.
“La gente de los sindicatos estaban plenamente identificados con las camisetas distintivas de sus uniones. No hay ni un solo sindicalista identificado en esas acciones de violencia”, recalcó en declaraciones escritas.
Mientras, el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico, José Torres, dijo que la posición del gobernador era culpar a los sindicatos.
De manera similar, coincidieron el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maimí y la Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal.
