El gobernador Ricardo Rosselló Nevares emitió hoy un veto expreso al proyecto de “libertad religiosa” que, entre otras cosas, hubiera permitido a empleados gubernamentales negarse a ofrecer sus servicios a otros ciudadanos fundamentándose en principios religiosos.
Asimismo, el gobernador firmó el proyecto para viabilizar pruebas de ADN en casos de personas convictas, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez y el representante José ‘Quiquito’ Meléndez.
Sobre el proyecto de libertad religiosa, el primer mandatario expuso en su veto expreso que “nuestra administración tiene un compromiso inquebrantable con garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos. Uno de los derechos más importantes de nuestro sistema republicano de gobierno es la libertad religiosa”.
El primer ejecutivo recordó que ese compromiso se reafirmó en la Ley 33-2017 que crea las Iglesias-Escuela y en la Ley 4-2017 de Reforma Laboral que garantiza expresamente, por primera vez en el sistema jurídico, el derecho de los trabajadores de proteger sus creencias y prácticas religiosas en el ámbito laboral.
“De hecho, mi administración modificó la regulación interna del Departamento de Educación para prohibir que el gobierno intervenga con la enseñanza religiosa y moral de los padres sobre sus hijos”, expresó Rosselló Nevares.
Además, luego de su juramentación, el gobernador restableció la Oficina de Bases de Fe de La Fortaleza, tras haber sido eliminada bajo la pasada administración.
De acuerdo con el comunicado de Fortaleza, el veto expreso del primer ejecutivo establece que el Religious Freedom Restoration Act de 1993 —legislación federal que este proyecto utiliza como base— incluye expresamente al gobierno de Puerto Rico en la lista de entidades cubiertas a las que aplica la norma de no intervenir con la libertad religiosa de una persona.
Rosselló Nevares concluyó en su veto expreso que “como es de notar, ya nuestro ordenamiento jurídico contiene, por vía de legislación federal y local, de la Constitución local y de la jurisprudencia aplicable, salvaguardas suficientes para garantizar el derecho de toda persona a libertad religiosa y es el compromiso de la presente administración proteger tan fundamental derecho”.
De igual forma, el gobernador señaló que “la discusión de la presente medida ha levantado serias preocupaciones y distracciones que pudieran provocar la violación de los derechos de sectores de nuestra sociedad e incluso limitar el servicio público a nuestra población. Prometimos un Gobierno que sirva a todos los ciudadano de esta Tierra y así lo haremos”.
Por otra parte, el primer mandatario firmó el proyecto para establecer que el término para presentar una moción de solicitud de análisis de ADN comenzará a contarse a partir del momento en que la persona solicitante advenga en conocimiento de información para validar la misma.
