A sólo un mes de la explosión en la Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO), estudiantes y profesores de la Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP) del Recinto de Ciencias Médicas se reunieron ayer para dialogar sobre la desinformación de los riesgos ambientales en la que este tipo de empresas mantienen a los ciudadanos de la Isla y las medidas erróneas que tomaron las agencias de Gobierno con respecto a este incidente. La idea de este conversatorio universitario era lograr descifrar en qué momento las agencias gubernamentales cometieron los fallos claves y qué incidentes se pudieron haber evitado por el bienestar de la ciudadanía en general. Varios miembros de la facultad que se dieron cita a la actividad coincidieron en que el Gobierno está violando el Acta del Derecho al Conocimiento, pues no provee a los individuos la información necesaria para la toma de sus decisiones. “Toda empresa que vaya a poner en riesgo a una comunidad aledaña tiene que presentar un plan de emergencia, proveerle información de los peligros a los cuales esa comunidad está expuesta y, de llegar a ocurrir un incidente, deber tener una estrategia para mitigar los daños”, expresó el profesor de Salud Ambiental, José Seguinot. Sin embargo, Seguinot aseguró que ni las compañías ni las agencias gubernamentales están facilitando estos documentos, dejando ignorantes a los residentes de las comunidades que no tienen conocimiento a lo que se exponen. Y no sólo se quedan desprovistos de información los ciudadanos, sino que también los especialistas y profesionales de la salud, pues el profesor José Norat comentó que se ha comunicado varias veces con la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para obtener datos de lo sucedido y sólo ha recibido una negativa por parte de esta agencia.
“Me dijeron primero que debía solicitar los documentos por escrito, pero luego me adelantaron que no podían dar ninguna información sobre CAPECO; y esto es ilegal porque esos documentos son públicos y la JCA no se puede negar a ofrecerlos”, añadió Norat. Por otro lado, los expertos afirmaron que es difícil determinar a largo plazo los efectos ambientales y a la salud de este evento, pues la poca información que recopiló la JCA y la Agencia para la Protección al Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) estuvo basada sólo en Material Particulado con un diámetro menor de 10 (PM10), obviando la existencia de compuestos orgánicos volátiles y gases como el bióxido de azufre que también se esparcieron por el aire. “Le dieron sólo énfasis a la medición de este tipo de contaminantes para poder determinar entonces el grado general de degradación ambiental o igualmente el grado de exposición de estos contaminantes, utilizando un método muy limitado”, sostuvo Carlos Rodríguez, catedrático de Salud Ambiental. Estos profesionales de la salud están conscientes que la mayoría de estos estudios e investigaciones conllevan la inversión de varios fondos, sin embargo recalcaron que esa es la responsabilidad de las agencias ambientales de Gobierno que tienen como misión monitorear y supervisar constantemente este tipo de empresas. Además, estas dependencias gubernamentales deben ejecutar la Constitución de Puerto Rico, que protege los recursos naturales y el derecho a la salud, la Ley 9 sobre Política Pública Ambiental, la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y el Oil Pollution Act, que regula la limpieza del derrame de petróleo. Pero los profesores coincidieron en que no se puede dejar que las agencias de Gobierno trabajen primero, y mucho menos esperar a que ocurra otro incendio como el de CAPECO para que la ciudadanía se dé cuenta que la Isla está viviendo en un momento donde la salud de Puerto Rico está gravemente afectada. Por esta razón, los estudiantes de la EGSP proponen integrar el conocimiento científico con el social en su trabajo anual de comunidad, entrevistando a los residentes de Cataño para recoger su sentir. “Decidimos mover al estudiantado a que se involucre y tome acción comprometida con la comunidad”, dijo Brenda Vázquez Fuentes, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Ambiental. La idea de estos alumnos es crear eventualmente otro conversatorio con la comunidad para escuchar las voces de estos ciudadanos que se vieron afectados. Por su parte, la presidenta del Consejo de Estudiantes de la EGSP, Yiselly Vázquez, comentó que el próximo paso a seguir será elaborar una carta para el decano de la Escuela, José F. Cordero, donde esbozarán sus planteamientos y compromisos con la comunidad. Con este documento, los estudiantes reafirmarán la misión de la Universidad de Puerto Rico que estipula que la institución debe encaminarse a buscar soluciones a los problemas que aquejan a la ciudadanía. Esperan que el Decano de la EGSP les provea, a través de esa pronunciación, espacios y fondos para realizar estudios más específicos.
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