Lo que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares quisiera que sucediera con la Universidad de Puerto Rico (UPR) es que la Junta de Gobierno nombre hoy a un presidente y nueve rectores –sean interinos o permanentes– y proceda a trabajar en el plan fiscal que debe integrarse al del gobierno antes del 28 de este mes.
Lo que teme Fortaleza, según el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, es que como parte del “complot” de renuncias masivas que ocurrió anoche, miembros del máximo foro rector de la UPR también dimitan esta tarde en la reunión extraordinaria que celebrará el organismo, “abandonando la responsabilidad”, “dándole la espalda al pueblo de Puerto Rico”, y dejando en riesgo “que la Junta de Control Fiscal (JCF) tome el control de la universidad del Estado”.
Así resumió Rosario la postura del gobierno con respecto a las renuncias de la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes González, y nueve rectores que se dieron ayer. La Rama Ejecutiva, afirmó, mantendrá su disposición de defender la autonomía universitaria y asistir en cuestiones técnicas a la UPR para la elaboración de su plan fiscal.
Pero su postura –“mi opinión”, dijo Rosario– es que “son unos cobardes”. Esto es una actuación “cobarde, negligente y atroz” contra la UPR, sumó.
Las renuncias de la plana mayor, explicó el funcionario, se dieron en medio de una solicitud de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) pidiendo un desglose específico sobre las proyecciones de recortes que la administración universitaria estipuló en “parte del plan” que presentaron ayer a la agencia, y que debe entregarse a finales de este mes junto al plan fiscal del gobierno, tal como pidió la JCF por conducto de la ley federal Promesa.
Rosario explicó que la necesidad de un plan fiscal para la UPR no viene de un pedido de este gobierno o de la JCF, sino de la Certificación 74 de marzo de 2014 que aprobó la propia Junta de Gobierno mandatando al presidente en ese entonces, Uroyoán Walker Ramos, a preparar una “propuesta de reestructuración administrativa y académica de la institución a la luz de las nuevas realidades fiscales y los retos que enfrenta la universidad para su sostén y desarrollo”.
Tres años después, sostuvo Rosario, la UPR no cuenta con ese plan. A inicios de la semana, Freytes González había dicho que trabajaría en un plan fiscal “viable” y que elaboraba el documento “por obligación”, pues estaba en desacuerdo con más recortes.
Ahora, ese plan –inconcluso, y solicitado no solo por la Junta de Gobierno, sino por la JCF y el gobierno– ve otra amenaza más en las posibles renuncias que se den esta tarde.
Según Rosario, ha recibido información de que en el cónclave de la junta esta tarde presentarán su renuncia el presidente de ese cuerpo, Carlos Pérez, así como Frank Cátala, confirmado en las postrimerías del pasado cuatrienio.
“Emplazamos a los miembros de la junta a que trabajen por Puerto Rico, y que trabajemos juntos en un plan fiscal que evite el cierre de la UPR. No le renuncien a los universitarios y cooperen con esta administración para garantizar la educación pública y continua. Si esos miembros renuncian, como se les ha pedido, se acaba la UPR, así que le pedimos que no lo hagan por un partido político, que no lo hagan por nosotros sino por los universitarios y por la autonomía universitaria que tanto se jactan de decir que hace falta”, sentenció.
Si no lo hacen, “serán los culpables del efecto de la JCF teniendo el control de la UPR”, sentenció.
A preguntas de Diálogo sobre si el malestar con las renuncias responde a que el gobierno buscaba evitar el costo político de los recortes que se darán en el primer centro docente del país dejando esa carga en figuras vinculadas a la pasada administración, Rosario repitió que era desde el 2014 que ese plan debía hacerse.
“Estamos tratando de que podamos cumplir con un plan fiscal en el tiempo que dice la legislación federal y sin que la universidad termine en manos de la JCF”, contestó.
“¿Pero y si ellos están renunciando porque no están de acuerdo con más recortes?”, replicamos.
“Si esa premisa es correcta, ellos por salvar su reputación, están provocando que la JCF termine con la universidad”, rebatió Rosario.
Este medio digital también cuestionó la insistencia de los recortes a la luz de que tanto la Ley para la administración y transformación de los recursos humanos –conocida popularmente como la Ley del Empleador Único (Ley 8)– como la Orden Ejecutiva 21 buscan allegar más fondos a la UPR. Durante su campaña, Rosselló Nevares planteó que la Ley 8 podría dejarle hasta $500 millones a la universidad, lo que en teoría cancelaría el recorte.
Ese análisis, rebatió Rosario, recae en la UPR y en el plan fiscal que debe entregar.
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