“La gente estuvo de acuerdo en aprobar esto”, afirmó en Nueva York el recién nombrado presidente de la junta de control fiscal (JCF), José Carrión III, refiriéndose al establecimiento de la entidad que el viernes tomó control sobre todas las agencias del gobierno de Puerto Rico. Carrión argumentó que la JCF fue el resultado de un proceso bipartita, “tanto en Washington como en Puerto Rico”.
La reunión comenzó a las 8:30 de la mañana, pero ya desde las 7:00 había un grupo de manifestantes en contra de la JCF frente al edificio federal Alexander Hamilton. Eran alrededor de 40, un número que, al parecer de algunos periodistas, era muy bajo. Alguno de los periodistas opinó incluso que eran tan pocos que hacían el ridículo, que era mejor que no hubiesen protestado.
El grupo de manifestantes desplegó una pancarta y aunque no intentaron impedir la entrada por completo, hicieron que fuera lo más incómoda posible. Cada vez que veían a alguien en gabán le gritaban, no importa quién fuera, “you vulture”, “buitre”, “cochino oink oink”. Pero los integrantes de la junta nunca entraron por la puerta principal.
En medio del reperpero entró Rafael Rojo, un desarrollador recordado por su rol en defensa de la construcción de Paseo Caribe, hoy director ejecutivo de la organización Bonistas del Patio, que quiere recuperar sus $2.5 millones que tiene en bonos del Banco Gubernamental de Fomento. A la entrada del edificio Hamilton, frente a los manifestantes, Rojo estaba nervioso, mirando a todos lados y cubriéndose con la espalda de quien entraba delante de él; pasó desapercibido. De regreso a Puerto Rico, estaba mucho más relajado, en primera clase, tomando champagne en copa de plástico.
Entre los manifestantes había también un hombre engabanado. Era un nuyorrican del sindicato de empleados públicos Civil Service Employees Association en la ciudad de Nueva York, quien se disfrazó de ejecutivo para entrar a la reunión. Su nombre es David Galarza.
Luego de estar afuera junto al grupo de manifestantes, compuesto principalmente por puertorriqueños y puertorriqueñas de la diáspora neoyorquina, Galarza entró al anfiteatro y se sentó a observar la reunión de la JCF. Había muchos espacios vacíos en las filas de asientos del anfiteatro. Los que las ocupaban eran, principalmente, desconocidos en gabán, como Galarza.
En medio de la reunión, Galarza se levantó de su asiento y gritó: “se acabaron las PROMESAS, you guys are raping Puerto Rico (ustedes están violando a Puerto Rico)”. A él se unieron otros dos manifestantes que gritaron en contra de la JCF.
“Estamos bien claros que la diáspora aquí está presente, estamos presentes en muchas luchas. La diáspora siempre ha jugado un papel bien importante, bien clave porque estamos en el belly of the beast (vientre de la bestia). Que hayan tenido esta reunión, en ese edificio donde está el Native American Museum, en el basement de donde está el bankruptcy court de los Estados Unidos, y también en un edificio que se llama Hamilton que es uno de los colonialistas originales de este país, o sea, es una bofetada inmensa al pueblo de Puerto Rico”, dijo Galarza.
Tras la reunión pública que no duró media hora y tuvo más bien el formato de una conferencia con libreto, y en la cual las decisiones tomadas por unanimidad no admitieron ninguna discusión, Carrión hizo unas expresiones a la prensa, bajo la mirada ansiosa de Ana Matosantos, la única mujer integrante de la JCF.
“Estamos trabajando lo más rápido posible y estableciendo los procedimientos para ser lo más transparente posible”, fue una de las primeras expresiones de Carrión como presidente.
En la ley PROMESA no queda claro qué documentos van a ser públicos y cuáles no y a la prensa nos preocupa el tema de la transparencia, ¿cómo van a trabajarlo?, preguntó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“La realidad es que es parte de los bylaws (reglamentos), cuando los puedas verificar, el tema de la transparencia está presente”.
Pero el reglamento de la JCF, que se aprobó allí de inmediato, por unanimidad y sin margen a que se discutiera ninguna de sus cláusulas, lo único que indica sobre aspectos de transparencia es que con excepción de las sesiones ejecutivas, “todas las reuniones de la junta en las que se toma acción oficial de cualquier tipo, serán abiertas al público. Las reuniones públicas pueden ser en una oficina de la junta o en cualquier otro lugar que se determine por la junta, siempre que sean en un lugar accesible al público. En la medida de lo posible, las reuniones públicas se transmitirán por Internet en la página web de la junta”.
Menciona que “la divulgación pública de los materiales pertinentes de la junta se hará en el momento oportuno. La junta mantendrá una página web donde se publicarán todas las notificaciones públicas”.
El reglamento, que en términos generales reitera aspectos que ya están contenidos en la ley PROMESA, es poco preciso y genérico, lo que tiene el resultado de dar amplio margen a la JCF a tomar decisiones sin cortapisas.
Pero la ley es ambigua en ese sentido, hay documentos que no se especifica si van a ser públicos o no, insistió el CPI a Carrión.
“La ambigüedad quizá la estás interpretando de forma negativa. Vamos a hacer todo lo posible por poner todo lo máximo que podamos para la luz pública, e inclusive vamos a traducir los trabajos de la junta y vamos a tener facilidad para cuando llegue el momento de testificar; que también personas que solamente se expresan en el idioma español, también puedan hacerlo. O sea, estamos conscientes de ese tema y vamos a hacer todo lo posible por la transparencia”, dijo Carrión.
¿Y la reunión de Puerto Rico, va a ser abierta al público?
“Todas las reuniones que no sean ejecutivas deberían ser públicas”, apuntó.
La reunión en Puerto Rico será a finales de noviembre, pero Carrión no reveló el lugar.
Alguien preguntó por qué la primera reunión se llevó a cabo en Nueva York.
“La reunión se llevó a cabo en Nueva York por razones de logística, no tenemos estructura todavía. La ley provee que las oficinas principales de la junta van a ser en San Juan de Puerto Rico y nosotros todavía no tenemos el lugar, necesitamos montar la infraestructura. La logística en Nueva York es mucho más sencilla. Aquí hay dos miembros más el ex oficio que viven cerca de la ciudad, además para propósitos de vuelo es mucho más sencillo llegar a Nueva York que a San Juan para personas que viven en Oregon y en California”, contestó Carrión.
La transmisión por Internet de la reunión fue vista por unas 8,238 personas.
Sobre el tema de la oficina, dice el reglamento que la junta podrá establecer cualquier otra oficina u oficinas adicionales según lo considere necesario con el fin de llevar a cabo sus deberes y funciones. También indica que la oficina principal de la junta será en el lugar que esta designe. Es decir, no precisa que tenga que ser en Puerto Rico. Además, indica el reglamento que la junta podrá celebrar sus sesiones en la oficina de la Junta o en cualquier otro lugar, según lo estime. Y señala que pueden reunirse, e incluso votar, por medio de conferencia telefónica, videoconferencia, o de otros equipos de comunicaciones que permitan que todas las personas que asistan a la reunión puedan escucharse entre sí.
Carrión dijo que otra oficina pudiese estar en Nueva York o en Washington D.C.
Al concluir la reunión, la manifestación se trasladó a la calle Bowling Green donde ubica el Toro de Wall Street, la escultura que simboliza la agresividad financiera de los Estados Unidos. Allí los manifestantes cantaron consignas en contra de la junta bajo lloviznas y una temperatura de 60 grados.
“Lo más que me prendió, lo más que me enfogonó con la gente de la junta, es que se ríen (de la protesta), como se están riendo de toda la gente de Puerto Rico. Se estaban riendo como quien dice ‘esto es lo que esperamos’. Lo que no esperan es que el pueblo de Puerto Rico siga levantándose, miles y miles y millones más oponiéndose a esta junta injusta que va a hacer a más gente sufrir a la misma vez que los bonistas, los inversionistas y los fondos buitre aquí y en Wall Street siguen aprovechándose de la gente”, comentó Galarza.
“Yo sé que algunos de los compañeros y compañeras que estaban aquí quisieron hacer lo mismo (entrar a la reunión) pero en realidad no sabíamos lo que iba a ocurrir, si íbamos a interrumpir la reunión, es un building federal, sabemos también que muchas veces pueden escoltarte afuera o pueden también ponerte las esposas y hacerte algunos cargos por resistir el arresto. Pero yo estaba acompañado por una licenciada que salió al lado de mí y que me acompañó hasta afuera y estaba vigilante de todo lo que ocurrió, desde el momento en que me cogieron por el hombro hasta que me trajeron afuera”, dijo Galarza.
“Aquí no tuvimos mucho tiempo para organizar la manifestación, pero aun con eso, para ser un viernes por la mañana, un día que sabes que la gente trabaja, es impresionante el grupo que vino a decir presente. Y vamos a seguir porque alguna de esa gente que está en la junta viven aquí en Nueva York y vamos a seguir haciendo todo lo posible para hacer la vida de ellos imposible”, afirmó Galarza, quien pertenece al grupo A Call to Action on Puerto Rico, el cual ha organizado actividades de protesta en Nueva York desde el año 2015 cuando se publicó el informe Krueger; un análisis financiero sobre Puerto Rico realizado por la economista Anne Krueger donde se recomiendan medidas de austeridad para el gobierno.
Reestructuración de la deuda, ¿en manos de quién caerá?
¿Qué efecto tendría la decisión del juez federal Francisco Besosa en la demanda que se está viendo actualmente, y que busca cancelar la suspensión de litigios que establece la ley PROMESA, sobre el proceso de reestructuración que ustedes quieren llevar a cabo?, preguntó el Centro de Periodismo Investigativo a Carrión.
“Es una magnífica pregunta. Eso es una de las razones por la cual en la…, como parte de los…, de la agenda de la reunión hoy, se habló de la posibilidad de contratar este counsel, abogados para atender ese tema, lo estamos considerando, estamos considerando atender ese tema”, contestó Carrión.
Entre las próximas semanas, el juez federal Francisco Besosa emitirá su decisión sobre si aplica o no la sección de la ley PROMESA que protege al gobierno contra demandas por cobro de deudas. Esa sección de PROMESA está siendo retada por un grupo de fondos de cobertura, bonistas en su carácter individual y otras instituciones financieras que buscan que el tribunal federal declare inconstitucional la Ley de Moratoria, la cual presuntamente ha permitido al gobierno operar con el dinero que reclaman los bonistas.
Uno de los ingredientes que cayó en la olla en la que se cocinó la junta de control fiscal fue una demanda presentada en 2014 por los fondos mutuos Franklin y Oppenheimer, dos de los principales bonistas del gobierno, y el fondo de cobertura Bluemountain Management, quienes exigieron al tribunal federal que declarase inconstitucional de Ley de Quiebra Criolla. Besosa invalidó la quiebra local y comenzaron los esfuerzos para que se le diera acceso al gobierno de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal. El Congreso se convirtió entonces en el campo de batalla de cabilderos de firmas de inversión y grupos políticos de presión a favor o en contra de una reestructuración de la deuda de Puerto Rico a través del mecanismo de quiebra. La Ley de Quiebra federal no se extendió a Puerto Rico pero parte de sus reglamentos, con ciertas variantes, se incluyeron en la ley PROMESA que estableció la JCF.
