Se extiende determinación del caso contra Walker y Severino

La jueza Geisa Marrero Martínez extendió hasta el próximo martes la determinación de causa para arresto contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Uroyoán Walker Ramos y al exrector del Recinto de Río Piedras Carlos Severino Valdez para examinar documentos que presentó la defensa y que podrían ser exculpatorios.

Los funcionarios fueron citados hoy al Tribunal de Primera Instancia de San Juan por supuestas irregularidades con la otorgación de becas presidenciales durante el año académico 2015-2016.

Las fiscales Iris Meléndez Vega y Zulma Fuster Troche presentaron cargos contra los profesores por violación a la Ley de Ética Gubernamental por, presuntamente, conceder beneficios a terceros; interferencia indebida de operaciones gubernamentales; y omisión en el cumplimiento del deber. Asimismo, contra Walker Ramos pesa un cargo adicional de malversación de fondos públicos.

A la salida de la vista de regla 6, las fiscales se mostraron confiadas de que la jueza fallará a su favor. “Nosotras tenemos pruebas suficientes”, indicó Meléndez Vega. El ministerio público cuenta con 16 testigos para esta radicación de cargos entre los que se encuentra el analista político y profesor Carlos Díaz Olivo.

Sin embargo, la licenciada Mercedes Bauermeister, quien estuvo a cargo de la investigación solicitada por Celeste Freytes –que fungió como presidenta interina del sistema universitario a la salida de Walker Ramos–, no está entre los testigos.

De acuerdo con Harry Anduze, abogado de Severino Valdez, la defensa presentó el informe realizado por Bauermeister que, aseguran, exculpa a los funcionarios de la primera investigación ordenada por la Junta de Gobierno de la UPR.

“La segunda investigación concluye que [el primer informe] está lleno de errores y de percepciones equivocadas. Yo me imagino que las fiscales no lo presentaron porque entendían que no les convenía”, comunicó Anduze.

El licenciado criticó que varios de los testigos serán presentados bajo juramento. Señaló, además, que la insistencia por encontrar culpabilidad en los académicos podría interpretarse como “envidia profesional” y “cuestión política”.

Tanto Anduze como José Velázquez Grado, abogado de Walker Ramos, le expusieron a la jueza que la fiscalía tampoco ha sido clara en detallar los reglamentos y las leyes que se incumplieron.

A pesar de que la defensa alegó en sala que el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) no tenía jurisdicción en el caso por excederse en la autoridad que poseen, la jueza determinó no ha lugar al señalamiento.

Por su parte, Meléndez Vega aseguró que la investigación ha sido llevada bajo los parámetros del reglamento del PFEI y que el tiempo excedido de la prórroga otorgada para radicar cargos, que vencía el 1 de diciembre, fue por culpa del huracán. “Se sometieron las prórrogas que se entendieron necesarias. Luego vino el huracán María y de alguna forma afectó el trabajo”, detalló la fiscal.

El abogado de Walker Ramos se mantuvo firme en que su cliente era inocente, que las becas fueron otorgadas a estudiantes con mérito y acusó al proceso de ser viciado con “interés de desestabilizar a la universidad”. De salir airosos, no descartaron someter cargos por difamación contra Díaz Olivo.

“Este es el principio de la etapa que nos va a exonerar de este proceso de persecución que hubo en nuestra contra. Las fiscales decidieron motu propio [voluntariamente] no presentar evidencia que exculpa tanto al rector Severino como a este servidor en este proceso”, expresó Walker Ramos tras salir de sala.

Severino Valdez no ofreció declaraciones a la prensa. Sin embargo, un grupo de profesores, líderes comunitarios y abogados se reunieron en las afueras del tribunal para mostrar su apoyo al exrector del recinto riopedrense.

Profesores de la UPRRP apoyaron a Carlos Severino durante la vista en el Tribunal de San Juan. (Glorimar Velázquez / Diálogo)

Los miembros del Colectivo por la Justicia de Carlos Severino aseguraron que el profesor fue víctima y objeto de “persecución indescriptible, inanticipable y sin precedentes”.

“El informe que se presentó para llegar a la destitución tenía muchos errores administrativos, muchas falsedades, los cuales fueron refutados en el propio informe que hizo Carlos Severino. Entonces, fue destituido sin cumplir los debidos procesos de ley y administrativo”, expresó el portavoz del colectivo, José Varela.

El licenciado también señaló que la administración de la UPR fue negligente en destituir al otrora rector del Recinto de Río Piedras basándose en un informe, presuntamente, viciado.

Aunque el Departamento de Justicia también había referido al PFEI al expresidente de la Junta de Gobierno de la institución universitaria Jorge Sánchez, no fue citado para la vista de hoy. “La decisión de nosotras [con Sánchez] fue otra”, explicó la fiscalía sin ofrecer más detalles de los procedimientos que tomarán contra Sánchez.

En febrero del año pasado salió a relucir que la UPR había concedido de manera dudosa tres becas de estudios graduados al otrora asistente del expresidente de la UPR Antonio García Padilla, Carlos Pagán Cuebas; al exasesor en Asuntos Públicos del exgobernador Alejandro García Padilla, Arturo Ríos Escribano; y a la sobrina del Jorge Sánchez, Mónica Sánchez Sepúlveda.

Los becarios fueron recomendados antes de que abriera la convocatoria. Además, contrario a lo que dictaba el reglamento para la otorgación, las ayudas económicas se concedieron en áreas no prioritarias y en universidades de no “connotado prestigio”, a excepción de Pagán Cuebas, quien estudia en la Universidad de Harvard.

El escándalo provocó la destitución de Walker Ramos y Severino Valdez, así como la renuncia de Jorge Sánchez.

A Sánchez Sepúlveda se le concedió un plan de pago para regresar los $23,200 de beca que recibió y Ríos Escribano devolvió sus $25,000. Sin embargo, Pagán Cuebas no devolverá los fondos.