Cabizbajos, agitando sus colas, con ojos llorosos y gemidos de hambre y dolor, rondan día y noche las calles del País rebuscando entre la basura para poder saciar su hambre. A diario, muchos animales de Puerto Rico pasan por este sufrimiento. Sin embargo, para el Gobierno no parece ser un problema prioritario. Peor aún, son pocos los municipios que apoyan a las organizaciones dedicadas al rescate de estos animales. Así lo indicó Gladys Quiñones, co-fundadora de la organización sin fines de lucro Aguadeños en Defensa de los Animales de Puerto Rico (ADAPR). “Hemos intentado comunicarnos con cartas, llamadas telefónicas, e incluso visitas personales, pero todo ha sido en vano. Al alcalde de Aguada (Carlos Méndez) no le interesa ayudarnos, a pesar de que somos la única organización que se encarga de controlar el problema de animales realengos”, dijo. Quiñones mencionó que le han pedido al municipio que les ceda un terreno para crear su albergue y, con sus servicios, relevarles de esa responsabilidad. Pero éstos se niegan a atenderlos. Así, no sólo los han excluido de recibir parte del presupuesto asignado para este año fiscal, sino que tampoco se encargan de recoger los animales realengos. Esta situación contradice lo que establece el artículo 26 de la Ley 81 del 14 de mayo de 1912, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Salud, la cual especifica que el recogido de animales muertos o realengos es responsabilidad de cada municipio y que, de no cumplir con dicho deber, se faculta al Secretario de Hacienda a retener la suma invertida con dichos fines. “Están incumpliendo con la ley y para colmo el Alcalde sigue diciendo que el problema no es de perros sino de caballos. Por eso, le brinda fondos a una organización ecuestre, porque a él lo que le gustan son los caballos”, resaltó la también rescatista de perros abandonados. La situación es similar para la organización Ciudadanos Pro-Albergue de Animales de Aguadilla (CPAA), quienes llevan 20 años tratando de crear un albergue. Aunque el municipio les donó un terreno con ese propósito, éste se encontraba al lado del vertedero municipal. La presidenta actual de la CPAA, Yeidy Velázquez reveló que hicieron todos los procesos para sacar los permisos y construir su albergue en ese terreno, pero Salud Ambiental les denegó la petición, ya que el área estaba muy contaminada. Asimismo, comentó que el municipio no los toma en consideración para nada, e incluso, crearon una ordenanza donde cada vez que la persona llame para recoger un animal realengo tiene que pagar $30. “No es que no cobren esa cantidad, es que por lo menos se hubieran reunido con nosotros para preguntarnos nuestras recomendaciones. Después de todo, somos nosotros quienes trabajamos con la situación diariamente”, expresó Velázquez. Por otro lado, entre los ciudadanos del municipio de Barceloneta prevalece el coraje y el resentimiento. Tras el escándalo sufrido el pasado 9 de octubre del 2007 por el lanzamiento de cientos de perros y gatos por el puente Paso del Indio, en Vega Baja, la imagen de dicho pueblo, y por consiguiente, de la Isla, se vio afectada. Los residentes de La Boca, en Barceloneta, denunciaron que allí siempre ha existido el problema de perros y gatos realengos, pero que desde que salió a luz pública la matanza, ha empeorado, pues no es un secreto para los vecinos barcelonetenses que personas de otros sectores del mismo municipio y de otros pueblos van constantemente a abandonar y soltar animales en el llano de su barrio, con la intención de provocar al alcalde, Sol Luis Fontanes. Los residentes alegaron que el alcalde sólo se está enfocando en la industrialización del pueblo, dejando a un lado el recogido de animales realengos en algunos sectores. Por esto, el reclamo de sus residentes persiste ante una promesa incumplida desde hace dos años y medio.
De este modo, se manifestó Luz Denisse Maldonado, residente del sector La Boca, quien dijo que “el municipio prometió un albergue. Debería hacer algo concreto y no una simple promesa para tapar el daño ocurrido”. Mientras tanto, hay quienes han tenido que recurrir a otros métodos para no sentirse ignorados, como la publicación de una carta en la sección En Voz Baja del periódico Primera Hora, el pasado 9 de febrero. Este fue el caso de los vecinos de la Comunidad Santiago Vega, en Camuy, quienes alegaban que decenas de perros eran abandonados en un paraje del sector, pero la administración no le hacía caso a la necesidad de recogerlos y darles albergue. Por su parte, la portavoz de la Sociedad Protectora de Animales en el área norte, Alma Febus, lamentó que exista un solo albergue en todo el distrito, que está localizado en el barrio Dominguito de Arecibo. Este albergue enfrentó críticas durante su apertura, en octubre del año pasado, por no tener la preparación adecuada en personal ni suministros para manejar los animales recogidos, y apenas está comenzando a funcionar adecuadamente. No obstante, el senador por el distrito de Arecibo, Ángel Martínez, indicó que propondría una asignación de fondos de la Legislatura y de los municipios para controlar la cantidad de perros realengos que deambulan por toda la región. Sin embargo, esta propuesta podría repetir la historia que ocurrió hace casi nueve años con la aprobación de la Ley 242 del 30 de agosto del 2000. Esta ley estableció la creación de una Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) y una asignación de fondos de $1.5 millones. Pero, no fue hasta el 2005, con una enmienda a la sección 9 de dicho estatuto, que se creó esta oficina, adscrita al Departamento de Salud. Los fondos fueron retenidos sin ser asignados hasta el 10 de octubre del 2008 cuando se creó el Reglamento del Secretario de Salud 131, donde se establecieron los criterios que debían considerar los municipios y las organizaciones bonafide solicitantes. La directora de la OECA, Wilma Rivera especificó, “no sé exactamente las propuestas que entregaron los municipios y organizaciones sin fines de lucro que participaron. No formé parte del comité evaluador para evitar conflictos de intereses”. Rivera indicó que el comité fue, junto al Veterinario de Estado, quienes anunciaron las propuestas seleccionadas en un comunicado de prensa publicado el pasado 29 de diciembre. El veterinario de estado, Dr. Carlos Carazo, lo confirmó. “Nuestro trabajo fue adjudicar esos fondos antes del 31 de diciembre del 2008, y eso fue lo que hicimos, porque si no los iban a cancelar”, explicó. Pero, el dinero asignado aún no ha sido recibido. Hay quienes ponen en duda la existencia del mismo, especialmente por el tiempo que lleva retenida esta cantidad. “Es sólo un ‘show’ para que la gente vea que se están dando fondos, pero nunca se adjudica ese dinero”, alegó Quiñones, de ADAPR. Sin embargo, hay otros como Velázquez que se aferran a la esperanza de recibir este dinero, especialmente, porque sus propuestas fueron aceptadas por el comité evaluador. “Yo creo que existe, a pesar de lo que otros dicen. Tengo que creer que existe porque nosotros seremos beneficiados con una parte. Esto es un proceso que tarda, por lo que es un misterio dónde se encuentra el dinero en estos momentos”, expresó la Presidenta de la CPAA. Por otra parte, Rivera aseguró que la OECA “ha manejado el proceso decentemente y todo ha sido transparente”. El dinero sí existe, y su ubicación actual es en el Departamento de Hacienda. Por lo que esperan que los fondos sean liberados y distribuidos antes de terminar este año fiscal. Pero la preocupación que prevalece, tanto en esta agencia del Departamento de Salud como en las organizaciones dedicadas al rescate de los animales, es que estos fondos son de una asignación legislativa no recurrente, lo que significa que sólo se ofrecen una vez. Actualmente, el gobierno no ha destinado otra asignación económica para el recogido de animales. Y el único ingreso económico que se ha adjudicado para esta causa son las multas recibidas de los casos debidamente procesados por violación a la Ley 154 del 4 de agosto del 2008, Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales.
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