Se hunde el manejo de playas en Puerto Rico

 

Al tiempo que gastaba hasta $22 millones al año en mercadeo y promoción turística durante las pasadas dos décadas, el Gobierno de Puerto Rico violaba la ley y abandonaba el principal recurso natural y económico del país: sus playas.

La Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico fue creada por la Ley 293 en 1999 para atender las problemáticas de seguridad, ornato, conservación y uso adecuado de las playas. Además, tiene el mandato de promover el desarrollo ordenado de instalaciones, asegurándose que sea cónsono con las políticas sobre turismo interno y externo; tiene que proteger las playas y evitar su contaminación y erosión, y velar que las agencias cumplan con las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables.

Ninguno de esos mandatos se ha cumplido, y las violaciones no han implicado consecuencias para los siete secretarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de los dos principales partidos políticos, que, como directores ejecutivos de la Junta, fueron responsables de implantar la ley, según reveló una investigación de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo. Estos exfuncionarios son: Daniel Pagán, Carlos Padín, Luis E. Rodríguez, Javier Vélez Arocho, Daniel Galán Kercadó, Carmen Guerrero y Nelson Santiago.

En los últimos ocho años reportados, de 2009 a 2016, la Junta apenas invirtió $70,723.57 en el manejo de las 1,225 playas que hay en la Isla, según certificado por la División de Finanzas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En ese mismo período, la Oficina de Promoción y Mercado de la Compañía de Turismo de Puerto Rico emitió $275.7 millones para la adquisición de bienes y servicios relacionados a publicidad. En otras palabras, el presupuesto de la Junta en esos ocho años fue equivalente al 0.025% de lo que Turismo gastó en promoción y mercadeo.

A la falta de presupuesto se suma la falta de voluntad e interés, ya que los secretarios y jefes de las 10 dependencias públicas que integran la Junta suelen ausentarse a las reuniones del organismo, según consta en las minutas. En su lugar, envían representantes con poco o ningún poder decisional.

Las consecuencias concretas de esta dejadez son playas sucias, sin salvavidas, erosionadas, con monitoreo limitado de calidad de agua, problemas de basura y ruidos excesivos, entre otros que afectan tanto el hábitat de la vida marina como la experiencia –y hasta la salud– de turistas locales y extranjeros. El año pasado, el Sistema de Emergencias 9-1-1 atendió 457 llamadas por situaciones marítimas, que incluyeron accidentes, ahogamientos, personas arrastradas por corrientes, embarcaciones a la deriva y marejada alta. Este año, las llamadas por las mismas situaciones sumaban 105 hasta marzo. La unidad Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía no divulgó con qué equipo cuenta para atender estas emergencias, por tratarse de información “confidencial”, dijo su jefe, el coronel Luis Colón. Por otro lado, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA cuenta con 95 embarcaciones equipadas con botiquines de primeros auxilios, y los oficiales están adiestrados en manejo de emergencias, dijo el comisionado Luis Medina Muñoz, La inacción de la Junta redunda, a su vez, en un decaimiento de uno de los sectores con mayor potencial de la atribulada economía de Puerto Rico. El estudio “Describing the Ocean Economies of the U.S. Virgin Islands and Puerto Rico”, comisionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y publicado el año pasado, halló que las playas son la opción favorita de recreación y esparcimiento para los puertorriqueños, y el motivo principal de los extranjeros para visitar la Isla. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) reportó que en 2014, las industrias de viajes y turismo aportaron, de manera directa, $2,430 millones a la economía boricua o un 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al considerar los efectos indirectos e inducidos de los viajes y el turismo, su contribución al PIB en 2014 ascendió a 7.3%, situándose en cuarto lugar detrás de las industrias de manufactura, bienes raíces y renta, y el Gobierno, según datos revisados del Banco Gubernamental de Fomento.

Sombrío panorama

Las playas siguen presentado muchos de los problemas que existían hace 18 años, y que motivaron –en parte– la creación de la Junta.

Uno de ellos es la seguridad acuática. En promedio, 30 personas mueren ahogadas en la Isla todos los años, según datos del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez. El esfuerzo por tener salvavidas en cuantas playas sea posible no ha rendido frutos, porque nadie quiere asumir responsabilidad por las muertes, admitieron los exsecretarios Padín, Vélez Arocho y Guerrero.

“Hay playas que no deberían ser accesibles por lo peligrosas que son”, dijo Padín.

En cuanto a calidad del agua, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) implantó en 2003 el Programa de Monitoría de Playas y Notificación Pública, pero este solo mide la contaminación bacteriológica en 38 de las 1,225 playas, o un 3%. En 2006, la Junta adoptó un protocolo que consiste en la instalación de banderas para informarles a los bañistas sobre la calidad del agua en las playas. Si la playa cumple con los estándares de calidad, se coloca una bandera verde. Si los parámetros se exceden, se coloca una bandera amarilla. “Pero, al día de hoy, eso es muy poco comparado con lo que se necesita”, planteó Vélez Arocho, tras reconocer que bajo su secretariado la Junta “no encontró un punto medio” sobre este tema.

Otro problema es la erosión costera, que se agrava con el aumento en el nivel del mar a consecuencia del calentamiento global. En Puerto Rico hay playas que están perdiendo hasta cinco metros de ancho al año, según datos del Laboratorio de Geomorfología de Costas de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Barrios costeros como Parcelas Suárez, en Loíza, o Palmas del Mar, en Humacao, y algunas playas de Rincón y Aguada, figuran entre las zonas más afectadas.

Maritza Barreto, directora del Laboratorio y representante del sector académico en la Junta, señaló que las acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático en el País son limitadas, y denunció que el organismo no es consultado sobre distintas “intervenciones” que ocurren en las playas. Mencionó que en octubre pasado, los municipios de San Juan y Luquillo alquilaron camiones de arena y la depositaron en varias playas, en un intento de mitigar la erosión.

“Si bien pudo tratarse de un acto de buena fe, nadie pudo responderme quién autorizó esas intervenciones y si tenían permisos. Nadie en la Junta de Playas sabía sobre esto. Me choca que en las reuniones nunca he visto a un director o jefe de agencia; siempre envían representantes. No quiero decir con esto que esos representantes no hacen excelente trabajo, pero me pregunto hasta qué punto los jefes de agencia se enteran de lo que pasa en las reuniones. Veo a la Junta de Playas muy desconectada”, señaló Barreto.

El cambio climático también se refleja en los arrecifes de coral. Más del 80% de los arrecifes, a menos de 100 pies de profundidad, muestran señales de mortandad asociada a un evento de blanqueamiento reportado en 2005. Se trató del aumento –drástico y continuo– en la temperatura del mar, afirmó Edwin Hernández, investigador afiliado al Departamento de Biología de la UPR en Río Piedras y al Centro para la Ecología Tropical Aplicada y Conservación.

“Desconozco qué rol ha tenido la Junta de Playas atendiendo la situación de los corales. Sé que el DRNA inició unos proyectos piloto de adaptación al cambio climático, pero ahora esto está un poco desorganizado”, dijo Hernández.

Los arrecifes de coral también se están viendo afectados por el anclaje indiscriminado de embarcaciones, acumulación de basura y presencia de residuos de prácticas bélicas, alertó el Programa Sea Grant.

“Viviendo la mentira”

Hasta 2015, la ley habilitadora de la Junta ni siquiera fijaba una aportación mínima por agencia para que el organismo pudiera operar. La financiación de la Junta dependía, como muchas otras cosas en Puerto Rico, del nivel de iniciativa y buena voluntad de los jefes de agencia de turno.

Con las últimas enmiendas en 2015 se estableció una aportación de $3,000 al año por dependencia, pero también se incluyó una cláusula que les permite zafarse del compromiso. De hecho, por los pasados cuatro años ninguna agencia ha aportado ni un centavo, pero tampoco ha justificado su incumplimiento.

Aparte del DRNA, Turismo y la JCA, la Junta está integrada por la Junta de Planificación, el Departamento de Recreación y Deportes, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Salud, la Policía, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Cuenta, además, con dos representantes del sector académico y otros dos del sector privado, para un total de 14 miembros; todos nombrados por el gobernador.

En 18 años, siete de estas agencias aportaron, en conjunto, apenas $105,000 a la cuenta especial de la Junta. En contraste, Turismo invertía anualmente entre $19 millones y $22 millones en promoción y mercadeo, confirmó su director ejecutivo, José R. Izquierdo.

Con un radio de acción tan amplio y un presupuesto casi inexistente, la mayoría de las gestiones de la Junta han sido meras recomendaciones de cómo manejar las playas; sugerencias que, cuatrienio tras cuatrienio, han caído en oídos sordos o no han salido del salón de reuniones del DRNA.

La acción más concreta que se le puede atribuir a la Junta es la instalación de cuatro contenedores de basura –tipo “BigBelly”– en el área de Ocean Park, en San Juan. Esto ocurrió en 2012 a un costo de $44,484, según la certificación de la División de Finanzas del DRNA.

La Junta, además, ha subvencionado dos campañas publicitarias. La primera, a un costo de $10,000 y que tuvo lugar en 2003, abordó el tema de seguridad acuática y fue liderada por la Compañía de Parques Nacionales. La segunda, a un costo de $25,000 y que tuvo lugar en 2011, buscaba “crear conciencia” sobre el manejo de desperdicios en las playas y estuvo a cargo de la Compañía de Turismo. La Junta no proveyó documentos sobre los resultados de ambas campañas.

“¿Qué es lo más que ha hecho la Junta de Playas? ¡Instalar unos zafacones! Es un organismo que existe hace 18 años y ni una página de internet tiene. Estamos viviendo la mentira de que tenemos a alguien a cargo del manejo de las playas, pero en realidad no tenemos a nadie”, aseveró Ruperto Chaparro, director de Sea Grant y representante del sector académico en el organismo.

“Es una entidad necesaria, pero nunca ha tenido recursos. Se habla de asignaciones de las agencias, pero los fondos nunca han estado ahí para ir más allá de recomendaciones”, dijo, por su parte, Roberto Varela, exdirector de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico y representante del sector privado en la Junta. Varela falleció en el transcurso de esta investigación.

“Logros” de otros

Por otro lado, la Junta ha incumplido su obligación legal de rendir a la Asamblea Legislativa informes anuales sobre sus ejecutorias. Los informes tienen que someterse en o antes de cada 28 de febrero.

En 18 años, la Junta ha rendido nueve informes. En la Biblioteca Legislativa no constan los correspondientes al 1999 y 2000, ni de 2003 a 2008.

Mientras, los informes que han sido radicados solo tienen la información disponible en el DRNA y su División de Zona Costanera, reconoció su director, Ernesto Díaz.

Esos nueve informes, además, lo que hacen es apropiarse de “logros” o acciones que en realidad fueron ejecutadas y costeadas por programas regulares de otros organismos gubernamentales.

Por ejemplo, el informe que cubre 2001 y 2002 destaca la participación de la Isla en el programa de reconocimiento internacional de playas Bandera Azul, una iniciativa de Turismo; la elaboración del reglamento del programa Adopte una Playa, del DRNA; y el programa de certificación de salvavidas, de Parques Nacionales.

Los informes de 2009 a 2011 engloban actividades de limpieza lideradas por el DRNA, firmas de acuerdos bajo Adopte una Playa, la inclusión de más playas, balnearios y marinas a Bandera Azul, y gestiones de monitoreo de la JCA.

Los informes de 2013 a 2016 siguen el mismo patrón, enumerando “logros” como limpiezas de playas, instalaciones de más zafacones (“Estaciones Verdes”), torneos de pesca, adopciones de playas, estudios comisionados por el Programa de Manejo de la Zona Costanera del DRNA, y campañas publicitarias.

Representatividad

Barreto y Chaparro coincidieron en que la inacción de la Junta en favor de las playas se debe a que a la escasa asistencia de jefes de agencia en las reuniones del organismo. Hasta 2015, estos funcionarios no podían delegar su participación en las reuniones, pero tampoco acudían.

De la revisión de las minutas y hojas de asistencia de 11 reuniones ordinarias de la Junta, realizadas entre febrero de 2014 y mayo de 2016, se desprende, por ejemplo, que ningún jefe de agencia asistió a los tres cónclaves del año pasado. La exsecretaria Guerrero sí acudió a otras seis reuniones, y el expresidente de la JCA, Weldin Ortiz, fue a una. Los demás funcionarios enviaron a un representante.

“La continuidad y representatividad de las personas que van a las reuniones se interrumpe con las elecciones. Las disposiciones originales de la ley eran mejores, pero se dieron cuenta que era imposible cumplirlas, porque los jefes de agencia siempre tienen otras cosas. Entonces, empezaron a enviar representantes, pero no toman decisiones y, por lo tanto, se perdió la ventaja que se creía que iba a haber. Todo lo que se discute en las reuniones, se queda en el aire. Vas a la próxima reunión y se siguen hablando los mismos temas, porque al salir nadie está a cargo de nada. Todo el mundo habla y se va”, planteó Chaparro.

Pagán, exsecretario del DRNA y bajo cuyo mandato se creó la Junta, difirió y sostuvo que el organismo “ha logrado mejorar” la infraestructura en las playas desde el punto de vista de seguridad, cumplimiento ambiental y desperdicios sólidos, pero no precisó cómo.

Guerrero, entretanto, propuso “repensar cómo se financian los trabajos” de la Junta, para lo que es necesario cambiar su ley. Dijo que bajo su secretariado se aprobaron enmiendas para adscribir el organismo al DRNA y atender los asuntos administrativos, “pero aún faltan fondos para ejecución”.

“La Junta lo que necesita es presupuesto, de forma tal que pueda impulsar proyectos pilotos y formular política pública. Las asignaciones de fondos tienen que ser obligatorias, basadas en presentaciones que la Junta debe hacer sobre los proyectos que puede atender. En Puerto Rico, la gente ni sabe que existe la Junta de Playas, porque su rol ha sido limitado. Eso tiene que cambiar, porque estamos hablando de nuestro principal recurso”, puntualizó.

Mientras tanto, ya hay una octava funcionaria dirigiendo la Junta, la nueva secretaria del DRNA, Tania Vázquez, quien tampoco tiene un plan concreto para solucionar el serio problema de manejo de las playas, según reconoció en entrevista.

“La ley abarca mucho y no cubre las lagunas de cómo lo vamos a hacer. Tenemos que convertir a la Junta en un instrumento de ayuda, y llevar el mensaje de que el manejo de las playas no es responsabilidad única del DRNA”, dijo Vázquez, tras señalar que la ley no le otorga personalidad jurídica al organismo, lo que le impide “hacer cosas por su cuenta” y supone una contradicción. En otras palabras, la ley no faculta a la Junta a ser un ente autónomo, ni establece penalidades por su incumplimiento.

Hasta 2015, la ley disponía que las reuniones de la Junta debían ser mensuales, pero eso nunca ocurrió. Ahora, las reuniones deben ser trimestrales o por lo menos tres veces al año.

Según las minutas, aparte de los tres cónclaves que hubo en 2016, la Junta se reunió cuatro veces en 2014 y otras cuatro en 2015. Según los informes anuales, en 2001 hubo seis reuniones; en 2002, cinco; en 2009, dos; en 2010 y 2011, “varias”; y en 2012 y 2013, no se precisó. El pasado 30 de marzo, Vázquez presidió la primera reunión de este cuatrienio.

“Si la Junta es el ente encargado de fijar la política pública sobre el manejo de las playas, ha sido un fracaso total. Eso no se ha logrado. En términos de ejecución, no se ha hecho nada”, acotó, por último, Alberto Martí, oficial de Scuba Dogs Society y representante del sector privado en el organismo.

 

La serie investigativa “ISLA ¿SIN PLAYAS?” es resultado de una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día, mediante la beca de periodismo ambiental otorgada por Para la Naturaleza. Vea la serie completa con sus gráficos e interactivos en periodismoinvestigativo.com y endi.com.

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