El presente escrito tiene como propósito ofrecer al Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, así como al Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), un plan alterno de acción a los paros y huelgas estudiantiles y su consecuente paralización de las labores docentes, de modo que superemos nuestras agrias diferencias en torno al método de acción más propicio para la consecución de nuestros reclamos. De esa suerte, ofrezco este plan con la esperanza de que podamos construir sobre los cimientos comunes que nos mueven a todos y todas a luchar por nuestra Universidad y por la educación pública de Puerto Rico.
Como parte de la justificación de las alternativas que aquí propongo, es menester que ofrezca mis críticas fundamentadas al método de paros y huelgas que mi plan de acción está llamado a sustituir. No obstante, hago la salvedad de que eso es una necesidad analítica y no un intento de volver a caldear los ánimos en cuanto a ese asunto, que ya fue adjudicado en la pasada asamblea ordinaria del Consejo General de Estudiantes, celebrada el 5 de abril de 2016. Como todo buen plan, o al menos uno que genuinamente pretenda serlo, el que ofrezco en este escrito está construido sobre unas premisas o principios básicos, explícitos, honestos y fundamentados, que expongo a continuación para que puedan ser considerados y juzgados por el lector.
Premisas del plan
La primera premisa sobre la que se erige el plan que propongo es la necesidad de que adoptemos una actitud pragmática dirigida en todo momento por un pensamiento estratégico. La cruda realidad en la que vivimos, así como la magnitud y gravedad de los problemas que estamos enfrentando, requieren para ser superados que nos deshagamos por completo de las máximas estéticas e insustanciales y que evitemos caer en la falacia de petitio principii [petición de principio] cuando razonemos en búsqueda de métodos efectivos. No nos hacemos ningún bien, por ejemplo, si acogemos medios de acción como la huelga indefinida amparados en argumentos tales como “cerrar para abrir” o “no hacer huelga es sinónimo de inmovilismo”, los cuales suponen ya la verdad o necesidad de la huelga como único método de acción, que es precisamente lo que sus proponentes pretenden probar.
Hay que identificar objetivos, hacer acopio de todos los datos y experiencias que resulten pertinentes y diseñar estrategias que se justifiquen únicamente en función de su probabilidad de lograr resultados. No se trata de tener razón por el bien de tenerla, sino de agradecer que la tenemos por el bien de sus resultados. No podemos caer en la terquedad ideológica, en una ceguera e intolerancia total que nos impida ponderar honestamente cualquier curso de acción que sea conducente a nuestras metas. “La tiranía –dijo Blaise Pascal–, es la voluntad de alcanzar por un camino lo que solo se puede alcanzar por otro”.
La segunda premisa, que está estrechamente vinculada con la anterior, es que tenemos que diferenciar efectivamente quiénes son las personas, entidades u organismos a los que queremos presionar para que tomen las acciones que deseamos, y entonces ejercer la presión directamente sobre esas personas, entidades u organismos. Esto parecerá una premisa autoevidente y de exposición innecesaria, pero la triste realidad es que su inobservancia es la razón principal por la que, al día de hoy, hemos logrado muy poco en cuanto a las metas principales que nos hemos trazado.
Por ejemplo, si queremos presionar a los miembros de la Legislatura de Puerto Rico para que enmienden la legislación contributiva a los efectos de aumentar el impuesto a las corporaciones foráneas a un 10%, y destinar a su vez el 10% de ese recaudo para la educación pública, ¿qué sacamos con cerrar los portones de la Universidad, paralizar indefinidamente los servicios docentes en perjuicio propio y causarle algunos inconvenientes al presidente de la Universidad de Puerto Rico? ¿Alguien honestamente cree que Uroyoán Walker –quien ni se inmutó con el paro celebrado para acceder al reclamo de su renuncia–, tiene a su vez algún poder o voluntad de presionar al gobernador Alejandro García Padilla, un político desahuciado que no aspira a la reelección y cuya actitud característica es su pintoresco “me vale”? ¿Y alguien honestamente cree que el gobernador, a su vez, va a invertir el exiguo capital político que le queda para culminar su acéfala gobernación, en presionar a los legisladores de su partido para que satisfagan inmediatamente las demandas de estudiantes a quienes él mismo no consideró durante los pasados tres años? Evidentemente, las preguntas son retóricas.
Pero tal vez la cadena de argumentos que está en la mente del huelguista es otra, y ese es precisamente su gran problema. Sigue allí, en su mente, si es que alguna vez estuvo. Nadie se ha molestado en ofrecer una explicación de cómo la huelga y el cierre indefinido de las labores docentes del Recinto va a lograr aquello que le resulta inherentemente contradictorio: fortalecer y asegurar la educación pública que se ofrece mediante las labores docentes del Recinto. La distancia más corta entre dos puntos de un plano es una línea recta. Y añadiría yo, una línea que de hecho exista. ¿Por qué no mejor dejamos el Recinto abierto y luchamos para que permanezca de ese modo –lo cual se supone que sea la finalidad de nuestra lucha–, en vez de cerrarlo bajo razones inexistentes para volverlo a abrir ese absurdo día, que nunca llegará, en el que toquemos el fondo del abismo que estamos cavando indefinidamente bajo nuestros pies?
La tercera premisa básica del plan que propongo es que nuestros reclamos deben ser razonables y honestos, formulados como objetivos en sí mismos y no como justificaciones para implementar medios aparentes que en realidad son los fines deseados. Por ejemplo, me parece irrazonable y deshonesto que se proponga una huelga indefinida mediante un ultimátum para eliminar la Junta de Gobierno de la Universidad en un período de dos o tres semanas. De hecho, si tal cosa fuera posible, sería altamente irresponsable que la Legislatura así lo hiciera. Eliminar la Junta de Gobierno requerirá que se revisen y enmienden todas las disposiciones de la Ley Universitaria que de alguna u otra forma suponen la existencia de ese organismo. Esencialmente, hablamos de redactar una nueva Ley Universitaria en casi toda su extensión. Eso no se puede hacer responsablemente en dos o tres semanas, y mucho menos cuando quienes lo exigen a fuerza de amenazas de huelga no se han molestado siquiera en proponer una manera viable de hacerlo. Exigir que se haga algo en un período irrazonable de tiempo, sabiendo que en efecto no se hará, es querer irse a la huelga como fin y no como medio.
La cuarta premisa del plan propuesto es que es condición necesaria para el éxito del movimiento estudiantil que nos desprendamos de las lealtades que pudiéramos tener hacia algún partido político, al menos en todo aquello en que dichas lealtades entren en conflicto con los mejores intereses de nuestra comunidad universitaria y limiten o impidan el desarrollo efectivo de nuestras estrategias de lucha. Algo nos debe quedar bien claro: los estudiantes no le debemos cosa alguna a los políticos y sus respectivos partidos; antes bien, son estos quienes nos deben a nosotros y ya es hora de que le pasemos factura. Nuestra lealtad debe ser hacia nosotros mismos, pues solo así seremos un verdadero movimiento estudiantil que encuentra su identidad en una lucha colectiva.
Utilicemos a nuestro favor a cualquier político electo que se comprometa con nuestros reclamos, sin distinción alguna de colores e insignias partidistas. Para eso los enviamos al Capitolio y le pagamos un salario con fondos públicos que tanta falta le hacen a la Universidad. A los que no se comprometan o, peor aún, insistan en obstaculizar nuestras metas, los haremos objeto de toda la presión y campaña negativa de la que seamos capaces con nuestra gran fuerza humana e intelectual. Tenemos que ser conscientes de la gran cantidad de estudiantes que pertenecen al sistema de la Universidad de Puerto Rico y del inmenso poder que nos da nuestro intelecto y nuestras destrezas adquiridas. ¡Usémoslo!
La quinta y última premisa de mi plan, que al igual que la segunda podría parecer auto-evidente y de exposición innecesaria, tristemente es la que más hemos ignorado en perjuicio propio. Ni este ni ningún otro plan de acción será una propuesta factible si no hay gente dispuesta a implementarlo y llevarlo a término. Tan nocivos son para la lucha estudiantil quienes se oponen a la huelga únicamente porque no están dispuestos a perder un semestre académico (pero sí están dispuestos a quedarse de brazos cruzados), como aquellos que con igual indiferencia votan por paros y huelgas y luego no se paran ni cinco minutos en los portones de la Universidad. Lamentablemente hay mucha harina en ambos costales, y son en la mayoría de los casos compañeros nuestros muy queridos y respetados. Nos toca a nosotros convencerlos y sumarlos a nuestra lucha, no con gritos, insultos, altavoces y panderetas, sino con razones honestas y ejemplos de solidaridad.
Las propuestas:
- Individualizar la presión y cabildeo legislativo
La gran mayoría de los grupos de interés que participan de nuestro proceso político y desean obtener algún tipo de acción por parte de la Legislatura, logran hacerlo contratando firmas de cabildeo para que ejerzan presión individual y directa en los legisladores que están facultados a tomar la acción deseada. Ese es el método básico de operación en nuestro sistema político y es uno de resultados comprobados. Nosotros y nosotras, los y las estudiantes, somos también uno de los grupos de interés dentro de nuestro sistema político que, no obstante, ha optado por insistir en la utilización de métodos ajenos sin ninguna experiencia o promesa de resultados.
Las estrategias de presión generales e indirectas como los paros y las huelgas en los portones de la Universidad, pensadas para un cuerpo colectivo como la Asamblea Legislativa, están llamadas al fracaso por una imposibilidad en su propia esencia, al ejercer presión en la dirección equivocada y de la manera equivocada. Si de algo sirve cerrar indefinidamente los portones de la Universidad, en todo caso sería para ocasionarle molestias a la administración universitaria y no para presionar efectivamente a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Además, al no individualizarse la presión ni dirigirse a cada uno de los legisladores en particular, la culpa por la inacción se queda huérfana y ninguno de ellos cargará sobre sus hombros la responsabilidad por su indiferencia.
Ahora bien, mientras las corporaciones y los grupos de interés a los que estas pertenecen dependen de la contratación de firmas de cabildeo –quienes solo trabajan mientras sean remuneradas y siempre en interés ajeno–, nosotros los estudiantes somos una gran firma de cabildeo en potencia dispuesta a trabajar sin remuneración económica y siempre en interés propio. ¿Qué nos impide armar un grupo de 200 o 300 estudiantes, con toda la diversidad de destrezas y conocimientos que solo existe entre el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico y abarrotar el Capitolio mediante una agenda sistemática y continua de cabildeo directo e individual que lleve nuestros reclamos y propuestas al oído de quienes único tienen la facultad de legislar? Si eso le ha dado resultados a los demás grupos de interés dentro de nuestro sistema político, ¿no vale la pena al menos intentarlo?
- Crear la “lista negra” de los enemigos de la educación pública
En conexión con la propuesta anterior, y fundamentada especialmente en la cuarta premisa del presente plan, debemos crear y publicar, literalmente, una “lista negra” de todo aquel legislador y funcionario público que no se comprometa a adelantar nuestros reclamos o que activamente intente obstaculizarlos. Así mismo, con nombres y apellidos, indicando cuáles son los reclamos que se niegan a adelantar y las razones que ofrecen, si algunas. Además, ese legislador debe ser objeto de una campaña negativa (pero veraz) enérgica e implacable que le cause serios problemas y dificultades para sus probabilidades de reelección. Igual estrategia debemos emplear en contra de los nuevos aspirantes a cargos electivos que no se comprometan a adelantar nuestros reclamos. Estamos en plena época de elecciones, lo cual nos ofrece una serie de ventajas y oportunidades que no podemos dejar de aprovechar.
Únicamente en el Recinto de Río Piedras contamos con sobre 15,700 estudiantes, de los cuales, si logramos motivar y comprometer a tan solo el 20% (menos de los que participaron en la pasada asamblea), obtendríamos un cuerpo activo de más de 3,100 personas insertadas activamente dentro del proceso político. Y sabemos que esos estudiantes provienen de todos los rincones de la Isla. Podemos organizarnos por regiones o distritos representativos, y llevar nuestra protesta, denuncia e indignación a toda caminata de barrio y actividad auspiciada por los candidatos dentro de nuestra lista negra. Todos nosotros votamos y tenemos familiares y amigos que se interesan por nuestro bienestar y también votan. Si los políticos se organizan a nivel de barrios para ganar nuestros votos, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo para quitárselos? Esta lucha no la vamos a ganar quedándonos en los portones de la Universidad, sino moviéndonos dentro del mismo terreno en el que juegan los enemigos de la educación pública.
Nota de Redacción: No se pierda mañana la presentación de las propuestas restantes en la segunda parte de este artículo.
El autor es estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
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Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
