La procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López León, quién presentó en el Tribunal Federal una solicitud de injuction para proteger los derechos de las personas de edad avanzada de los riesgo que conlleva la Ley Núm. 7, de Emergencia Fiscal, informó que los esfuerzos de negociación con la Junta de Reconstrucción y Estabilización Fiscal (JREF) no han dado resultados. López León comentó que “el proceso judicial sigue. Aunque el Tribunal emplazó a las partes a resolver la controversia, la JREF, ni propuso, ni se comprometió con una alternativa que viabilice llegar a acuerdos”. Además añadió que se les sometió toda la documentación e información requerida por la JREF para justificar la exclusión de la Oficina y los puestos de la Ley 7, pero no hubo aceptación, ni compromiso, de excluir la Agencia de los efectos de la Ley Núm. 7. De esta manera no se lograron establecer garantías a la continuidad de los servicios esenciales que ofrece OPPA con fondos federales. “Estamos confiados en que podemos resolver con sensibilidad y buena voluntad esta controversia, y en que no pase ni un solo día en el que se afecte a la población de edad avanzada. Con esto me comprometí al juramentar mi cargo y ese compromiso continuará siendo mi norte”, aseveró la procuradora Rossana López. Se espera para mañana la decisión del Tribunal sobre la jurisdicción.
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