Esta semana se divulgaron dos cartas firmadas por 120 organizaciones y más de 160 líderes comunitarios, activistas y funcionarios de Puerto Rico y Estados Unidos dirigidas al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, urgiendo invalidar la Orden Administrativa 17-18, que elimina protecciones a personas transgénero que trabajen en el Senado de Puerto Rico para utilizar los baños que corresponden a su identidad de género.
La orden firmada el 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, es una enmienda al “Protocolo de cumplimiento, educación y capacitación sobre la política pública en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en el Senado”, establecido mediante la Orden Administrativa 14-01 firmada en marzo de 2014 por el entonces presidente del Senado, Eduardo Bathia.
De esta manera se eliminaron dos cláusulas del Artículo 8 que prohibían “negar el acceso a instalaciones sanitarias u otras facilidades identificadas por género a empleado(as) que se identifiquen con dicha identidad de género” y “requerir que una persona se vista de una manera que sea inconsistente con su identidad de género que le impida expresar su identidad de género”.
Con algunas variaciones en su contenido, ambas cartas, una dirigida al gobernador Rosselló y otra, a Schatz, señalan que “las comunidades transgénero necesitan protecciones permanentes explícitas ante discriminación perjudicial en vivienda y empleo”, y advierten que la nueva política “es un paso hacia atrás en el movimiento de derechos civiles y las luchas por igualdad”.
La carta dirigida a Rosselló pide que intervenga en la revocación de la orden y señala sobre la necesidad de leyes anti discriminatorias que protejan la identidad y expresión de género, y el rol “esencial” del gobierno de proteger los derechos de todos sus ciudadanos incluyendo las personas transgénero.
El escrito hace referencia al National Transgender Discrimination Survey que demostró que el 26% de las personas trans perdieron un trabajo debido al prejuicio y el 50% fueron hostigados en su trabajo.
El 4 de abril miembros de la comunidad trans se manifestaron en la Rotonda del Capitolio en contra de la orden administrativa y la actual política pública de la administración de Rosselló en relación a la perspectiva de género, específicamente la decisión del Departamento de Educación de derogar las cartas circulares relativas a este concepto.
Los manifestantes entienden que la enmienda va en contra de la Ley 22 de 2013 que establece como política pública “la prohibición del discrimen por orientación sexual o identidad de género”. La misma añade que “para propósitos del alcance de [la Ley] la definición de identidad de género debe ser interpretada tan ampliamente como sea necesario para extender sus beneficios a todo ciudadano expuesto a un episodio o patrón de discrimen”.
Sin embargo, la nueva orden administrativa justifica la enmienda como necesaria para “armonizar dicho protocolo con la política pública del Gobierno de Puerto Rico”.
Según expresiones publicadas por El Nuevo Día, Schatz asegura que el nuevo protocolo no limita los derechos ni contradice la ley. También comunicó que la enmienda respondía a “nuestro pensamiento, lo que es el mandato del pueblo puertorriqueño”.
Las cartas firmadas por ocho miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York, entre ellos su portavoz, Melissa Mark Viverito, y su líder de mayoría, Jimmy Van Bramer, aseguran que la orden del Senado “expone a nuestra comunidad trans a la persecución, discriminación y el peligro sin ninguna protección de ley”.
Por su parte, Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y fundador de la Red Hispana de Salud, declaró en un comunicado escrito adjunto a las cartas que “este es un mensaje de la comunidad en general para invalidar la orden administrativa que afecta los derechos de personas transgénero en Puerto Rico, ya que esta orden que sólo promueve la discriminación es inaceptable”.
“Nuestras voces envían un mensaje claro y directo al presidente del Senado en Puerto Rico: garantice y respete los derechos de la comunidad transgénero inmediatamente”, añadió.
Varias organizaciones locales firmaron el documento entre las que figuran Coaí, Inc., Puerto Rico para Tod@s, Puerto Rico Concra, Asociación Puertorriqueña Pro Familia, Centro Ararat y Hope Clinic.
