Organizaciones de la sociedad civil de Chile, México y Perú presionan para que sus parlamentos y los de otros socios no ratifiquen el Acuerdo Transpacífico de Asociación para la Cooperación Económica (TPP), en un esfuerzo atravesado por la campaña electoral de Estados Unidos.
Tras la firma del acuerdo de libre comercio, el 4 de febrero en Nueva Zelanda, el tratado debe ser refrendado por los poderes legislativos de los 12 países del bloque, en un proceso que inauguró Malasia. Chile, México y Perú son los tres socios latinoamericanos del bloque.
El tratado entrará en vigor si a los dos años de su rúbrica está avalado por todos los socios, o cuando lo hagan seis de ellos, que en conjunto sumen 85% del producto interno bruto (PIB) colectivo.
“Planteamos un diálogo con bancadas más afines que defienden los intereses nacionales y llevarles información. Queremos tomar a los parlamentos como pivotes, también dialogar con organizaciones de Estados Unidos, Canadá y los países asiáticos”, explicó el a IPS el peruano Carlos Bedoya, de la no gubernamental Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos.
La sociedad civil peruana creó la coalición No Negociable, para rechazar los puntos más polémicos del acuerdo.
Las plataformas Chile Mejor sin TPP y México Mejor sin TPP son iniciativas similares, con las que organizaciones no gubernamentales y figuras de la sociedad civil buscan denunciar las consecuencias negativas que tendrían el tratado para las sociedades y la gente de sus países.
Los activistas censuran que el capítulo de propiedad intelectual estipule plazos de protección de datos sobre investigaciones clínicas de cinco años para México y Perú. En el caso de medicamentos biológicos, los lapsos van de tres años para México y 10 años para Perú.
Mientras, Chile tendrá en los dos casos cinco años de protección, en consonancia con sus otros tratados de libre comercio (TLC).
Esas barreras obstaculizan a los laboratorios de medicamentos genéricos y de aquellos biológicos comparables al original salir al mercado en cuanto expire una patente.
Otro aspecto señalado es la sujeción de los Estados parte a someter las disputas sobre inversiones a tribunales extraterritoriales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Las alianzas contra el TPP critican también las disposiciones para que los proveedores de servicios de Internet vigilen el contenido que fluye por sus redes para controlar la distribución de materiales violatorios de derechos de autor.
Los activistas latinoamericanos reprochan igualmente el requerimiento de Estados Unidos a las partes de reformar leyes y regulaciones para que las normas internas se adecuen al TPP, en un proceso separado o paralelo a la ratificación legislativa.
Además, protestan, se faculta a Washington el papel de certificar que cada socio cumplió con esa demanda para que su propio aval se haga efectivo.
El TPP surgió de la ampliación de una alianza suscrita en 2006 por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Apec), a la que se sumaron después Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam.
El acuerdo abarca áreas como aduanas, textiles, inversión, telecomunicaciones, comercio electrónico, solución de diferencias, asuntos laborales y ambientales.
Las economías del bloque representan 40% del PIB mundial y 20% del comercio internacional.
El TPP “tiene efectos negativos sobre la salud, el desarrollo económico. No va a beneficiar a nuestros países. Pero tendrá una larga discusión, porque contiene temas conflictivos”, sostuvo a IPS el chileno Carlos Figueroa, de la coalición de su país contra el tratado, que engloba a 99 organizaciones, algunas figuras individuales y cinco parlamentarios.
Entre sus acciones, Chile Mejor sin TPP organiza envíos masivos de correos electrónicos contra el acuerdo al gobierno, promueve campañas en las redes sociales, realiza movilizaciones públicas e impulsa la resistencia al aval en el parlamento.
Se descuenta que en México el conservador Enrique Peña Nieto reúna en el Senado, la cámara responsable de ratificar los acuerdos internacionales, los votos suficientes, con base en el gobernante Partido Revolucionario Institucional, su aliado Partido Verde México y el opositor y derechista Partido Acción Nacional.
En Chile, la presidenta socialista Michelle Bachelet gobierna con una alianza de centroizquierda que para la ratificación contará con la derecha legislativa para garantizarse los votos necesarios.
El presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, un banquero liberal favorable al libre comercio, contará sin duda con la derechista Fuerza Popular, con amplia mayoría legislativa, para el aval del TPP, cuando a fines de julio comience el nuevo gobierno y la nueva legislatura parlamentaria.
Pero, además, legalmente allí el contenido de cualquier TLC no requiere la validación legislativa lo pactado no sobrepasa el acuerdo de 2009 con Estados Unidos.
A pesar de la propaganda de los gobiernos del bloque sobre los impactos positivos del TPP, informes recientes desmitifican tales beneficios.
En su “Prospectiva Económica Global” de enero, dedicada a analizar las “Potenciales implicaciones macroeconómicas del Acuerdo Transpacífico”, el Banco Mundial estableció que en promedio para 2030 el tratado podría aumentar el PIB de sus miembros en 1.1% anual y su comercio en 11%.
En el caso de Canadá, Estados Unidos y México, con su propio TLC desde 1994, el beneficio se contendría en promedio en 0.6% del PIB.
“Para México, los beneficios se reducirían más, pues los recortes de gravámenes dan a otros miembros del TPP mayor acceso al mercado estadounidense”, cita el documento.
Economistas de la estadounidense Universidad Tufts son más contundentes al calificar de “irrelevantes” las ventajas del TPP y de costosas para el empleo.
En su estudio “Comercio a la baja: desempleo, desigualdad y otros riesgos del Tratado de la Alianza Transpacífica”, elaborado por el académico Instituto para el Desarrollo Global y el Ambiente, proyecta la pérdida de 770,000 empleos, mayoritariamente en Estados Unidos.
En México desaparecerían 78,000 puestos de trabajo, equivalentes a 0.7 del PIB, y en Chile y Perú, 14,000 o 0.54 del PIB.
Los autores calculan que para 2025 las exportaciones mexicanas crecerían 6.2% y el PIB uno por ciento; las ventas externas peruanas subirían 7.1% y el PIB 1.4%, y las chilenas, 2.5 y 0.9%, respectivamente.
Por su parte, la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos adelantó el 18 de mayo, en su informe “Acuerdo Transpacífico: impacto probable sobre la economía de Estados Unidos y sobre sectores industriales específicos”, que para 2032 el TPP impulsaría a la primera economía del mundo en un promedio anual de 0.01% y al empleo en 0.07%.
Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México en la pública Universidad Nacional Autónoma de México, cuestiona el involucramiento de México en el TPP sin evaluar las secuelas del libre comercio.
“Ha habido un proceso de aprendizaje de 20 años para saber qué funciona y qué no. Los socios del TPP sin TLC representan uno por ciento del comercio con México y uno por ciento de la inversión. La pregunta es qué hago con el 99% restante, a dónde dirijo el comercio e inversión”, criticó ante IPS.
Las oenegés latinoamericanas apuestan a que la campaña electoral en Estados Unidos acantone el debate sobre el TPP en el Congreso legislativo hasta después que asuma la presidencia el ganador de los comicios de noviembre.
“Esa discusión nos da un poco de tiempo para luchar por la no ratificación. Será una pelea larga”, vaticinó Bedoya.
Dussel anticipó tres escenarios. “En dos años entra en vigor, no hay TPP o en Estados Unidos el nuevo presidente pide cambios sustanciales”.
