Cuatro meses en el hospital y varias cirugías le salvaron la vida a la brasileña Maria da Penha Fernandes, pero los daños del disparo de escopeta la dejaron parapléjica a los 37 años. Cuando volvió al hogar, el marido intentó electrocutarla en el baño.
No había dudas, el autor del primer atentado, el tiro por la espalda mientras dormía una noche de mayo de 1983, había sido también el esposo, que había buscado exculparse atribuyéndolo a unos asaltantes.
Ella dejó la casa protegida por un dictamen judicial que le aseguraba la guardia de las tres hijas que tuvo con el agresor e inició, desde su silla de ruedas, una batalla de 19 años en la justicia para que el homicidio frustrado no quedase impune.
Luego de dos condenas en tribunales brasileños que los abogados del reo lograron anular, en los años 90, ella recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió en 2001 un fallo acusando el Estado brasileño de omisión y recomendando un juicio definitivo y medidas para eliminar violencias contra la mujer.
Finalmente, en 2002 el homicida en grado de frustración fue condenado a diez años de cárcel, pero logró la libertad luego de cumplir solo dos años.
El principal triunfo de Da Penha, una biofarmacéutica de Fortaleza, capital del estado de Ceará, en el Nordeste de Brasil, fue inspirar una ley que lleva su nombre, aprobada por el legislativo Congreso Nacional en 2006, contra la violencia de género y que castiga ejemplarmente a los agresores de mujeres.
Estas agresiones, sin embargo, siguieron aumentando en las estadísticas brasileñas, aunque en ritmo menor.
De 1980 a 2006 el número de mujeres asesinadas creció 7.6% al año, mientras de 2006 a 2013 ese índice bajó a 2.6%, según el Mapa de la Violencia, elaborado por Julio Jacobo Waiselfisz, coordinador de estudios sobre ese tema en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Brasil.
La Ley Maria da Penha, las comisarías de mujeres y otros instrumentos “sí son eficaces contra la violencia, pero sus recursos son insuficientes”, evaluó la secretaria ejecutiva de la Red Nacional Feminista de Salud Derechos Sexuales y Reproductivos, Clair Castilhos Coelho.
Pero hay una realidad importante en este país latinoamericano de 205 millones de habitantes: los resultados dispares según el color de la piel.
“Para las mujeres negras la situación se agravó”, lamentó la médica Jurema Werneck, una de las coordinadoras de Criola, organización no gubernamental que promueve los derechos de las afrodescendientes.
En diez años los asesinatos de mujeres negras por razones de género aumentaron 54.2%, alcanzando 2,875 en 2013, mientras las blancas se beneficiaron de una reducción de 9.8%, de un total de 1,747 en 2003 a 1,576 en 2013, según los datos recogidos por el Mapa da la Violencia.
“El racismo explica ese contraste. Los mecanismos de combate a la violencia no protegen la vida de todos de manera igual”, señaló Werneck.
“La Ley Maria da Penha establece que primero hay que hacer la denuncia ante la policía para llegar a los órganos judiciales y se sabe que la policía no protege la mujer negra”, explicó.
“El obstáculo es el racismo, sin reconocerlo las políticas públicas no serán adecuadas a las necesidades de la mujer negra. Hay que enfrentar el racismo, preparar los funcionarios, sean policiales o gestores, a atendernos como seres humanos”, acotó.
Una aplicación más adecuada de la Ley Maria da Penha sería llevar las denuncias directamente al Ministerio Público (fiscalía) y a la Defensoría Pública, lo que exige más fiscales y defensores en lugar de policías, como se está haciendo en algunos barrios de la sureña ciudad de São Paulo, abogó Werneck.
Además es necesario combatir el “racismo institucional”, que contamina muchos órganos policiales, por ejemplo, y “una acción junto a la sociedad para valorizar la mujer negra”, siempre marginada en la historia de Brasil, concluyó.
Otra conquista femenina fue la aprobación, en marzo de 2015, de la ley que castiga como “crimen hediondo (repugnante)”, con agravación de las penas, el feminicidio o femicidio, definido como el asesinato de la mujer en razón de su condición sexual.
Brasil se convirtió así en el decimosexto país latinoamericano en contar con una ley contra el feminicidio, en un país que el Mapa de la Violencia sitúa como el séptimo en un ranking internacional y donde según cifras oficiales divulgadas al refrendarse la norma mueren en promedio unas 15 mujeres cada día por razón de género.
Pero la violencia contra las mujeres, que tiene el 25 de noviembre como el Día Internacional para su eliminación y que da paso a 16 días de activismo contra el flagelo machista, comprende otras formas de agresión que afectan a la población femenina en su vida cotidiana.
En Brasil los homicidios de varones suman cerca de 92% del total que se va acercando a 60,000 al año, una cifra que solo tiene números similares en situaciones de guerra intensa.
Pero en otras violencias, como agresiones físicas, sicológicas y económicas, violaciones sexuales y abandono, las víctimas femeninas suelen ser mayoría.
En el Sistema Único de Salud fueron atendidas en 2014 un total de 147,691 mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, el doble de los hombres. Eso corresponde a 405 mujeres necesitando atención médica cada día, a causas de agresiones.
La última Investigación Nacional de Salud, que realizan el Ministerio de Salud y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística cada cinco años, reveló que 2.4 millones de mujeres fueron víctimas de agresiones practicadas por alguien que conocen, contra 1.3 millones de varones.
En términos de violaciones sexuales, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, registró 47,646 casos en Brasil, 6.7% menos que en el año anterior. Pero la reducción, basada en registros, no indica una tendencia porque especialistas creen que dos tercios, o hasta 90%, de los casos no son denunciados.
“La violencia contra mujeres puede estarse intensificando a causa del nuevo protagonismo de las mujeres antes sumisas en el hogar, sufriendo en silencio. Roto el viejo paradigma, con las mujeres conquistando derechos, trabajando, votando y denunciando, los opresores reaccionan con más agresiones”, sostuvo Castilhos.
Hay también un incremento de las denuncias, producto de las conquistas femeninas, como las leyes Maria da Penha y del Feminicidio, e incluso de reglas que obligan a informar sobre estas violencias, como hechos de salud pública, añadió.
En su opinión, “la mayor violencia contra una mujer en los últimos años en Brasil fue la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, sin la justificación de un delito comprobado, por un parlamento donde la mayoría [de sus miembros] es acusada de delitos electorales y de corrupción”.
El clima político generado por el nuevo gobierno, presidido por Michel Temer, el vicepresidente que sustituyó a Rousseff, “abre espacio a más violencia contra mujeres, por su carácter misógino”, sin mujeres al frente de algún ministerio y con propuestas que anulan el empoderamiento anterior de las mujeres, teme Castilhos.
