Tras la aprobación de la controversial Ley 66 del 17 de junio de 2014 para la Sostenibilidad Fiscal y Operacional y la Ley del 25 de junio de 2014 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, varios líderes sindicalistas y de organizaciones institucionales instaron hoy a la comunidad universitaria a unirse al llamado en contra de ambos mandatos legislativos.
“La situación que está viviendo la clase trabajadora puertorriqueña no está excluyendo a nadie, no importa si trabaja en corporaciones, agencias de gobierno o instituciones gubernamentales, inclusive el sector privado, la única forma de hacer una transformación justa y equitativa para toda la clase trabajadora puertorriqueña, es uniéndonos en un solo cuerpo contra aquellos que ya han demostrado que han fracasado en administrar y llevar las riendas del Pueblo de Puerto Rico”, expresó a Diálogo Digital el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.
Figueroa catalogó, además, como una “contradicción” la aprobación del Proyecto del Senado 1164 que permite la restructuración de la deudas de las corporaciones públicas, pues se entendía que la recién aprobada Ley de Sostenibilidad Fiscal, con la cual se balanceó el presupuesto para el año fiscal 2014-2015, tenía como fin, además, lograr que las distintas agencias y corporaciones del gobierno pudieran pagar sus deudas.
En ese sentido, tanto Figueroa como el presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), Pedro Irene Maymí, expresaron a Diálogo Digital que más que una emergencia fiscal, la nueva Ley 66 propone una reforma laboral.
“Además del menoscabo de las obligaciones contractuales y el convenio colectivo, esta ley dispone que te podrán trasladar empleados de una agencia a otra, es decir de una unidad a otra, y/o de un puesto gerencial a uno unionado y a la inversa. Se propone eliminar las cláusulas de subcontrataciones durante su vigencia, habla de la eliminación del derecho a la antigüedad de los empleados, elimina la junta de relaciones del trabajo y todo lo que se trastoca, la propia ley dice estos cambios no se considerarán como práctica ilícita”, explicó Maymí.
Por otro lado, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Lida Orta, se mostró también en contra de las nuevas leyes y se solidarizó con la UTIER y la UIA. Orta puntualizó que es necesario que los ciudadanos entiendan que las distintas manifestaciones que se han estado llevando a cabo, no abogan únicamente por los derechos de los unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), sino por los derechos de todos los empleados de las corporaciones públicas.
“Me parece que aquí el impacto va a ser para todo el pueblo y los empleados que componen este pueblo, que trabajan para las corporaciones públicas, que incluyen a la UPR. Tenemos que estar muy pendientes y tenemos que exigir nuestros derechos […] No son las uniones las que están armando la debacle. Somos los trabajadores quienes estamos haciendo que se respeten los pocos beneficios que se tienen y quienes clamamos justicia laboral ”, puntualizó Orta en entrevista con Diálogo Digital.
Según la presidenta de la APPU, la Ley 66 especifica que la asignación de fondos a la Universidad de Puerto Rico (UPR) se congelará por los próximos tres años. Es decir, la UPR recibirá por los próximos tres años la misma cantidad de dinero que recibió durante el año fiscal 2013-2014, a pesar de que la Ley Número 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada, establece que la Universidad del País recibiría cada año fiscal el 9.6 por ciento del total del Presupuesto Fiscal del Gobierno de Puerto Rico.
“Están limitando el dinero que por ley nos compete. Este año hubiéramos tenido derecho a sobre 70 millones de dólares adicionales por recaudo, pero al congelarnos la fórmula automáticamente perderá esa posibilidad”, explicó Orta, quien exhortó a toda la comunidad docente del País a solidarizarse con la lucha y expresarse en contra de las nuevas disposiciones legislativas.
En esa misma línea se expresó el presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la UPR, Christian Arvelo, quien instó a los estudiantes universitarios a mantenerse informados sobre los efectos de la Ley 66 sobre la Universidad, que podrían tener repercusiones sobre la oferta académica y el costo de matrícula.
“El hecho de que estemos en receso de verano no significa que nos desvinculemos de lo que está pasando en la Universidad porque aunque no vean el efecto ahora, sí se verá eventualmente”, señaló Arvelo. Aunque el CGE se opone a la Ley 66 y mostró su apoyo a los trabajadores que se podrían ver afectados por la nueva orden legislativa, esta no es necesariamente la posición de la mayoría de los estudiantes del recinto riopedrense, por lo que no descartó la posibilidad de una asamblea general de estudiantes al comienzo del próximo semestre universitario para clarificar la posición del estudiantado del Primer Centro Docente del País, extender de ser pertinente un voto de huelga en solidaridad a los empleados de las corporaciones públicas.
“Estamos solidarios con los trabajadores y con lo que está pasando. Entendemos que el peso no puede recaer siempre en quienes son los que producen para el País. Asimismo entendemos que la responsabilidad contributiva también tiene que recaer sobre quienes no están aportando lo suficiente”, indicó Arvelo.
Mientras, el presidente de la UIA catalogó de “irresponsable” al Gobierno de Puerto Rico, argumentando de que las nuevas leyes fueron aprobadas sin realizarse los estudios necesarios para determinar cuán efectivas o negativas serían y sin tomar en cuenta las recomendaciones que presentaron los líderes sindicalistas y de las organizaciones del País, por lo que no descartó la posibilidad de un paro general.
“Eso podría ser tan rápido como ayer. Hemos estado haciendo manifestaciones que van a ir de menos a más. No queremos adelantar nada pero hemos utilizado el elemento sorpresa y vamos a seguir utilizándolo”, aseguró Maymí.
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David Cordero Mercado
Periodista. Completó bachillerato en Información y Periodismo, segunda concentración en Ciencia Política, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es estudiante graduado en la Escuela de Administración Pública del recinto riopedrense. Obtuvo el premio por el Mejor Reportaje Especial de la prensa escrita de Puerto Rico, otorgado por la ASPPRO en el 2013. Además, fue nominado en 2014 al premio por el Mejor Reportaje de Interés Humano, que otorga el Overseas Press Club Puerto Rico.
