La indígena ñañhú Maricela Fernández muestra los daños que el terremoto del 19 de septiembre infringió a la vieja casona donde vivían 10 familias de su pueblo, también conocido como otomí, en un barrio del centro-oeste de Ciudad de México.
Daños en la estructura, con pequeños derrumbes y grietas y hendiduras en las paredes forman parte de la secuela en esta vivienda colectiva del cataclismo de magnitud 7.1 que sacudió principalmente la capital y los vecinos estados de México, Morelos y Puebla.
La edificación de dos pisos donde las familias indígenas habitan desde 2007 ya había sido dañada por el aniquilador terremoto de magnitud 8.0 que el 19 de septiembre de 1985 impactó la capital mexicana, exactamente 32 años antes del que volvió a devastarla ahora.
Desde el día 19 “dormimos afuera, porque la casa está muy dañada y se puede caer. No queremos ir a un albergue, porque nos pueden quitar el predio”, explicó Fernández, madre de dos niños y quien trabaja en el comercio informal.
Los residentes en la casona, entre ellos 16 niños, montaron una carpa en la acera, bajo la cual se guarecen, cocinan y duermen, mientras cuidan su maltrecha vivienda y las pertenencias dentro de ella.
Fernández, integrante de la no gubernamental Comunidad Indígena Otomí “Hadi” (“hola”, en lengua ñahñú), indicó a IPS que la ayuda humanitaria recibida hasta ahora provino de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos.
Pero cuestionó lo que calificó como desdén de las autoridades hacia ellos y la discriminación exhibida por algunos vecinos.
“Es injusto que nos discriminen por ser indígenas y pobres. Nadie merece ese trato”, afirmó.
El terremoto provocó al menos 331 muertos —la mayoría en Ciudad de México—, al menos 33 edificios derrumbados y unos 3,800 dañados parcial o totalmente.
Una comunidad de 35 familias indígenas del pueblo nahñú, originarias del central estado de Querataro, levantaron un campamento ante el viejo inmueble que ocupaban en el centro de Ciudad de México y que quedó muy dañado por el terremoto del 19 de septiembre. (Emilio Godoy/IPS)
El ciclo escolar se reanudó parcialmente el lunes 25 de septiembre, al igual que la actividad económica y las labores administrativas, pero miles de estudiantes y empleados se resisten a volver a sus centros educativos y de trabajo hasta no contar con garantías de seguridad en los inmuebles.
En condiciones similares vive otra comunidad ñahñú que reside en otra edificación que ocuparon cuando estaba abandonada y ruinosa, en un barrio del centro de esta capital, de casi nueve millones de personas y que supera los 21 millones al sumar su área metropolitana.
Tras el terremoto montaron un campamento en la calle al lado del viejo caserón que se mantiene precariamente en pie, donde duermen, cocinan y comen. Su negativa a trasladarse a un refugio se debe al temor de un desalojo y la pérdida de su vivienda y sus enseres.
“Nos hemos organizado para preparar la comida y cuidar las cosas. El gobierno no nos ha atendido. Siempre hacen a un lado a los indígenas”, reclamó Telésforo Francisco Martínez, integrante del grupo de 35 familias que habitan el inmueble.
La blancura de tres carpas grandes y una más pequeña contrasta con la lona negra que protege la entrada al edificio. Dos tiendas de campaña completan el campamento improvisado, junto a dos fogones y mesas pequeñas para comer.
Los indígenas trabajan en el comercio informal, venta de arte ancestral, limpieza de autos en la calle o de viviendas.
“No hemos podido trabajar, así que no hay ingresos”, lamentó Martínez, quien limpia parabrisas de vehículos en las calles.
Las 10 familias nahñús (otomís) que habitaban un viejo caserón en Ciudad de México, desde 2007 tienen que pernoctar fuera del edificio por los daños estructurales provocados por el terremoto del 19 de septiembre. (Emilio Godoy/IPS)
Desde 1986, unos 2,000 ñañhúes migraron hacia Ciudad de México desde el municipio de Santiago Mezquititlán, en el central estado de Querétaro, y ahora ocupan ocho asentamientos en barrios del centro-oeste capitalino.
Ciudad de México atrae a miles de inmigrantes internos que abandonan sus localidades para sumarse al trabajo informal y suelen vivir en asentamientos irregulares en la periferia de la capital.
Los ñañhúes, que totalizaban 623,098 en 2015, son uno de los 69 pueblos originarios mexicanos, que suman unos 12 millones de personas, de una población total de 129 millones.
Cerca de 1.2 millones de indígenas viven en la capital, según datos del no gubernamental Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides).
“Son familias que, por su condición, desde hace mucho tiempo ocupan espacios en condiciones deplorables, incluso en predios que desde el terremoto de 1985 estaban deshabilitados”, explicó a IPS la directora del Cides, Alicia Vargas.
“El nuevo temblor dejó a los inmuebles inhabitables. Les han dicho que no pueden volver a vivir en esos edificios”, detalló.
Para Vargas, cuya organización trabaja con esas minorías, esos grupos han sido “los tradicionalmente invisibles, especialmente los niños” y cuyo nivel de vulnerabilidad se agudiza con los desastres y se hace mucho más evidente la exclusión y discriminación que sufren.
“La respuesta del Estado es venir a evaluar inmuebles y desalojarlos y los dejan afuera sin nada. No les han ofrecido alternativa. No hay una respuesta oficial de ninguna institución de gobierno, de vivienda, que les resuelva temporalmente su situación”, denunció la activista.
Abandonados los sin techo
Las personas sin techo también han padecido los estragos del sismo, que en su caso agudizó su depauperación.
“Pasa lo mismo que con los grupos históricamente excluidos en momentos de desastre, siempre la pasan peor. Es tal el nivel de desastre que de estos grupos nadie se acuerda. En la calle están más solos”, señaló a IPS el director de la no gubernamental El Caracol, Luis Hernández.
Luego del terremoto, brigadas de 25 educadores de la institución, que trabaja con personas en situación de calle, visitaron a grupos en riesgo en varias demarcaciones territoriales de la metrópoli.
El monitoreo halló que habían recibido alimentos, pero los servicios a los que tradicionalmente tienen acceso -como salud preventiva-, ahora no están disponibles para ellos, pues han sido dirigidos a atender a los damnificados por el mortífero sismo.
“Ese descuido agrava su vulnerabilidad. Ninguna institución gubernamental y privada se había acercado a ayudarlos. Se han mantenido en la calle y no han sido desalojados ni llevados a refugios”, indicó Hernández, quien destacó que muchos sin techo participaron en el rescate de las personas atrapadas en edificios siniestrados.
En Ciudad de México, 6,774 personas viven en esa condición y de ellas, 4,354 subsisten en espacios públicos y 2,400 en albergues públicos y privados, según el Censo de Poblaciones Callejeras de agosto, elaborado por la capitalina Secretaría (ministerio) de Desarrollo Social.
Los hombres son 5,912 y las mujeres 862. La mayoría abarca edades de 18 a 49 años y casi 40% de los censados proviene de otros estados y migraron con el anhelo de obtener un trabajo.
IPS halló al menos a cuatro personas en situación de calle que no contaban con atención alguna y vagaban por la calle, sin tener conciencia de dónde estaban o qué había ocurrido.
En años recientes, organizaciones como El Caracol han denunciado violaciones a los derechos de la población callejera, como desalojos de puentes y de avenidas, sin ofrecer alternativas de refugio.
Fernández y Martínez solo quieren un sitio digno para vivir. “Queremos vivir aquí, que echen la casa abajo y construyan viviendas”, pidió la primera.
Martínez, por su parte, se quejó de la lentitud del trámite para regularizar la propiedad del terreno. “Ya lo completamos y no nos dan respuesta. No queremos nada regalado, solo queremos que nos tomen en cuenta”, demandó.
Para Vargas, es urgente la limpieza de escombros, la instalación de viviendas provisionales, la adecuación de servicios básicos y un espacio seguro para unos 100 menores de edad.
“Quizás con la coyuntura puedan acceder a vivienda social. A mediano plazo, la inmediata resolución de la definición de los terrenos para construir viviendas para estas familias, con créditos accesibles. La población indígena está en las zonas de más alto riesgo en toda la ciudad, vive en el mayor hacinamiento”, planteó.
Hernández propuso políticas de protección durante las emergencias. “Lo que nos preocupa es que los desalojen de sus zonas, a menos que se trate de medidas de seguridad por derrumbes o demoliciones”, aclaró.
