La jueza Lauracelis Roques concedió hoy tiempo extra a la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, para que muestre las razones por las cuales no ha podido cumplir con la orden de restablecer el acceso al Recinto de Río Piedras.
En una vista celebrada esta mañana, Fernández compareció para demostrarle a la jueza las gestiones que ha realizado para intentar cumplir con la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones el pasado, 5 de mayo, de abrir los portones del campus riopedrense. En varias ocasiones, Fernández reiteró que luego de numerosos esfuerzos se encontraba imposibilitada de cumplir con la orden del foro apelativo.
A preguntas de la jueza, la presidenta interina puntualizó que no ha tomado acciones administrativas contra las personas que mantienen paralizado el recinto porque estas no han podido ser identificadas.
En el interrogatorio del abogado demandante, Pedro Vázquez, la presidenta negó que haya tomado acciones administrativas contra integrantes de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) que han apoyado la huelga.
Por otra parte, Fernández sostuvo que su posición siempre ha sido de no confrontación. Sin embargo, entre los esfuerzos que ha realizado para cumplir con la orden está la misiva que le cursó a la superintendenta de la Policía, Michelle Hernández, para que esta aclarara la posición de la Uniformada en torno una posible intervención en el conflicto huelgario.
Además, ayer la UPR presentó un recurso de mandamus contra la Policía de Puerto Rico solicitándole su intervención. La superintendenta, por su parte, ha rechazado la intervención de la Policía en el recinto riopedrense amparándose en la política pública del gobernador Ricardo Rosselló en respetar la autonomía universitaria.
Asimismo, Fernández indicó que también evaluaron contratar los servicios de empresas privadas de seguridad, pero estos esfuerzos no fueron fructíferos. La funcionaria también señaló que actualmente las negociaciones se encuentran en un impasse luego que el pasado sábado los plenos estudiantiles rechazaron los preacuerdos de la Mesa de Diálogo Multisectorial. Aún así, la presidenta expresó estar dispuesta a sostener una mediación formal con las partes.
La jueza finalizó la vista ordenándole a la presidenta a que comparezca mañana a las 2:00 p.m. para que presente un plan concreto, avalado por la Junta de Gobierno UPR, para lograr la reapertura de la universidad. Roques admitió que las gestiones delineadas por Fernández no fueron convincentes y que el mandamus presentado contra la Policía tampoco es un esfuerzo suficiente. A su vez, la jueza insistió en que Fernández, de continuar incumpliendo con la orden del foro apelativo, se expone a que se le imponga un desacato y enfrente una pena máxima de seis meses de reclusión.
La UPR, hasta el momento, debe haber pagado cerca de $11,000 en concepto de multas debido a su incumplimiento con la orden del foro apelativo de restablecer el acceso al recinto el pasado 11 de mayo. El pasado 16 de mayo, Roques determinó que la UPR debía pagar $5,000 por no haber logrado la reapertura del recinto el 11 de mayo y $1,000 adicionales por cada día que los portones se mantuvieran cerrados.
Reaccionan a la determinación de la jueza
A su salida de la sala, Fernández no emitió ninguna expresión.
Por su parte, Vázquez se mostró seguro de que la presidenta presentará un plan para cumplir con la orden de reabrir el recinto. El abogado opinó que Fernández, en su testimonio, se “contradijo desde el principio del interrogatorio. Eso de que ella no sabe quiénes están en los portones eso no es creíble”, precisó el licenciado.
Además, el representante de los demandantes dijo que la presidenta posee herramientas para lograr la apertura del recinto que no incluye la utilización de la Uniformada. Entre ellas, Vázquez señaló que se encuentra la de imponer sanciones disciplinarias contra los estudiantes, profesores y no docentes que mantienen paralizado el campus. “Ni una sola medida disciplinaria se ha implantado aquí”, puntualizó Vázquez.
Desde marzo en los tribunales
El torbellino legal que enfrenta la UPR se remonta al 31 de marzo, cuando un grupo de estudiantes, en su mayoría de la Escuela de Derecho, demandaron a la UPR en un reclamo por su derecho a estudiar. Luego que el Tribunal de Primera Instancia decidiera no ver el caso, el 5 de mayo el Tribunal Apelativo revocó el “no ha lugar” y ordenó la reapertura del recinto riopedrense en o antes del jueves 11 de mayo.
El campus está paralizado desde el 27 de marzo y en huelga indefinida desde el 6 de abril, cuando varias unidades votaron en la Asamblea Nacional de Estudiantes a favor de ese mecanismo de lucha en protesta al recorte de $450 millones planteado por la Junta de Control Fiscal al presupuesto de la UPR. Estimados de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera elevan esa cifra a $512 millones.
