Trabajadores repudian medidas de austeridad y reducción de jornada laboral

El movimiento sindical de Puerto Rico, integrado por múltiples uniones de empleados —tanto del sector público como privado— se tiró a la calle ayer en la mañana en rechazo a la Ley Promesa, la Junta de Control Fiscal (JCF) y toda medida de austeridad que atente contra la clase obrera de Borinquen.

En esa línea, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), el Programa de Solidaridad de la UTIER (PROSOL-UTIER), EDUCAMOS, la Federación Puertorriqueña de Trabajadores (FPT), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la Universidad de Puerto Rico, la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria de la Cervecería India (UITCI) y la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales (UITSL), se dieron cita a Hato Rey para hacer un llamado en contra de los despidos y cesantías para cuadrar la caja del gobierno. 

Asimismo, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el Movimiento Solidario Sindical (MSS), la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales (UAASL) y la Federación Laborista de Empleados del RUM (FLERUM) se sumaron a los reclamos que, además, tuvieron como objetivo la censura del desmantelamiento y privatización del sistema de retiro y pensiones de los jubilados del sector público.

Igualmente, se condenó el aumento en la matrícula en la UPR, el trastoque a los servicios de salud y consignaron manifestaciones en pro de una auditoría integral, independiente y ciudadana de la deuda pública.

Cabe señalar que el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), grupo sin fines de lucro dedicado a luchar por los derechos de sus socios, brindando servicios de abogados para casos administrativos, civiles y criminales, también dijo presente en la movilización que marchó desde las afueras del Estadio Hiram Bithorn hasta la Milla de Oro, en Hato Rey. 

En respuesta al llamado de los sindicatos, la Policía de Puerto Rico activó entre 200 a 300 efectivos de la uniformada en la zona. Esta vez, similar a lo que se vio el 1 de mayo, los agentes se concentraron en los alrededores del Popular Center. Allí, la policía aseguró un perímetro cuyo efecto fue impedir que los manifestantes se acercaran al área donde hace unos meses se vivieron momentos de mucha tensión. Tanto el edificio UBS, como el Oriental y el Seaborn —donde ubican las oficinas de la JCF— estuvieron acordonados por algunos agentes estatales y seguridad privada.

“Estamos aquí porque como sindicalistas no podemos aceptar la imposición de determinaciones que no sean producto del diálogo y la negociación. Como sindicalistas, no podemos aceptar la eliminación de nuestros centros de trabajo o los puestos que ocupamos. Pero también, como puertorriqueños, tenemos que aspirar a resolver nuestros problemas y no podemos permitir que esta JCF impuesta venga a resolver nuestros problemas. Nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas tenemos la capacidad y el compromiso para resolvernos”, manifestó el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo.

De acuerdo con el líder sindical no hacer nada no es una opción en estos tiempos de crisis. Según él, es importante que el pueblo de Puerto Rico le haga frente a cualquier intento de privatización en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y en la Autoridad de los Puertos.

“Como clase trabajadora no podemos aceptar la reducción de la jornada laboral y los salarios, mientras la gerencia y los altos ejecutivos tienen compensaciones millonarias con bonificaciones e incentivos […] no podemos permitir la desigualdad, la intolerancia, el discrimen ni la persecución”, sentenció Figueroa Jaramillo, no sin antes puntualizar su rechazo a la indiferencia, al individualismo y al colonialismo.

Las condiciones de trabajo denunciadas por los manifestantes ayer, y que son promulgadas al amparo de la Ley PROMESA, son las siguientes:

• La aprobación de la Ley 1, “que propone la privatización de agencias gubernamentales”.
• La aprobación de la Ley 3, “en la cual se congelan los convenios colectivos y se alteran los beneficios económicos hasta el 2021”.
• La aprobación de la Ley 4, “elimina derechos de los trabajadores para reducir el costo real de un empleo privado en Puerto Rico, de cara a privatizar y transferir empleados públicos al sector privado”.
• La aprobación de la Ley 8, “afecta convenios, unidades apropiadas y negociación colectiva. Reduce beneficios a empleados de nuevo nombramiento”.
• La aprobación de la Ley 26, “elimina derechos, condiciones de trabajo y beneficios alcanzados por negociación colectiva”.
• Ordenes Ejecutivas 3 y 4, “declaran un estado de emergencia fiscal y de infraestructura que abre las puertas a construcciones ilegales y que atentan contra el ambiente”.

Vale la pena subrayar que durante los procesos no hubo situaciones que lamentar ni altercados mayores entre la Policía y los manifestantes. 

Fotogalería del recorrido: 

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