Los señalamientos de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, en torno a la viabilidad de las medidas del plan fiscal revisado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) llevaron a que la Junta de Gobierno de la institución solicitara ayer dos semanas adicionales para entregar el documento.
Ese tiempo se utilizaría para conciliar las diferencias entre el equipo económico de la JCF y el de la UPR –particularmente con respecto al número de estudiantes que se proyecta ingrese al sistema en los próximos seis años– y convencer a Jaresko de que una menor cantidad de alumnos no tiene que llevar al cierre de entre cuatro a cinco unidades y a un aumento abrupto del costo de matrícula.
“Debido a la merma poblacional, hay una discrepancia en la manera de ver esto [la cantidad de estudiantes que se matricularán en la UPR]. Es algo que no lo hemos calculado, pero si consideramos las solicitudes que hemos recibido, estamos casi 2,000 por encima del año anterior. Este año no se ha comportado como ellos pensaron”, detalló el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera.
La administración universitaria utilizó como base para sus proyecciones una matrícula de 50,000 estudiantes. En agosto de 2017 –previo al paso del huracán María, que exacerbó la migración de puertorriqueños– la matrícula a nivel sistema rondaba los 62,200.
Pero según el presidente interino, el equipo económico de la JCF considera que los números son menores si se toma en cuenta la reducción en la población que se perfila para el próximo lustro. En el plan fiscal revisado del gobierno central se pronostica que la isla perderá un 20% de la población en los próximos seis años, hasta el 2023 –sobre 600,000 de los 3.3 millones de habitantes en la isla–.
Hillman Barrera criticó que los funcionarios de la JCF insistieran en que la solución para enfrentar la merma de universitarios es el cierre de unidades y el aumento excesivo en el costo de estudios, lo que calificó como una “postura sesgada de que es más fácil aprobar un alza en la matrícula, que es algo que los que conocemos la UPR, el país y su condición económica, pues entendemos que no es lo más indicado”.
El presidente interino no descarta un aumento de matrícula, pero a diferencia de la JCF –que busca que el alza sea abrupta– la administración universitaria la implementaría escalonadamente.
“Nosotros discrepamos. Entendemos que podemos generar evidencia vía un análisis de admisiones simuladas para los próximos cinco años. Esto son datos que probarían nuestra posición de cómo se comportarían la solicitud, admisión y matrícula de estudiantes”, explicó Hillman Barrera.
“No vamos a despedir empleados no docentes ni profesores y no vamos a cerrar unidades”, reiteró.
La JCF no ha indicado si concederá el tiempo adicional o si, por el contrario, exigirá que se entregue el documento hoy mismo, para lo que la Junta de Gobierno de la UPR tendría que reunirse y aprobarlo.
Empero, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares expresó ayer que “no podemos tener recintos meramente por tenerlos”, lo que está más alineado con la postura de la JCF que de la administración de la UPR.
