La llegada de la junta de control fiscal federal (JCF) a Puerto Rico no representa otra cosa que la continuidad de las políticas de austeridad que se han implementado insistentemente en el país por la pasada década, y que han contribuido a sumirnos en la histórica crisis económica que enfrentamos, con la diferencia de que será un cuerpo creado antidemocráticamente el que a nivel local llevará las riendas del proceso.
Eso fue lo que explicó el licenciado Carlos Quirós Méndez en la charla que ofreció el pasado martes a estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao. Curiosamente, la actividad se llevó a cabo un día antes de que la Casa Blanca anunciara finalmente los siete miembros que compondrán la JCF y de que una manifestación frustrara en gran medida la conferencia para millonarios que organizó la Cámara de Comercio en un hotel en Condado y en la que participarían varios de los artífices del proyecto de ley PROMESA.
La privatización de la Telefónica y de los sistemas de salud, así como de parte de la generación de la electricidad que se consume en la isla, además de las leyes 7 de 2009 y 66 de 2014, fueron algunos de los ejemplos que utilizó Quirós Méndez para resaltar esas medidas de austeridad que desde hace décadas administraciones tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático, vienen instituyendo en Puerto Rico, y que siguen la misma línea que lo que llamó “la receta de los bonistas”.
“El problema es que la crisis se ha agravado” a partir de esa fórmula, dijo Méndez Quirós, quien asimismo desmintió la popular teoría que plantea que en Puerto Rico el sector gubernamental es demasiado grande.
El abogado citó un estudio realizado en 2012 por el Government Accountability Office (GAO) en el que se establece que para ese entonces un 8.7% de la población puertorriqueña era empleada por el gobierno, una proporción muy similar al 8.9% que hacía lo propio en el resto de las jurisdicciones estadounidenses.
En los últimos cuatro años, según Méndez Quirós, se ha reducido en 13,000 el número de empleados del gobierno central, por lo que el porcentaje actual debe ser menor.
“El problema es que como han dicho varios economistas, la empresa privada es enana, y siempre lo ha sido y ese es el problema fundamental en Puerto Rico. La empresa privada a través de los años ha sido bien chiquitita y no aporta la cantidad que haría falta para que Puerto Rico eche para adelante”, agregó Méndez Quirós.
Para el licenciado, el ejemplo más parecido a la JCF que se creó para Puerto Rico es la que rigió Washington, DC entre 1995 y 2001, por el hecho de que, al igual que ocurre actualmente en la isla, se trata de un territorio político sin ningún tipo de soberanía frente al gobierno federal.
Esto contrasta con los casos de ciudades como Detroit y Nueva York, que al formar parte de un estado tenían al menos la posibilidad de negociar con las autoridades federales las condiciones de las juntas que se les imponían.
Al entrar en los detalles sobre los poderes que PROMESA le confiere a la junta, Quirós Méndez subrayó la cláusula (c)(2) de la sección 104 que establece que el cuerpo podrá exigir acceso directo a cualquier tipo de información perteneciente al gobierno o una de sus agencias.
“Eso significa no solo que puedan llegar a la UPR y preguntar por los estados financieros. Significa que la JCF podría llegar a la UPR y decir ‘dame el password de la computadora para yo tener acceso directo a los sistemas de información’”, explicó Quirós Méndez en tono lúgubre.
Otro de los aspectos que inquieta al abogado sobre la implementación de PROMESA -cuya junta se estima le costará unos $370 millones al gobierno local- es la disposición que establece el procedimiento para otorgar “permisos expeditos” para “proyectos críticos” que impacten el área energética.
Quirós Méndez entiende que las estipulaciones de la sección 503 de PROMESA tienen su raíz en el “escándalo” que representa para los congresistas los intentos infructuosos por concretar proyectos tales como el Súpertubo y la planta incineradora en Arecibo.
Además, el abogado advirtió que, contrario a las esperanzas que muchos tenían o tienen con la JCF -y que en parte ha llevado a unas dos terceras partes de la población a apoyar su imposición, de acuerdo con algunas encuestas- el cuerpo federal no rescatará económicamente a Puerto Rico ni castigará a los “culpables” de construir la monumental deuda de pública de $72,000 millones que agobia al gobierno.
“Aquí lo que es importante [entender] es que la JCF va a tomar control directo del funcionamiento de Puerto Rico. De ahora en adelante la junta es el representante del Congreso en Puerto Rico para administrar este país. PROMESA es la forma que los bonistas tienen para garantizar que se les pague los préstamos. Es una agencia de cobro, como se ha dicho ya muchas veces. Y la junta va a ser el organismo responsable de aplicar las políticas de austeridad”.
Deuda “odiosa”
Una de las alternativas que el conferenciante propuso a la hora de tratar el tema de la deuda en específico, además de las frecuentemente mencionadas opciones de ordenar una moratoria o renegociar las condiciones, fue estudiar la posibilidad de decretarla como “deuda odiosa”. El concepto, explicó el licenciado, es el término que se utiliza en el campo del derecho internacional para definir una deuda que un gobierno contrae en contra de los mejores intereses de sus ciudadanos.
Algunos ejemplos en que se determinó que parte de una deuda externa se podía calificar de odiosa, y por ende se redujo la cantidad a deber, serían el de la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando mediante el Acuerdo de Londres en 1953 se ahorraron el 63% de su deuda, así como el de Cuba luego de la Guerra Hispanoamericana.
Irónicamente, fueron los esfuerzos de Estados Unidos los que le permitieron a Cuba librarse de la deuda que mantenían como resultado de su relación colonial con España.
“El llamado que podemos hacer hoy es a no hacernos cómplices de lo que está pasando con nuestra inacción. Esta generación de puertorriqueños y puertorriqueñas tiene ante sí el reto más grande que ha tenido generación alguna desde 1898”, aseguró Quirós Méndez al cierre de su presentación, organizada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios.
Le ponen caras a la JCF
Luego de varios meses de espera, -y como se mencionó al principio- el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, realizó ayer el nombramiento oficial de las siete figuras que compondrán el cuerpo que tendrá la última palabra en materia económica en Puerto Rico por al menos los próximos cinco años.
Como lo establece PROMESA, cuatro de los siete miembros designados por Obama salieron de una lista de opciones presentadas por los líderes de la mayoría republicana en el Congreso, dos de una lista presentada por la minoría demócrata y uno designado a discreción del propio presidente.
Del lado republicano fueron seleccionados Andrew Biggs, José Carrión, Carlos García y David Skeel. García fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento entre 2009 y 2011.
Mientras, los demócratas José Ramón González, Arthur González y Ana Matosantos completan el grupo.
El gobernador Alejandro García Padilla -con voz pero sin voto- es el octavo miembro de la junta de control fiscal.
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Manuel Guillama Capella
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Completó un bachillerato en Información y periodismo en la misma institución. Apasionado y conocedor del deporte local e internacional.
