Una reforma que parte de premisas cuestionables –como la confiabilidad de las pruebas estandarizadas como criterio principal para evaluar la ejecutoria de estudiantes y maestros y la ignorancia de la realidad socioeconómica de las comunidades escolares– no es sino un intento erróneo de traer cambios a un sistema educativo público con miras a justificar una privatización.
Así lo afirmaron Roamé Torres González y Loida Martínez Ramos, profesores de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), para quienes el borrador de la Ley para la nueva educación pública del Estado Libre Asociado, la reforma que presentará en algún momento de lo que resta de cuatrienio el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, no contempla ningún análisis de lo que está pasando realmente en las escuelas y qué es un proceso educativo.
La pobreza de las pruebas estandarizadas
Ambos entrevistados comparten la premisa de que es errado utilizar las pruebas estandarizadas como parámetro de evaluación estudiantil y docente, así como para la asignación de fondos, pues estas son solo una variable dentro de una ecuación más compleja. “La premisa que tiene Bhatia de que ha habido un aumento en la falta de aprovechamiento académico de los estudiantes hay que ponerla en duda”, señaló Martínez Ramos.
“Fíjate que el criterio que se utiliza para determinar eso son las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA). En la literatura sobre educación, parte de lo que se dice es que nunca se puede depender de una sola evaluación para hacer un diagnóstico real de lo que está pasando. Tienes que mirar varias fuentes de información que te digan por dónde va un estudiante, para decir que hay o deja de haber un problema”, explicó.
Por su parte, Torres González planteó que el uso de pruebas estandarizadas como criterio de evaluación a estudiantes y maestros ignora otras variables que inciden en la prueba, particularmente el trasfondo socioeconómico de los estudiantes.
“Eso no quiere decir que no tenga importancia lo que pueda ser la escuela y los maestros, pero si sabes que la mayor parte de los estudiantes provienen de ambientes de pobreza, donde las situaciones familiares son de mucho estrés, donde hay limitaciones en el apoyo que le puedan dar a los hijos, pues eso puede tener un impacto mayor”, expresó.
“Yo algunas veces pienso que más que reflejar las deficiencias del sistema educativo, lo que demuestran esas pruebas realmente es el fracaso del País en términos de no haber logrado una sociedad igualitaria, donde todos los niños tengan las mismas oportunidades desde que nacen de desarrollarse como seres humanos. Más que un fracaso de la escuela es un fracaso de nuestro sistema político, social y económico. Eso no lo van a decir los gobernantes. Es mejor echarle la culpa a los maestros que a un tercero”. – Roamé Torres González
El experto agregó que “independientemente de lo que hagan el maestro o la escuela, en aquellas donde halla una mayor concentración de niños pobres, van a salir mal en las PPAA. Mientras más pobre la población de la escuela, más pobre serán los resultados”.
Según Torres González, esto tendría dos efectos en las escuelas públicas. Por un lado, el maestro se va a sentir desincentivado a ofrecer pruebas diagnósticas a una población estudiantil con altas probabilidades de fracasar, pues esto implicaría una evaluación negativa para él y, consecuentemente, la posibilidad de perder su empleo.
Por el otro, determinar la asignación de presupuesto de las escuelas a base de cómo salen los estudiantes de ese plantel en dichas pruebas agravaría la situación de desigualdad que ya hay en las oportunidades educativas en el País, ya que las escuelas no recibirían un presupuesto de acuerdo a sus necesidades.
“De hecho, lo que debiera hacer Bhatia –o los responsables de cómo distribuir el presupuesto– es lo contrario: en aquellas escuelas donde los estudiantes están saliendo mal, si son escuelas en plan de mejoramiento en comunidades pobres, pues a esas escuelas asignarles más, precisamente para que mejoren las oportunidades de educación de esos estudiantes”, apuntó el catedrático.
De acuerdo a Martínez Ramos, hubo un momento en que la escuela pública era el escenario donde se mezclaban sectores de clase. Hoy, es cada vez más acentuado que quienes asisten a la escuela pública son los sectores más desventajados de la población.
“Esto tiene unas consecuencias en el aprovechamiento académico, e incluso en el desarrollo de la democracia, de la participación, en cómo unos aprenden de otros, en quién ejerce una voz, en quién representa a quién. Y realmente un poco de lo que se trata la reforma es: estamos dejando a los pobres solo y no importa”, sostuvo la decana asociada.
Torres González enfatizó que la pobreza merece una atención urgente al ser una variable protagónica en el aprovechamiento académico de los estudiantes. Esa atención, elaboró el profesor, debe combinarse con más apoyo a las familias y a los niños en términos de salud y nutrición, al tiempo que se refuerzan y remodelan escuelas en deterioro, que son precisamente las que atienden la mayor parte de la población estudiantil en la Isla.
Privatización de las escuelas públicas “por la cocina”
El protagonismo de las pruebas estandarizadas en la propuesta reforma no solo se debe al hecho de que sirven como estándar para la evaluación de docentes y estudiantes o su función como variable dentro de la asignación presupuestaria a las escuelas. Estas también juegan un papel fundamental al momento de designar una Escuela Líder.
Como se detalló anteriormente, un 15% de los planteles que obtengan la puntuación más baja en las PPAA pasarán a ser automáticamente Escuelas Líder.
Esto, según Martínez Ramos, introduce un cambio en el discurso de reformas que se han intentado implementar en el sistema público de enseñanza, sin que cambie la finalidad de antaño: la privatización. En esta ocasión, dijo, se intenta que la privatización se cuele “por la cocina”, sustituyendo el adjetivo ‘charter’ por ‘líder’.
“El concepto de escuela charter que se ha implantado en Estados Unidos aquí no se ha establecido porque nunca se ha podido aprobar una ley habilitadora, aun cuando se intentado varias veces. Ahora lo están entrando de otro modo. No le están llamando charter porque la palabra ya se relaciona directamente con privatización, pero son las Escuelas Líder”, criticó.
Para la profesora Martínez, el planteamiento más recurrente respecto a este tipo de escuelas es que carecen de supervisión gubernamental.
“Es un poco decirle a las entidades: quédate con esas escuelas y haz lo que tú quieras con ellas, porque supuestamente tú eres mejor. Nada garantiza que lo privado sea mejor que lo público. Pero claro, aquí hay un discurso que se ha ido cocinando a través de los años de que todo lo privado es mejor y lo público es malo” subrayó.
Roamé Torres González, decano de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la UPR. (Andrea Sánchez / Diálogo)
En esa misma línea, Torres González destacó que la evidencia en Estados Unidos respecto a la efectividad de las escuelas charters es ambivalente y que, en muchos casos, no han demostrado ser mejores que las que maneja el gobierno.
El decano explicó que desde la aprobación del No Child Left Behind Act en el 2002 –la ley federal que provee los mecanismos para establecer escuelas charters y que propone los exámenes estandarizados como medida para evaluar el desempeño de estudiantes y maestros– el país norteamericano ha bajado en el ranking mundial de educación.
“Pero si tú piensas en muchos de los países que están por encima de Estados Unidos, en ninguno se ha privatizado las escuelas, ni se ha usado las escuelas charters. Muchos ni siquiera utilizan los exámenes estandarizados para evaluar todos los años y estar atosigando a los estudiantes con esas pruebas”, destacó.
El experto presentó como ejemplo a Finlandia, en cuyo sistema educativo no figura ningún modelo de escuela charter ni ofrece pruebas estandarizadas: a lo sumo, se administran ocasionalmente, y quienes las toman lo hacen de manera voluntaria. En el país nórdico, detalló, hay pocas escuelas privadas.
En ese sentido, Martínez Ramos cuestionó “en qué medida lo que se pretende (con la reforma) es sacarle la responsabilidad al Estado de la educación del País. Parte de lo que se ha discutido a nivel internacional es que las reformas educativas exitosas son aquellas en las que el Estado permite que haya una autonomía interna en las escuelas. Es quitarse en cierta medida una responsabilidad pero al mismo tiempo reconocerla para brindar más apoyo, sobre todo financiero”.
De acuerdo a Torres González, lo que subyace detrás de reformas que van en la dirección de la medida que presentaría el líder senatorial es el lucro de unos sectores y compañías particulares.
“Pearson, por ejemplo, es una corporación riquísima y multinacional que se beneficia en la medida en que más exámenes estandarizados se exijan. En el caso de las charters, hay unos grandes consorcios en Estados Unidos que están adoptando y organizando este tipo de planteles bajo la premisa de ser ‘sin fines de lucro’, igual como se define (el Sistema Universitario) Ana G. Méndez”, denunció.
Reforzar la 149 y reconocer la labor magisterial
Para ambos profesores, una reforma educativa como la que se proyecta en el borrador de la ley es innecesaria, máxime cuando la Ley Orgánica para el Departamento de Educación de Puerto Rico (Ley 149 del 1999) provee para la autonomía fiscal, administrativa y operacional de las escuelas públicas.
Y aunque los retos son muchos –escuelas en condiciones de deterioro, el salario de los maestros, el nivel de centralización del sistema– la solución podría comenzar en las comunidades escolares.
“Quizás esa sea la vía, fortalecer la Ley 149 en términos de la autonomía que se les puede dar a las escuelas –autonomía fiscal, autonomía curricular– y hacerlas realmente Escuelas de la Comunidad, proyectos comunitarios como tal. Hay muchas vías que se pueden seguir para fortalecer a la escuela pública sin necesariamente privatizar el sistema educativo” opinó Torres González.
Asimismo, Martínez Ramos indicó es necesario una mentalidad distinta donde se integre “el apoyo tanto gubernamental y comunitario, que incluya un apoyo a la familia, y una visión donde se entienda que la responsabilidad de los niños y niñas es de todos, que en cada niño yo tengo una inversión y la tengo de muchas maneras.
Lo anterior supone también tener alianzas, hacer acuerdo de intercambios con otras agencias gubernamentales que dan servicios y con organizaciones no gubernamentales.
La catedrática añadió que “otro ingrediente que parece bien importante y que ha sido burlado totalmente a través de la propuesta de Bhatia es tener un respeto por el magisterio, por el trabajo que hacen los maestros y maestras, y ese respeto supone no culparlos por todo y darles libertad en sus salones de clase”.
Borrador – Ley para la nueva educación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
