Cuando comencé a hacer investigaciones en el Archivo General, allá por el 1975, los viejos archiveros, Luis de la Rosa y Eduardo León, estaban más que dispuestos a compartir historias de las muchas experiencias que habían tenido trabajando en esta venerable institución. Una favorita era de la persona que se había presentado exigiendo ver la fé de bautismo del cacique Agueybaná. Otra, que contaba Luis de la Rosa con mucha fruición, fue de la vez que se presentaron a la alcaldía de Aguas Buenas para recoger el archivo del siglo 19 de ese municipio según las disposiciones de la ley para la preservación de los archivos municipales. Nadie en el municipio podía dar con los mentados papeles, hasta que le preguntaron al chofer de la alcaldía, y este dijo: “¿Esos son los papeles viejos que son buenos para limpiar parabrisas? Ya se me acabaron”.
Lo cierto es que hasta tiempos relativamente recientes muchos puertorriqueños no le veían mucha utilidad a un archivo o a los papeles viejos que se encontrasen en él, a menos que estuviesen suscritos por próceres o al menos personas famosas. Lo demás no tenía importancia. -Esos eran unos contratos viejos para refaccionar tabaco, le dijo alguien a mi cuñado Enrique Bird Piñero, pero como no tenían la firma de José de Diego o de alguien así, los boté.
Y es que la concepción que la gente tiene de guardar documentos viejos corresponde a su visión de lo que es la historia. Para aquella generación, la historia la hacían los próceres, los grandes caudillos de la política, y lo que hacía el resto de la población puertorriqueña no tenía importancia, no merecía ser documentada.
Cuando las nuevas corrientes historiográficas despertaron el interés de muchos puertorriqueños para conocer su propio pasado, varias iniciativas intentaron asegurar el acervo de fuentes que correspondiera a esos nuevos intereses. Al Archivo General llegaron los protocolos de notario de las distintas partes de la Isla, y en ellos se encuentran las escrituras de compraventa, permuta y traspaso, los testamentos, las protestas, la formación y disolución de sociedades comerciales, las hipotecas, los embargos, las cartas de libertad de los esclavos, los poderes y las escrituras de aprendizaje de a mayor parte de los pueblos puertorriqueños en el siglo 19. Algunos, como los de la zona de Mayagüez, se quemaron y nunca llegaron. Pero la insistencia del Archivo en reunir aquí a los antiguos tomos de los protocolos salvó de la polilla y de las inclemencias del tiempo a muchos protocolos de notario.
Otro esfuerzo notable de la década de los 1970 fue salvar los viejos archivos municipales. En algunos casos, como el citado de Aguas Buenas, fue demasiado tarde. Pero aquí se trajo, y con gran esfuerzo y gasto se restauró el antiguo archivo de Arecibo, que hubo que sacar del aljibe del municipio, y se ordenó el de Utuado, que estaba en ataúdes destinados a los pobres, y que contenía el Registro General de Jornaleros de ese municipio de tiempos del gobernador Pezuela. Otros archivos, como los de Yauco, Isabela y Camuy, llegaron en mejor estado, pero todavía hay archivos municipales que por falta de personal no han podido ser catalogados.
Y es que de poco sirve tener una cantidad de expedientes, si no hay catálogo que permita el acceso sistemático a su contenido. El ejemplo más claro son los archivos de los tribunales de distrito de Guayama y Arecibo, que son riquísimos en documentación, pero que solo tienen una precaria y preliminar catalogación cronológica. Si sabes el año en que algo ocurrió, quizás lo encuentres, pero estate dispuesto a pasar largas horas examinando cajas de una misma década.
El Archivo de Obras Públicas es el que por más tiempo ha estado disponible para la consulta de los usuarios. En él se encontraron muchas de las descripciones topográficas de los municipios que el gobierno ordenó elaborar en los 1840. Algunas, como las de Camuy, son joyas. La mayor parte de estas han sido transcritas a maquinilla hace varias décadas. Pero este fondo todavía da muchas sorpresas, como fue el hallar entre los papeles de concesiones de terrenos baldíos el expediente de fundación del municipio de Cidra, que Frances López López estudió para su tesis de maestría en historia. Es un fondo rico para el estudio de la construcción de carreteras, puentes, iglesias y edificios públicos. Tiene una serie de permisos para el uso de aguas que amerita examen, y una serie sobre censos y capellanías que reproduce escrituras del siglo 18.
El fondo de Audiencia Territorial no tiene toda la documentación que uno esperaría, pero contiene valiosos informes, como los que se le rindieron al gobernador Pezuela después de un año de vigencia de su circular sobre jornaleros. Para el historiador social, más rico es el fondo de Justicia, con su serie sobre Confinados, que tiene expedientes desde fines del siglo 18. Entre esos expedientes José Lee Borges encontró ms de 150 sobre los chinos que vinieron a laborar en la carretera central de Puerto Rico, con sus respectivos expedientes de condena en los ingenios y plantaciones de Cuba.
Un fondo que fascina a los historiadores sociales es el de la Policía Insular. Contiene las circulares emitidas desde el Cuartel General a los cuarteles municipales, las querellas elevadas al Cuartel General, y los libros de Novedades de la Policía, que contienen una mina de información sobre la sociedad puertorriqueña en la primera mitad del siglo 20.
Los papeles recibidos por el gobierno central se hallan distribuidos en varios fondos, el de Diputación Provincial, que es excelente para la segunda mitad del siglo 19, el Fondo de Gobernadores Españoles, que lo constituyen más de 800 cajas de documentos que van desde la segunda mitad del siglo 18 hasta fines del 19, y el Fondo de Fortaleza, que comienza con el gobierno militar, y que no tiene todavía una catalogación completa.
Por ley todos los departamentos y agencias del gobierno deben enviar su documentación al Archivo General después que hayan pasado 30 años. Solo el Archivo tiene la facultad por ley de decidir qué se guarda y qué se descarta. Pero esa disposición de ley no siempre se observa. Como he mencionado anteriormente, el Archivo en el momento carece de suficiente personal para catalogar la ingente cantidad de documentos que ha recibido. Para el historiador interesado en la salud pública, en la historia de la escolarización, en la historia fiscal, en la historia de la familia y de la vivienda, ese enorme retraso en la catalogación de los documentos es frustrante. La consecuencia es que muchas veces es más fácil hacer una investigación sobre el siglo 19 que sobre el 20.
La responsabilidad primordial del Archivo es guardar y hacer disponible para la investigación los documentos públicos de Puerto Rico. Pero el Archivo cuenta con una notable cantidad de colecciones privadas de documentos que enriquecen y complementan el acervo documental. Sea por donación o por adquisición el Archivo tiene una serie de colecciones particulares, desde la famosa y utilísima Colección Junghans, tan rica para el estudio de la zona de Bayamón en las primeras décadas del siglo 20, hasta la colección de los libros de cuentas de las haciendas, que incluye las de las casas comerciales de Lares en vísperas del Grito.
Además de sus colecciones documentales el Archivo cuenta con un fondo de Imágenes en Movimientos, y un fondo de fotografías que contienen numerosas sorpresas para el investigador.
Este breve recorrido por el Archivo, espero yo, los anime a pensar en las posibilidades que ofrece para la investigación, pero sobre todo lo importante que es mantener este bastión de la cultura actualizado, y con todos los apoyos fiscales necesarios para su óptimo funcionamiento.
El autor es historiador y profesor de la Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras.
Comentarios
Especial para Diálogo
Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
