Tienen una finalidad en mente: demostrar que existen otras alternativas para allegar fondos a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y conocer cuál es la intención del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares con el primer centro docente del país.
Líderes estudiantiles de la UPR se reunirán mañana en la Fortaleza con el secretario de la gobernación, William Villafañe, para conocer “cuál es el camino que pretende tomar esta administración con la universidad”, expresó Wilmarí de Jesús Álvarez, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras.
Son varios los asuntos que preocupan a la comunidad universitaria. Quizás el de mayor premura son las expresiones de la Junta de Control Fiscal (JCF) en torno a que la universidad estatal debe contemplar en un futuro próximo su operación sin la aportación del 9.6% del Fondo General, así como su propuesta de un recorte de $300 millones al presupuesto universitario; es decir, un 36% de los $833 millones que se mantienen congelados desde el 2014 por la Ley 66.
El ente federal también propuso una matrícula ajustada a los ingresos (MAI), punto con el que coincide Rosselló Nevares y que el representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR, Gilberto Domínguez Escalera, espera que se debata mañana.
El estudiante de la Escuela de Derecho contempla además que se discutan las tres vacantes en el máximo foro rector de la UPR, cuyos nombramientos recaen en el gobernador.
Aun cuando no se ha circulado una agenda, de Jesús Álvarez enfatizó que se debe dejar claro que existen otras medidas para mejorar la situación económica de la UPR antes de considerar un aumento en la matrícula en la forma de una MAI.
“La matrícula ajustada a los ingresos no debe ser la primera opción en un plan de trabajo. Entendemos que debería haber una reestructuración organizacional de la universidad donde se vean cuáles son los gastos administrativos, por ejemplo, en la nómina de confianza”, señaló.
Otra propuesta de una fuente de ingresos permanente para la UPR, dijo la estudiante, es el proyecto de la Cámara 322 (P.C. 322) sometido por la representante María ‘Tata’ Charbonier, y que rescata el engavetado proyecto de la Cámara 2883 del pasado cuatrienio.
El P.C. 322 busca que el Departamento de Educación suscriba convenios con la UPR para que esta brinde tutorías a la población estudiantil en rezago académico, así como ofrecer apoyo a los maestros y maestras de la agencia en esos servicios, otorgando estos contratos a la universidad del Estado antes que a firmas privadas.
Aparte de Domínguez Escalera y de Jesús Álvarez, en la reunión participarán exrepresentantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno de la UPR, así como Danilo Pérez Rivera y Naysha Alcalá Loaiza, presidentes de los consejos estudiantiles de Cayey y Mayagüez, respectivamente.
Resumen legislativo sobre la UPR
Ya sea por los proyectos de ley bajo discusión en la Asamblea Legislativa, o por las cartas que ha enviado la JCF a la Administración Rosselló, pareciera ser inevitable que la UPR enfrente cambios administrativos y presupuestarios en este cuatrienio.
En cuanto a legislación, la ley 3 del 2017 –Ley para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico– extendió la congelación del presupuesto de la UPR, fijado en $833 millones desde el 2014, hasta el 2021.
Por otra parte, la ley 2 del 2017 –que creó una Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) con más poderes que su predecesora– añade a la Junta de Gobierno de la UPR al director ejecutivo de la autoridad, Gerardo Portela. Así, la composición del organismo quedaría con 14 miembros, diez de ellos nombrados por el gobernador.
