Tras la declaración de culpabilidad de dos exrectores de la Universidad de Puerto Rico, Juan Ramírez Silva (UPR-Arecibo) y Juan Varona Echeandía (UPR-Cayey), por delitos de apropiación ilegal de fondos del pueblo de Puerto Rico, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) urgió a que se dote a la Universidad de Puerto Rico de mecanismos que impidan dichos actos de corrupción en el futuro.
Ramírez Silva y Varona Echeandía se declararon culpables el pasado 6 de febrero por su participación en un esquema de apropiación ilegal de $73,000 en fondos públicos para gastos personales (ropa, servicios de spa y fiestas con donantes del partido gobernante, entre otros). Abusos de poder que, según expresaron representantes de la CMRU, pudieron haber sido evitados, dado que el reglamento de la Universidad de Puerto Rico establece mecanismos rigurosos de evaluación para la selección de rectores.
No obstante, la Ley Universitaria carece de medidas para que las evaluaciones realizadas en consulta con todos los sectores universitarios determinen quién ocupará la rectoría de los Recintos. Los nombramientos de rectores de la UPR quedan a discreción de la Junta de Gobierno de la UPR, compuesta principalmente por personas nombradas desde la Fortaleza por sus lealtades al partido y no necesariamente por sus méritos, denunció la comisión en un comunicado de prensa.
“Los Universitarios llevamos décadas impulsando reformas y anteproyectos de ley para erradicar la politiquería en la UPR. Ninguno de los rectores que se declaró culpable por corrupción–ni Varona Echeandía en UPR-Cayey, ni Ramírez Silva en UPR–Arecibo—fue favorecido en los procesos de consulta realizados en sus respectivas unidades,” señaló en el comunicado la doctora Martha Quiñones, representante docente de la UPR en Arecibo ante la CMRU.
Por su parte, la doctora Isar Godreau, representante docente de la UPR en Cayey ante la CMRU, indicó que “Juan Varona Echeandía fue el único de los tres candidatos no recomendado por el comité de consulta de la UPR en Cayey para el puesto de rector en el 2010”.
“Su nombramiento se impuso desde Fortaleza, como premio por su gestión de recaudación de fondos a favor del Partido Nuevo Progresista”, sostuvo.
Según Godreau, esta falta de respeto a los procesos democráticos de la UPR “obligó a la UPR en Cayey a soportar un ‘líder’ que usó el privilegio de su puesto para cometer actos de corrupción en detrimento del Recinto y de la UPR”.
Por otra parte, los representantes de la CMRU enfatizaron que la UPR es la mejor institución de educación superior del País, por lo cual urge tanto evitar la intervención político partidista en sus asuntos, sobre todo en estos momentos en que se debate su acreditación.
La agencia acreditadora, la Middle States Commission on Higher Education (Msche), ha degradado los 11 recintos de la UPR al estatus de “show cause” (mostrar causa), luego de haber puesto a varias de las unidades en estatus probatorio. Un documento emitido por la Msche en 2009 establece que “la interferencia política en los asuntos de una institución educativa presenta una amenaza a su libertad y efectividad”.
Sobre este particular, Luis Emmanuel Rodríguez, representante estudiantil del Recinto de Ciencias Médicas ante la CMRU indicó que “las prácticas de hacerle caso omiso a los procesos de evaluación que se llevan a cabo desde la base y de poner las lealtades partidistas por encima del criterio de mérito han sido, en gran medida, responsables de que la Universidad no haya contado con líderes capaces de sacar a la institución de la probatoria impuesta por la agencia acreditadora”.
La CRMU surgió en respuesta a los reclamos del movimiento estudiantil y de distintas organizaciones durante las vistas públicas celebradas en mayo de 2017 por la Comisión Legislativa de Educación y Reforma Universitaria, entonces presidida por el senador Abel Nazario. El informe parcial de diciembre de 2017 de dicha Comisión, encomendó a la CMRU la tarea de presentarle al Senado de Puerto Rico un proyecto de enmiendas a la Ley Universitaria.
En diciembre, 2018, el grupo compuesto por 53 representantes electos del sector estudiantil, docente, no docente y de comunidades aledañas a los recintos de la UPR le entregó al Senado de Puerto Rico un informe de progreso con una serie de propuestas iniciales para enmendar la Ley Orgánica de la UPR (Ley #1 de 20 de enero de 1966, según enmendada) con miras a combatir la inmiscusión político-partidista y las medidas de austeridad que afectan a la institución desde hace décadas.
El Informe de progreso está disponible en la página web de la CMRU http://cayey.upr.edu/cmru/
