UPR aprueba nuevo presupuesto

La JS espera ahorrar $50 millones con las medidas de reducción de gastos que incluyen: ahorros en jubilaciones; reducción de un 5% en pago a personal a tarea parcial y por contrato, en compensaciones adicionales y en bonificaciones por funciones administrativas, y eliminación de pago de excesos de licencia ordinaria y licencia por enfermedad. Asimismo, se mantienen congelados los aumentos salariales y los ascensos en rango de empleados docentes y no docentes.

 

Para Lida Orta, la nueva presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la preocupación principal de estas medidas es que se extienden indefinidamente. Las Certificaciones indican que se mantendrán vigentes hasta que la Junta de Síndicos indique lo contrario y, presuntamente, esto sucedería cuando "se normalice la situación fiscal". Sin embargo, Orta se preguntó qué exactamente significa esto y quién lo determina, pues no se ha anunciado una medida de evaluación, un criterio, bajo el cual se vaya a determinar la normalización fiscal. 

 

Por su parte, Wilberto Jiménez, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), denunció que las Certificaciones que reanudan estas medidas van en violación del convenio de la HEEND y la Universidad.

 

“Eso no puede ser modificado por la Junta, sino que debe ser por acuerdo mutuo”, afirmó.

 

La Hermandad ya expresó su oposición ante Ygrí Rivera, presidenta de la JS, pero todavía no han recibido contestación. El líder sindical espera que la situación se mantenga así, pues “a la Junta de Síndicos no le va a importar lo que los universitarios pensemos; van a continuar con su agenda de hacer más caros los costos de los estudios universitarios y buscar a través de diferentes estrategias la privatización la UPR”, indicó.

 

Jiménez opinó que las Certificaciones apuntan a un esquema de reestructuración de los trabajadores, que sigue la línea de la Ley 7. Con este propósito, han decidido congelar las contrataciones para sustituir al personal que se espera se jubile este año. Entre empleados docentes y no docentes, se estima que se retiren unas 900 personas, de las que dos terceras partes permanecerían congeladas, explicó Jiménez. Esta situación, puntualizó Orta, podría "defalcar" el sistema de retiro por este desbalance. 

 

Asimismo, Orta también expresó preocupación por la certificación que congela los ascensos de rango. Opinó que representa "una limitación dramática" en términos de la competitividad de la Universidad a la hora de reclutar facultad y, por lo tanto, en la calidad de la institución. 

 

Por otra parte, sobre las reducciones del 5%, el líder sindical expresó que no está claro si se tratan de mantener las mismas cantidades del año pasado o si por encima de las reducciones que se realizaron el año pasado se reducirá un 5% adicional. 

 

Implicaciones al estudiantado

 

Otra medida, que posiblemente afectará al estudiantado, es la que dicta que “a los fines de optimizar los recursos disponibles”, cada sección de cursos en sala de clase de los currículos subgraduados deberá tener un cupo de un mínimo 30 estudiantes. Orta mencionó como ejemplo el Recinto de Ciencias Médicas, donde ella trabaja. Un laboratorio en ese recinto, afirmó, no podría sostener a 30 estudiantes.

 

"Este tipo de disposiciones está saliendo al garete, sin referencias a situaciones específicas (…) No se ve una coherencia en las directrices; no se observa un seguimiento; no hay análisis de costo-beneficio", puntualizó la presidenta de la APPU.

 

Aun más, a pesar de las medidas, "nuestro presupuesto es insuficiente para cubrir los compromisos ineludibles e institucionales del año fiscal 2011-2012”, lee el documento. Por esta razón, se aprobó también una línea de crédito de $30 millones del Banco Gubernamental de Fomento. 

 

“Es una de las medidas que lo que hace es continuar agravando los bienes de la Universidad con los bonistas”, expresó Jiménez. Mientras, Orta concordó, y añadió que le pareció "increíble que el presidente (Miguel Muñoz) no protegiera la Institución" pidiendo el dinero necesario ante el Senado, como hicieron otras entidades gubernamentales. 

 

El informe del presupuesto indica que los ingresos totales que devengará la UPR se estiman en $919,158,951. Esto representa $30,879,049 menos que el año pasado. Entretanto, las aportaciones del Gobierno de Puerto Rico a este presupuesto consistirán de $778,564,743; lo cual es $7,922,257 menos que en el presupuesto de 2010-2011. Los ingresos provenientes de la misma UPR, por otra parte, disminuyeron por $7,860,532. El único renglón de ingresos que aumentó fue la cuota de estabilización fiscal, que se espera recaude $2 millones más que el año pasado. 

 

Ante este panorama, Wilberto Jiménez recalcó la importancia de que haya “mayor militancia” de parte de todos los sectores universitarios. El presidente de la HEEND indicó que ya se están haciendo reuniones para analizar distintas alternativas a los problemas que enfrentan. Destacó que la huelga sigue sobre la mesa como opción de lucha.

 

“Se están dando todas las condiciones para que se dé una huelga gremial, que estemos todos juntos en la calle defendiendo la Universidad. De cualquier otra manera, no estaríamos reaccionando adecuadamente a lo que el tiempo exige”, declaró.

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