La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificó hoy aumentar el costo del crédito subgraduado a $115 para el próximo año académico 2018-2019.
Esto significa que un estudiante regular, con 12 créditos, pagará $1,380 para el semestre de agosto a diciembre, sin contar con los aumentos que se perfilan en los costos de cuotas y servicios adicionales. El alza en el crédito representa un aumento de más de un 100% en el costo actual de $56.
El aumento se aprobó con seis votos a favor y tres en contra. Los votos a favor fueron de los miembros nombrados por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares: Luis Berríos Amadeo; Antonio Monroig; el presidente del cuerpo, Walter Alomar; la vicepresidenta, Zoraida Buxó; el representante del Departamento de Educación, Eric Pérez Torres; y el representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Alejandro Camporreale.
En contra del aumento del costo de estudio votaron: Gilberto Domínguez, representante estudiantil graduado; Efraín Rodríguez, representante estudiantil subgraduado; y Mayra Olavarría, representante claustral. Mientras, Alan Rodríguez Pérez, representante claustral, se abstuvo.
La decisión se tomó sin considerar las exenciones de matrícula ni el fondo de becas para mitigar el impacto económico a los estudiantes y familiares. Tampoco se determinó cuál será el costo del crédito a nivel graduado.
“A mí me preocuparía un poco que aprobáramos algo como el aumento de matrícula sin tener el escenario completo”, expresó Rodríguez Pérez antes de la votación.
De acuerdo con Alomar, solo se tomó en consideración este punto debido a que ha sido una de las propuestas en convergencia con la Junta de Control Fiscal (JCF).
“Lo que se propone es un plan fiscal, esto no es una ley. Un plan fiscal, como hacen todas las entidades, es un mapa a seguir que puede ser cambiado. Hay unas cosas que van a funcionar y otras no. Es una ruta para tener una universidad sustentable”, expuso el presidente del ente rector durante la reunión ordinaria de la junta.
El aumento ratificado se encontraba en el plan fiscal revisado que entregó la UPR a la JCF el pasado 20 de marzo, pero que fue rechazado por el ente federal quien certificó su propio documento el 20 de abril.
Aunque ambos cuerpos propusieron el aumento de $115 para agosto, la UPR presentó un plan en el que el alza escalonada llegaría a $140 para el 2022, mientras la JCF lo elevó a $157. Esta discrepancia en criterio fue calificada hoy por Alomar como “una diferencia, [que] no es tan drástica”.
Otro de los puntos en que coinciden ambos organismos es en el aumento sobre los costos de cuotas, laboratorios y otros cargos. Por ejemplo, el costo de laboratorio aumentaría de $33 a $100.
“La propuesta que nosotros hicimos sobre el costo de cuotas, laboratorios y otros cargos, ellos [la JCF] también lo adoptaron de manera íntegra, con el mismo aumento que habíamos propuesto y en el periodo escalonado que nosotros habíamos propuesto”, indicó Alomar.
En cuanto a las consolidaciones administrativas de unidades, el presidente de cuerpo expresó que la decisión recaerá sobre la Junta de Gobierno, “escuchando a los estudiantes, a la comunidad universitaria y a los rectores”.
“Eso de las consolidaciones no tiene que ver 100% con asuntos financieros, sí crea unos ahorros, pero tiene que ver con el punto de vista académico, cuáles son las métricas y demás”, aclaró.
La administración universitaria ha difundido, hasta el momento, dos modelos de consolidaciones que reducirían los once recintos y unidades del sistema a entre cuatro o cinco conglomerados a nivel nacional con especializaciones académicas.
Evaluarán las propuestas de la JCF
Alomar también trajo a colación otras diferencias entre ambos planes fiscales.
“Había unas áreas que estábamos totalmente en desacuerdo, uno, era imponer una reforma laboral que ya habíamos presentado que estábamos totalmente en contra. Segundo, la eliminación del bono de Navidad, nosotros en nuestro plan no lo favorecíamos. Tercero, un recorte a las pensiones de hasta un 17% en algunos de los beneficiarios”, enumeró.
Es por esto que el cuerpo acordó evaluar ambos planes fiscales para identificar semejanzas y diferencias, para ver cómo pueden encontrar o llegar a acuerdos entre las partes.
“Podemos aprender de ambos planes fiscales cuál es el razonamiento y el análisis”, mencionó el licenciado.
Posterior a este proceso de análisis, esperan comenzar unas reuniones con el ente federal impuesto por el Congreso para comenzar las negociaciones.
A pregunta de Berríos Amadeo, Alomar reiteró que, en caso de que no se logren acuerdos con la JCF, el plan que se implementaría en el sistema universitario público del país sería el de la administración universitaria.
Se perfila una reducción de exenciones
A pesar de que el ente rector de la UPR tomó la decisión sin delinear una estrategia de mitigación económica para los estudiantes y sus familias, Alomar adelantó que intentará buscar que más estudiantes se beneficien de un fondo general de becas que crearía la institución con un presupuesto de $39 millones.
“Recomiendo que los estudiantes que reciben el full [completo] de la beca –que ahora se aumenta a $6,100– como le cubre la beca completa, esos estudiantes no recibirían ayuda del Fondo de Becas y seguimos bajando a otros estudiantes que no reciben [la beca completa]. Con la mentalidad de que a todo estudiante le sobren de $1,000 a $1,300 por año”, argumentó el abogado.
Esta ayuda monetaria se uniría al fondo dotal propuesto por la JCF en su plan fiscal que contará con unos $65 millones por año, o unos $315 millones en total para el 2023.
En cuanto a las exenciones de matrícula, Alomar indicó que intentarán buscar la manera de que la institución no las otorgue al 100%, “pero que se mantuvieran”.
“Nosotros estábamos trabajando para reducir el número de exenciones, porque teníamos casi 10,000 estudiantes con exenciones, si nosotros somos más cuidadosos con las exenciones que otorgamos podríamos bajarlas hasta unas 6,000 o 5,000. Segundo, bajar el por ciento de exención, que fueran algunas de un 50%, un 40% y hasta un 33%”, detalló.
Aunque no se emitieron detalles del aumento al costo de matrícula a nivel graduado, Alomar se comprometió a enviarle a los miembros de la Junta de Gobierno varios modelos que ha realizado para el Recinto de Ciencias Médicas comparándola con otras instituciones privadas y de Estados Unidos.
