Representantes estudiantiles, el líder de los empleados no docentes, el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios (APPU) y el presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazaron las medidas que exigió la Junta de Control Fiscal (JCF) a la institución por medio de una misiva publicada el domingo en la noche.
Por un lado, los estudiantes de la UPR solicitan información más detallada en cuanto al plan fiscal que la administración universitaria entregó el 21 de marzo a la JCF. Mientras, el presidente interino del primer centro docente del País y los presidentes de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) y la APPU han movido sus resistencias directamente a las medidas que propone la JCF.
En la carta en la que el organismo federal reacciona al plan fiscal sometido por la UPR —y que fue enviada al gobernador Ricardo Rosselló Nevares— el presidente de la JCF, José Carrión III, plantea las acciones que debería tomar la UPR para que el documento pueda ser certificado en o antes del 20 de abril.
Algunas de las medidas propuestas por el ente federal incluyen: aumentos escalonados significativos a los precios por crédito a nivel subgraduado y graduado, reducciones en las pensiones de los empleados, eliminación de la mitad de los trabajadores no docentes de las unidades del sistema para el 2023, consolidación de recintos y eliminación de la gran mayoría de exenciones.
La UPR propuso en el plan fiscal revisado un aumento que llevaría a $140 el costo del crédito subgraduado para el año fiscal 2023. Pero, la JCF exige que el costo por crédito subgraduado aumente a $157 para el próximo año académico, dejando abierta la posibilidad de seguir incrementando el costo posteriormente.
De igual modo, la JCF propone elevar el precio del crédito graduado, argumentando que debería asemejarse a los costos de otras instituciones universitarias en Puerto Rico y Estados Unidos.
Asimismo, se requiere una reducción promedio de 17% a las pensiones de los empleados retirados y la congelación de ciertos beneficios. Además, se exige transformar el sistema de retiro a uno de contribución definida.
“Para nosotros es una sorpresa. Esperábamos que llegara una carta, dado que ellos [JCF] se mostraron bastante insatisfechos con la propuesta que había sometido la administración universitaria, pero no teníamos claro cuál era la línea ni cuál era su recomendación”, expresó Nancy Cardona, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), en entrevista con Diálogo.
Añadió que hace falta transparencia en la información del plan para conseguir una transformación universitaria exitosa, como indicaron representantes del sector estudiantil la semana pasada tras reunirse con la JCF.
De igual modo, el presidente del CGE del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Marcus Ramos, indicó que la administración universitaria y el Gobierno de Puerto Rico deben reaccionar de inmediato en defensa de la educación universitaria pública del País.
“Aquí tienen una oportunidad para confrontar a la Junta en cuanto a la defensa de la Universidad de Puerto Rico para los próximos años”, manifestó el líder estudiantil.
Al igual que Cardona, el presidente de los colegiales recalcó que aunque difiere con la JCF en las medidas de austeridad, coincide en la solicitud de información hacia la administración universitaria sobre los detalles específicos del proceso de consolidación de recintos.
Por su parte, el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman, expresó en una conferencia de prensa que el plan fiscal revisado “es un borrador y tenemos evidencia de dónde salieron los números. Esa parte no se publica [aunque] podemos añadir fórmulas más específicas que nos lleven a eso”.
Además, Hillman sostuvo que su administración continuará defendiendo otras medidas de ingresos adicionales. “Tenemos muchas medidas de ingreso a las cuales la Junta [de Control Fiscal] no ha querido hacer mucho caso. Vamos a insistir en que esos medios son la manera y nuestra política es hacerla”.
En tanto, José Torres, presidente de la Heend, se expresó en total desacuerdo con la medida propuesta por la JCF sobre eliminar un 50% de los empleados no docentes para el año fiscal 2023.
“Ciertamente nosotros no vamos a permitir que el 50% de nuestra matrícula se pierda. Eso no es permitible, obviamente, y nosotros daremos la batalla de cualquier forma”, sostuvo Torres.
Asimismo, aseguró que es inaceptable la reducción de los beneficios del sistema de retiro. “Ellos quieren a todas luces tratar de eliminarlo también, de modo que tanto los retirados como los activos tenemos que dar la batalla para que nuestro retiro se mantenga y no acceder a ese chantaje de la JCF, a ese chantaje de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico de querer eliminarnos un beneficio que por tantos años nosotros hemos luchado y hemos pagado”, sostuvo.
De otro lado, José Rivera Caballero, presidente de la APPU, declaró que el envío de la carta de la JCF a la UPR en la que demanda cambios al plan fiscal de la institución presenta varias contradicciones. Explicó que por un lado la JCF reconoce la importancia que tiene la UPR para el desarrollo del País, pero por otro se imponen unos recortes “que desmantelan a la Universidad y le da un golpe terrible a la capacidad que tiene la Universidad para cumplir con es rol”.
Otra contradicción, según el líder de la APPU, es que la Junta establece que el propósito de todas esas medidas es llevar a la UPR a tener estabilidad fiscal. Rivera Caballero argumentó que la alegada crisis fiscal de la UPR la crean los presentes recortes así como los impuestos a la institución desde el 2014, cuando se congeló la fórmula gubernamental de la que la Universidad recibía cerca de un 60% de su presupuesto. Igualmente criticó que la JCF interviniera en la modificación de la política pública de la financiación de la educación pública del País.
Asimismo, el docente alertó que, aunque la carta no menciona el despido de profesores abiertamente, se infiere que habrá una reducción de plazas docentes con el cierre del 62% de los programas académicos, según el plan fiscal sometido a la JCF. La propuesta, de acuerdo con Rivera Caballero, ya cuenta con el aval de la JCF, por lo que se deduce de la carta bajo el renglón de Expenditure Measures: “(ii) a description of faculty reductions with corresponding fiscal impact associated with the elimination of non-compliant programs, as outlined in the Proposed Plan”.
“¿Cuántas plazas docentes esto representa?”, se preguntó el profesor.
Además, indicó que el encarecimiento del costo de los estudios fomentará el éxodo de los universitarios de la UPR. Criticó que se insista en aumentar los costos de los créditos en un momento donde la pobreza en el País ha aumentado tanto.
Finalmente, Rivera Caballero señaló que la propuesta para reducir las pensiones es llevar a la inseguridad y a la pobreza a los jubilados del sistema. “Van a llevar a la quiebra nuestro sistema de retiro y a la pobreza a nuestros empleados”, advirtió.
