Por: Eunice M. Ortiz Nieves
La Universidad de Puerto Rico durante años ha asumido un rol protagónico en la lucha por el derecho constitucional a una educación accesible, gratuita y de calidad. El primer centro docente del país se ha convertido en la sede del gobierno de turno, quienes junto a la Junta de Control Fiscal han trabajado sin descanso para desmantelar la educación pública.
Los recortes millonarios, el cierre de hospedajes, eliminación de exenciones, becas y otras ayudas económicas han menoscabado la oportunidad de continuar estudiando. Ante esto, urge se considere la aprobación de una reforma universitaria que responda a las necesidades particulares de la institución y el estudiantado.
El pasado 13 de marzo de 2020 se radicó el proyecto de la Reforma Universitaria en el Senado de Puerto Rico (P.S. 1536) ‘’a fines de dotar a la Universidad de herramientas imprescindibles para garantizar su autonomía, permitiéndole así contar con los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de su misión.’’
El proyecto intenta reconocer a la UPR como un servicio esencial para el desarrollo socioeconómico sostenible de Puerto Rico. Surge de esfuerzo colectivo y participativo de organizaciones y representantes de la comunidad universitaria. Le atribuye nuevas estrategias de gobernanza, autonomía, sin afiliaciones político-partidistas y fortalece su financiamiento para continuar brindando una educación de excelencia.
El pasado 9 de julio de 2020, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) envió una carta acompañada con más de 12,000 firmas a la gobernadora Wanda Vázquez, solicitando que se incluya el Proyecto de la Reforma Universitaria en la sesión extraordinaria. El P.S. 1536 no pudo ser aprobado por el cuerpo legislativo, debido a que la administración de la Universidad de Puerto Rico, específicamente el Sr. Jorge Haddock Presidente de la Universidad, no presentara su memorial explicativo solicitado expresando su apoyo al proyecto.
Como es de conocimiento público la pandemia por el COVID-19 detuvo los procesos para la consideración de la medida legislativa. No obstante, el pasado 4 de febrero de 2021 un grupo de docentes y no docentes se presentaron nuevamente en la Asamblea Legislativa actual para la consideración de este proyecto.
La medida respondía al PS. 546 y ahora bajo el P.S. 172 con el apoyo de 13 senadores coautores y la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria. Cuyo organismo está compuesto por docentes, no docentes y estudiantes para establecer una nueva ley que detenga la corrupción y responda a las necesidades de la Universidad de Puerto Rico.
La aprobación de este proyecto es indispensable para proteger la UPR, garantizar su autonomía y lograr una educación accesible y gratuita para todos y todas. Hago un llamado al gobernador y al Presidente de la Universidad a cumplir con su responsabilidad y considerar la aprobación de este proyecto para proteger la educación universitaria. Si queremos que futuras generaciones gocen de una educación superior y de calidad, el momento de protegerla y asegurarla es ahora. La UPR representa mi presente y mi futuro. Toca defenderla, hoy, mañana y siempre.
La autora es estudiante subgraduada del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
