A raíz de la investigación que llevan a cabo sobre las becas presidenciales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sometió una querella contra el expresidente de la institución Uroyoán Walker Ramos, por presunta violación a tres incisos del artículo cuatro de la Ley de Ética.
La querella engloba las becas de Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez, y a quien se le otorgó una cantidad de $23,200, y la de Carlos Pagán Cuebas, recipiente de $40 mil. Por tratarse de dos becarios y tres incisos a la ley, las infracciones suman un total de seis.
Parte de los cuestionamientos hechos sobre las becas de Sánchez Sepúlveda y Pagán Cuebas surgen debido a que ambos candidatos fueron recomendados antes de la fecha de la convocatoria establecida por Walker Ramos. Igualmente, el comité a cargo del programa determinó no recomendar a Sánchez Sepúlveda ni a Pagán Cuebas por no cumplir con los requisitos de la beca.
“Para cada uno de esos becarios, los abogados entienden que el expresidente incumplió con la Ley de Ética. Así que son dos violaciones por inciso y eso determinará el potencial de multa al que estará expuesto el señor Walker”, expresó a Diálogo la directora ejecutiva de la OEG, la licenciada Zulma Rosario Vega.
Al momento, Walker se enfrenta a una multa de $20 mil por cada una de las seis violaciones, además del cargo de devolución de fondos públicos de $63,200, monto desembolsado entre esas dos becas. En total, los cargos ascienden a $183,200.
“Son $183,200 potenciales, pero también existe, y surge de la misma querella, el potencial de que una vez este caso se vea en su fondo, una sanción del triple de daño. Esa cantidad va a depender de la prueba que pase en el proceso adjudicativo”, añadió Rosario.
La querella, un documento público que puede ver abajo, fue expedida el 28 de septiembre. Sin embargo, no fue hasta hoy, 3 de octubre, que se hizo pública para certificar que el doctor Walker Ramos la haya recibido. Según Rosario, el expresidente de la UPR obtuvo copia de la querella.
Walker Ramos tiene 20 días, a partir de la fecha de expedición, para responder a los señalamientos de la querella. Luego de ese momento, tal como describió la licenciada, comenzaría el descubrimiento de pruebas, conferencias relacionadas con el procedimiento y las vistas para enseñar la prueba. Más adelante, la parte querellada tendrá un espacio para presentar sus propios documentos o testigos.
“Si no lo hace, puede que sea por una de dos razones. Número uno, porque entiende que no tiene nada que decir y da por bueno lo que la oficina alegó. En todo caso, se vería como rebeldía, algo que ocurre en los tribunales, porque se le ha dado la oportunidad. O puede, una vez culmina el proceso de descubrimiento de pruebas, verlas y levantar las manos y tratar de llegar a un tipo de acuerdo. Eso ocurre con mucha frecuencia aquí. Al principio, te dicen que ellos no hicieron nada, pero, cuando ven la prueba y la solidez de la misma, buscan llegar a un tipo de acuerdo”, explicó Rosario.
Diálogo intentó comunicarse con Walker Ramos para una reacción sobre el particular, pero, hasta el momento, no hubo respuesta.
Luego de estar inactivo desde el 2010, Walker Ramos solicitó retomar el programa de becas presidenciales en el 2015. El 3 de julio de 2015, el entonces presidente le comunicó a los rectores mediante una carta que tenían hasta el 30 de ese mes para someter sus candidatos a recibir estas subvenciones.
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