Por: Joel Cintrón Arbasetti
El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) contrató a la compañía V2A Strategic Management para que dé servicios técnicos y de consultoría al llamado “grupo de trabajo”, nombrado por el gobernador Alejandro García Padilla, durante la elaboración e implementación de un “plan de ajuste fiscal y económico” de cinco años. El plan tendrá como base las políticas de austeridad recomendadas por los economistas Anne Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe en un informe comisionado por la administración de turno a un costo de $400 mil, y se usará para convencer a los bonistas a renegociar las diferentes deudas del gobierno, supo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Diferentes miembros del grupo de trabajo han dicho que la participación ciudadana es importante en este proceso, pero ningún funcionario ha revelado qué empresas o grupos del sector privado o de la sociedad civil están participando. Tampoco se anunció la contratación de V2A como la firma de “expertos” que tendrá a su cargo “manejar el proceso y recopilar (la información) para el borrador del plan”, cuya versión final debe ser presentada en la legislatura en o antes del 30 de agosto. El contrato tiene un tope de $409,500, con vigencia hasta el 13 de octubre y con la opción de ser extendido mediante enmienda.
V2A fue la firma consultora encargada de asesorar a la administración del exgobernador del Partido Nuevo Progresista Luis Fortuño, para la implementación de la Ley 7. Para entonces, el gobierno nombró una “Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal” que buscaba reducir los “gastos operacionales del gobierno” en 2 mil millones, entre los años fiscales 2009 y 2010, lo cual redundó en el despido de miles de empleados públicos. Según datos del Negociado de Estadísticas del Departamento del Trabajo, en junio de 2009 había 292,000 empleados públicos y en junio de 2010 había 279,000, lo que representa una baja de 13,000 empleos en el gobierno.
El contrato entre V2A y la administración Fortuño para la implementación de la Ley 7, también se dio a través del BGF, por la cantidad de $960,000.
La cifra oficial de los gastos del gobierno en 2009 fue de $9,927,470,000 mientras que en 2010 los gastos se redujeron a $9,582,094,000, lo que representó una reducción de $345,376,000. Esto significa que, a pesar de los miles de despidos de empleados públicos, la reducción lograda en los gastos fue de un 17% de la meta inicial encomendada a la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal, con el apoyo de V2A.
V2A fue incorporada en Puerto Rico en 2010, aunque en su página web indica que comenzó a operar en 2004.
El CPI obtuvo el contrato de V2A, así como el anejo del mismo. Lo que se ha presentado como el “Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico” de la administración de García Padilla, se denomina en la propuesta de la empresa V2A Strategic Management como un Comité Directivo (Steering Committee). El mismo está compuesto por Melba Acosta Febo, presidenta del BGF, César Miranda, secretario del Departamento de Justicia, Víctor Suárez, secretario de la gobernación, Eduardo Bhatia, presidente del Senado y Jaime Perelló, presidente de la Cámara.
En un diagrama de trabajo contenido en la propuesta de V2A al BGF, se nombra a otro grupo llamado Project Leads, compuesto por Acosta Febo junto a Roberto Jiménez, uno de los directores de V2A y exasesor económico del gobierno de Pedro Rosselló e integrante del Comité de Transición de Luis Fortuño, y José A. Arroyo Pont, jefe de proyectos de V2A, uno de los directores de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico y propietario del restaurante Mezzanine. En la propuesta también se nombra a otro grupo, Working Team, formado por el BGF y René Yamín, director de V2A junto a tres consultores de esta firma cuyos nombres no se mencionan. Yamín también es director de Akcelita, firma de consultoría tecnológica, y trabajó para la firma consultora McKinsey & Company.
Este Working Team estaría a cargo de las “actividades del día a día” del grupo de trabajo para desarrollar un plan económico y fiscal, según la propuesta de la compañía, anejada como un documento “confidencial” en el contrato que firmaron con el BGF. Contrario a la Oficina del Contralor, el BGF envió al CPI una versión del contrato que no contiene la propuesta de V2A adjunta.
El BGF solicitó una propuesta de trabajo a V2A, la cual fue sometida el 9 de julio. Siete días más tarde, el BGF firmó el contrato con esa compañía por $130,000 al mes más $19,500 en gastos reembolsables.
El contrato tiene una cláusula de confidencialidad que establece que el BGF dará toda la información, datos y documentos que solicite el personal de V2A, pero la empresa no tiene la obligación de verificar dicha información de forma independiente y no asume responsabilidad por la exactitud o lo completo de los materiales o la información sobre la que deben trabajar.
No tiene obligación tampoco de realizar una evaluación o apreciación independiente de ningún activo u obligaciones del BGF. Según el contrato, V2A debe asumir que toda la información que reciba fue preparada “razonablemente” y que “refleja lo mejor de los estimados disponibles y los criterios” del BGF.
Los estados auditados del gobierno de los pasados dos años fiscales no están disponibles, lo que presumiblemente representaría una limitación adicional que enfrentaría V2A en el análisis de la información que le provea el BGF.
“El material no será auditado por el consultor (V2A) y, por consiguiente, no expresará opinión al respecto”, dice el acuerdo.
“El banco (BGF) hará su mejor esfuerzo razonable para asegurar que el material y toda otra información o documento que se brinde de parte del Banco al Consultante (V2A) o a terceros será verdadera, completa y correcta”, añade.
V2A tuvo otros contratos registrados en la Oficina del Contralor desde el 2009, incluyendo otros cuatro con el BGF y tres con la Oficina del Gobernador firmados entre 2009 y 2010. También fueron contratados por el Departamento de Hacienda, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Banco de Desarrollo Económico y la Compañía de Fomento Industrial, entre 2009 y 2012. En total el gobierno ha otorgado $3,605,789 en contratos a V2A Strategic Management desde 2009.
En 2014, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados dió un contrato con un tope de $1,125,000 a V2A para la implementación de un “nuevo proceso de Manejo de Capacidad”. Pero dicho contrato no está registrado en la Oficina del Contralor. El CPI solicitó este contrato a la AAA, pero la persona encargada de los contratos de la agencia no estaba disponible este lunes.
Manuel Calderón, fundador y uno de los directores de V2A, es ingeniero químico de profesión y tiene una maestría en negocios. También pertenece a la junta de Directores del Grupo Guayacán desde 2013 y a la Junta de Asesores de Foundation for Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que trabaja para el “desarrollo económico y social de Puerto Rico”.
El Centro de Periodismo Investigativo trató en varias ocasiones de contactar a personal de V2A pero no obtuvo respuesta. También solicitó una entrevista con Melba Acosta, directora de BGF, pero la oficial de prensa del BGF, Betsy Nazario, informó que Acosta no estaba disponible.
En un correo electrónico, Nazario dijo que “V2A asiste al Grupo de Trabajo en el manejo general del proyecto, incluyendo asistencia en la creación de subgrupos que trabajarán en el análisis y estudio de cada una de las recomendaciones del Informe Krueger”. Indicó además que “como parte de su trabajo, ellos evaluaron planes de ajuste fiscal de variados estados y países para ayudarnos a desarrollar un formato que se ajustara a nuestro plan”.
El informe Krueger fue presentado en junio para persuadir a los bonistas de que es necesaria una reestructuración de la deuda, luego de que el gobernador anunciara que el gobierno no podrá cumplir con los términos actuales que imponen las firmas de inversión que manejan los bonos de Puerto Rico. El informe Krueger propone un plan fiscal de cinco años que incluye la eliminación del salario mínimo federal, extender el periodo probatorio de los empleados nuevos de tres meses a uno o dos años, eliminación de horas extras, el despido de maestros y el cierre de escuelas.
Este texto fue publicado originalmente en el Centro de Periodismo Investigativo.
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