El Gobierno de Puerto Rico enfrenta un choque de fuerzas que pudiese estar relacionado a las protestas de la ciudadanía y a intereses en torno a la candidatura política de las próximas elecciones. Y es que, luego de claras reacciones de inconformidad social por el despido de miles de empleados públicos, Jenniffer González, presidenta de la Cámara de Representantes, expresó que pretende revocar dichas cesantías mediante enmiendas a la Ley 7. Tanto González, como el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio Silva, han diseñado estas enmiendas al percatarse de que dicha Ley ha sido repudiada por diversos grupos en el País, según explicó Manuel Almeida, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. “Se ha suscitado un incremento gradual y progresivo de protestas multitudinarias en contra de la Ley 7. En respuesta a estas manifestaciones, los Representantes, que no quieren perder su popularidad, han hecho un cálculo de las elecciones del 2012. Es ahí cuando empiezan a resbalar y a cambiar de posicionamiento. Si la ciudadanía no se hubiese manifestado masivamente, el Gobierno hubiese procedido como correspondía”, comentó Almeida. Por su parte José Rivera Santana, profesor de Planificación en la misma Universidad, coincide con Almeida en que la nueva postura de la presidenta de la Cámara está relacionada con las presiones generadas por las protestas y con intereses de revalidar su candidatura en las próximas elecciones. Rivera Santana, que también es dirigente del MINH (Movimiento Independentista Nacional Hostosiano), añadió que existen otros factores relacionados a la reciente decisión de González, como el entendimiento de que dicha Ley agravará la recesión, en lugar de resolver los problemas del País, y de paso comparó la situación actual con las luchas en contra de la presencia de la Marina de Estados Unidos en Vieques, en el año 2000. “La lucha en contra de la Marina en Vieques es diferentes en su contenido, pero similar en el modo que diferentes grupos le apoyaron. Los legisladores deben tener eso muy fresco en sus memorias y es otro factor importante en su postura”, dijo Rivera Santana. Por otra parte, González aseguró que con estas enmiendas busca revertir los despidos anunciados por el gobernador Luis Fortuño ya que los mismos fueron efectuados sin tener un presupuesto aprobado. Sin embargo “desde que el proyecto fue firmado, los representantes sabían que no había ningún tipo de presupuesto; esto es una excusa de González para evadir la realidad y proporcionar alguna respuesta” argumentó Rivera. Ambos profesores auguran que las protestas y rechazos a la Ley 7 van a continuar progresando. Almeida explicó que el futuro del programa de gobierno tendrá que ver con la resistencia que presente la ciudadanía.“ Si los grupos son contundentes en su resistencia, se enmendarán los proyectos; si no, todo procederá como fue aprobado”, concluyó el Catedrático. La llamada Ley 7, que entró en vigor el 9 de marzo y consta de tres fases -cuyo nombre oficial es “Ley Especial sobre emergencia fiscal”- es la apuesta legislativa del Gobierno de Puerto Rico para acabar con el déficit fiscal de más de 3.200 millones de dólares que tiene el País.
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