Han sido unos días duros para La Parguera. Es un sitio para vacacionar, pero si fuese un ser humano La Parguera necesitaría vacaciones.
Como si la trama con respecto a la privatización de la costa de Lajas no fuese suficiente, ayer se supo que unos niños encontraron un artefacto militar de la Marina de Guerra de Estados Unidos en las aguas del Cayo Enrique.
Sí, artefactos militares en La Parguera. La Policía ocupó en la tarde del domingo un cilindro de la Marina con etiquetas de “peligro” e instrucciones sobre qué hacer en caso de ser encontrado. Según dijo la directora de Manejo de Emergencias de Lajas, Ahymet Rivera, un residente de La Parguera avisó a través del Sistema de Emergencias 911 que sus hijos habían encontrado el cilindro en las aguas del Cayo Enrique.
“Los militares dieron instrucciones para recogerlo (el artefacto) y guardarlo en el cuartel de policía para luego ir a buscarlo”, dijo Rivera a Primera Hora, señalando que expertos de explosivos de la Policía aludieron a la posibilidad de que el objeto militar llegara allí arrastrado por corrientes marinas.
Ante el historial de más de un siglo de ejercicios militares de la Marina Guerrera estadounidense en el archipiélago boricua, sobran razones para que esto alarme. Sin embargo, Diálogo llamó al cuartel de la Policía y a la oficina de Manejo de Emergencias en Lajas. En ambas ocasiones se informó que lo encontrado no era “nada cercano a un explosivo”, más bien era “un artefacto que flota y usan para dar señales”.
Esta actividad de fin de semana con sabor a costa de Vieques o Culebra es el último plátano de un racimo de controversias, ante el Proyecto del Senado 1621 que pretende dar permiso de superficie marítima a los dueños de estructuras ilegales en la valiosísima área de La Parguera. Esas estructuras ilegales son las casitas pintorescas, de colores brillantes y bien cuidadas, cuyo valor ya ronda por el medio millón de dólares.
Tras aprobarse de forma acelerada y luego revisarse atropelladamente en asamblea legislativa ante un coro de voces de alerta en la opinión pública, el proyecto aún no es ley. El gobernador Alejandro García Padilla todavía no dice si lo firmará o lo vetará. Esta semana que pasó, varios datos — que deben influenciar su decisión hacia un lado u otro — salieron a la luz pública.
Desde una esquina, las comunidades científicas y legales llaman a capítulo al primer ejecutivo con dos cartas firmadas por decenas de los más laureados profesionales del país. Desde la otra y entre las sombras emergen nombres poderosos, como uno de los dueños del Mall of San Juan, quien durante este cuatrienio y el pasado ha donado miles de dólares al Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP).
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Vamos a la ciencia. Y es que medio centenar de expertos en ciencia – no políticos o legisladores o millonarios con casas en La Parguera o activistas sociales que se oponen al proyecto – los científicos, los que sí saben de ciencia, coinciden en una cosa: García Padilla debe vetar el controvertible Proyecto del Senado 1621 que otorga títulos de propiedad a estructuras ilegales en La Parguera.
En una carta firmada por más de 50 expertos en oceanografía, ecología, geología y planificación, entre otras disciplinas de las ciencias naturales y sociales, la comunidad científica puertorriqueña le ha exigido al gobernador que vete el proyecto impulsado por los senadores Larry Seilhamer, penepé de Ponce, y el saliente Antonio Fas Alzamora, popular de Cabo Rojo.
La lista de profesionales que firman la misiva es un verdadero “quién es quién” de la comunidad científica puertorriqueña, donde se destacan, entre otros, el geólogo Pedro Gelabert, exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), presidente de la Junta de Calidad Ambiental, y director de la Oficina del Caribe de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles), y el doctor Ernesto Otero, director del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Mayagüez.
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Este proyecto abre la puerta para la privatización de terrenos de dominio público en las zonas marítimo-terrestre. En la carta, los científicos exponen que “el proyecto establece precedentes que no están sustentados por la ciencia y la realidad del cambio climático”.
Añadieron que “el proyecto, como redactado, no atiende la realidad de los efectos del cambio climático entre los que podemos resaltar el alza en nivel del mar y el aumento en intensidad de eventos atmosféricos. Las estructuras están en plena zona marítimo terrestre y la mayor parte ya dentro del agua, por lo que los impactos antes mencionados ponen en riesgo la salud y la propiedad que se propone atender”.
Reiteran que La Parguera ha sido reconocida por décadas como un área de extraordinario valor ecológico, tanto por agencias federales y estatales, y entidades dedicadas a la investigación. El área ha sido objeto de múltiples estudios científicos realizados por expertos internacionales en temas sobre los ecosistemas marinos tropicales, siendo sede del Laboratorio de Investigaciones del Departamento de Ciencias Marinas de la UPR, Recinto de Mayagüez, ubicado en la Isla Magueyes, en La Parguera.
Los manglares de la zona forman parte del Bosque Estatal de Boquerón desde el año 1918, fecha en que fueron declarados como bosque insular mediante proclama del entonces gobernador, Arthur C. Yeager. Sus aguas y manglares fueron designados como reserva natural y como parte del Área de Planificación Especial del Suroeste, sector de La Parguera, a principios de la década de 1980, en virtud del Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico. Este programa es administrado por el DRNA, la Junta de Planificación, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en ingles).
Así las cosas, el más de medio centenar de científicos y científicas que firmaron la carta recomendaron a García Padilla que no apruebe el P.S. 1621, pues “establece un precedente negativo privatizando bienes de dominio público exclusivamente en el sector de La Parguera, teniendo repercusiones en las demás estructuras ubicadas en la zona marítimo terrestre en todo Puerto Rico”.
“Precedente fatal para nuestro estado de derecho”
Además del reclamo científico, un conglomerado de abogados se reunió en la tarde del miércoles con García Padilla. Le hicieron llegar una carta firmada por más de 50 profesores pertenecientes a las tres escuelas de derecho en Puerto Rico. Los abogados y juristas también le solicitaron a García Padilla que vete el Proyecto del Senado Núm. 1621. Indican que la medida, radicada por los senadores Antonio Fas Alzamora y Larry Seilhamer, pretende privilegiar a personas que han construido casas de veraneo ilegales, permitiendo su permanencia sobre terrenos de dominio público a orillas de la Parguera, en el municipio de Lajas.
En la carta suscrita por miembros de la facultad de derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Pontifica Universidad Católica de Puerto Rico, estos alertaron que de aprobarse esta legislación, se establecería “un precedente fatal para el país, para nuestro patrimonio público y para nuestro estado de derecho”, conformándose a la vez “una tendencia irreversible de privatización de áreas públicas, de eliminación del acceso a los bienes de uso público y de la pérdida irreversible de nuestras costas”.
La carta fue entregada personalmente al gobernador por los licenciados Érika Fontánez, María L. Jiménez, Belén Guerrero Calderón, Michel Godreau Robles y Pedro Saadé Llorens, todos profesores de la Escuela de Derecho de la UPR.
Coteja la carta de los abogados y juristas pulsando aquí.
Los juristas y académicos señalaron que “La Parguera siempre ha sido un ejemplo en Puerto Rico de cómo nuestro ‘estado de derecho’ falla y cómo se va socavando la legitimidad de nuestras instituciones jurídicas. Es de conocimiento público que en diferentes momentos personas con vínculos institucionales han poseído propiedades ilegales allí.
“Lejos de condenar ese trato preferencial, lo que corresponde es que nuestras Ramas de Gobierno den el ejemplo y no usen la ley para refrendarlo”, indicaron. Con ejemplos como este, dijeron, “el público y la ciudadanía en general, continúan perdiendo la fe en sus instituciones y en la aplicación del Derecho”.
Sostienen los que educan a la clase jurista en Puerto Rico que “la legalización de tal privilegio, sería contraproducente no solo porque permite un daño irreversible a un área natural y al disfrute de los bienes de dominio público, sino también –y quizás más importante- porque sería un golpe más a nuestro frágil estado de derecho”. En otras palabras, explicaron, “se utiliza perversamente la ley para privilegiar y condonar lo ilegal en detrimento del patrimonio común y en beneficio de unos pocos.”
Del Mall of San Juan a La Parguera un paso es
Como habrá notado, La Parguera ha estado caliente en las noticias. Como resaltamos en Diálogo la semana pasada, el diario digital Noticel publicó una lista de los dueños de las casas ilegales que hay en La Parguera. La semana pasada, una investigación de la revista noticiosa de la televisión local arrojó mucha más luz sobre quienes mantienen intereses en el área. Entre los que han adquirido casas figuran familiares de la jueza presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronoz y el contratista del gobierno municipal de Lajas Edison Lluch.
También, tiene casa allí uno de los dueños del Mall of San Juan, el muy activo donante político partidista Luis Rivera Siaca.
Desde tres meses antes de que García Padilla ganara las elecciones en 2012 hasta un mes antes de que anunciara que no correría a la reelección, Rivera Siaca le había donado al entonces candidato del PPD, al propio partido y a la candidata a la alcaldía de Morovis un total de $10,300.
Bueno, pero no es como si Rivera Siaca tuviese una conciencia estadolibrista y popular. Hay que jugar para ganar. Durante los últimos dos años del pasado cuatrienio, mientras se construía el Mall of San Juan en la capital, Rivera Siaca le donó un total de $6,500 al expresidente del Senado Tomás Rivera Schatz, al exalcalde de San Juan Jorge Santini y al Comité Municipal de San Juan del PNP.
Otras figuras de poder de antaño, como la excontralora Ileana Colón Carlo, han ido a los medios a defender el proyecto y su facultad de legalizar estas casas flotantes para ricos, algunas ya con precios de medio millón de dólares. En la radio AM y en la televisión, tanto el propio alcalde Marco Antonio Irizarry como el senador Fas Alzamora siguen defendiendo el proyecto a brazo partido.
“Son unos mangles con babote. Si tú quitas eso nadie irá allí”, dijo mientras tanto el senador Fas Alzamora en su defensa del proyecto durante la entrevista televisiva de la periodista Valeria Collazo Cañizares de Telemundo. “No es una privatización, no privatiza nada. No hay derecho de propiedad”, agregó. Además, verbalizó Fas Alzamora: “¿De quiénes son las marinas? De gente que tiene dinero para tener botes. La marina no es de gente humilde. Y están ahí reconocidas”.
Fas Alzamora enfatizó que con los fondos de arrendamiento de superficie marítima en La Parguera serán destinados “a mantener ese recurso natural”. A continuación el reportaje al que aludimos. Y pendiente, que todo apunta a que a La Parguera le quedan días calientes por vivir.