El capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) aún averigua si en Puerto Rico ha habido detenciones por la nueva orden migratoria de Casa Blanca, pero se mantiene en alerta y listo para batallar lo que entienden es un acto “inconstitucional”.
“No sabemos, y continuamos averiguando, pero ya estamos montando un equipo especializado de profesionales y personas diestras en el campo de libertades civiles y derecho migratorio para trabajar con las situaciones que surjan”, dijo a Diálogo durante la mañana del domingo el abogado y director del capítulo borincano de la ACLU, William Ramírez.
La jueza Anne M. Donnelly, del Tribunal Federal del Distrito de Nueva York, aprobó un interdicto que solicitara de emergencia el sábado la ACLU, donde se detiene la orden ejecutiva de Trump hasta que se vean los méritos y efectos legales del mandato presidencial.
Con su controvertible orden presidencial, Trump suspende todo el programa de refugiados por cuatro meses y cierra la entrada de refugiados sirios de forma indefinida.
Asimismo, el mandato del presidente que juramentó hace 10 días reduce a la mitad el cupo de refugiados que había establecido la administración del expresidente Barack Obama y también prohíbe durante 90 días la entrada de la mayor parte de los ciudadanos de Siria, Irán, Iraq, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.
La ordenanza de Casa Blanca también suspende visas y tarjetas verdes de la mayoría de inmigrantes y viajeros de los países mencionados en una movida tan confusa que ni siquiera el jefe del gabinete de Trump, Rience Piebus, ha podido explicar bien.
“La orden no afecta a quienes tengan residencia a partir de ahora”, dijo Piebus en vivo al periodista Chuck Todd en el programa Meet The Press, de NBC, en alusión a los ciudadanos de Libia, Somalia, Irán, Irak, Sudán, Yemen y Libia que ya tengan tarjetas verdes.
El alto funcionario de Trump, sin embargo, luego indicó que los oficiales de inmigración deberán usar “discreción en su autoridad” para detener e interrogar a sospechosos que provengan de estos países, especialmente si realizan viajes frecuentes. En un email que envió el sábado a la agencia noticiosa Reuters, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Gillian Christensen, confirmó que, en la práctica, Casa Blanca ha ordenado que se bloquee “a los portadores de residencia legal en el país”.
Claro que ahora mismo todo está en veremos luego del interdicto judicial de la jueza Donnelly, de la corte federal de distrito en Brooklyn. Al cierre de esta edición se desconocía la fecha en la que se verían las cualidades legales del interdicto en un tribunal federal.
“Lo que ha aprobado el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York es un interdicto provisional, una medida cautelar para mantener un estatus quo pues considera que los reclamos de la parte demandante, en este caso los inmigrantes, tienen altas probabilidades de prosperar. Es una medida de protección igualitaria para los inmigrantes ante un orden presidencial”, explicó Ramírez.
Al revisar las especificaciones de la jueza Donnelly, Ramírez explicó que “al haber una posibilidad de daños, se sopesa cuál pudiese ser el daño a la parte demandada”. Se entiende con la decisión entonces que “no sobrepasa el daño causado a unos emigrantes que han llegado por necesidad de refugio pues son perseguidos en sus países, por diversas razones”.
La jueza Donnelly determinó que la deportación podría causar a estas personas un “daño irreparable” al tener que volver a países donde han sufrido amenazas. Además, subrayó en la vista de emergencia que los arrestados son personas con una visa válida obtenida tras haber seguido todo el proceso legal para su consecución.
“La orden paraliza todo y no puede ser implementada hasta que sea visto el caso en sus méritos. Si la jueza determina en contra de la demanda pues levanta la orden y todo sigue como Trump quiere que sigue. Si la demanda prospera y se resuelve a favor de los clientes de la ACLU, pudiera declararse inconstitucional”, apuntó Ramírez.
Derechos civiles dentro de comunidad musulmana
Ante este escenario, la incertidumbre aún reina con respecto al futuro de esta ordenanza del presidente de los Estados Unidos. Y, claro está, al ser el archipiélago de Puerto Rico una colonia estadounidense habrá que ver cómo trascienden acá estas políticas.
“No tengo duda de que estas políticas van a aplicar aquí por muchas razones. Aquí hay una comunidad palestina y musulmana sustancial, hay personas que viajan a estos países y una vez se levante este interdicto, estas personas corren el mismo peligro en Puerto Rico que en Estados Unidos. En Puerto Rico no estamos exentos a que esto suceda y por eso estamos conformando un comité de acción para trabajar con esto”, dijo Ramírez.
El equipo especial, dijo Ramírez, estará compuesto por abogados y abogadas con experiencia en asuntos migratorios. Señaló que se encargarán de verificar si en Puerto Rico “hay agencias municipales o estatales que consideren firmar un memorándum con agencias federales para hacer trabajo migratorio”.
“También habrá que ver si hay municipios que se hayan declarado como ciudades refugio, para que así la ACLU pueda trabajar con ellos desde el punto de vista legal. Además, hace falta educar al pueblo en general y en especial a las comunidades vulnerables sobre cuáles son los derechos que le asisten”, destacó Ramírez.
El director de la ACLU recordó que en el pasado han trabajado casos dentro de la comunidad musulmana en Puerto Rico, aunque no han sido muchos.
“Nosotros trabajamos el caso de Maha Abdel Rahim”, rememoró Ramírez, “una mujer puertorriqueña como cualquier otra, pero de familia siria y palestina” que luchaba por la custodia de su hijo. Recordó que aun cuando “era un asunto de familia parecía un operativo de seguridad nacional”. Con aquel caso, dijo, “se vieron los prejuicios que operan cuando se trata de una familia con raíces del medio oriente”. Por ejemplo, hubo complicaciones, recordó, “con el derecho de fianza” para con Abdel Rahim, quien pasó varios días ingresada en la penitenciaría de mujeres en Vega Alta.
“También tratamos el caso de un musulmán puertorriqueño que apareció en el ‘no fly list’”, explicó también sobre un individuo que las autoridades federales ubicaban en el listado de personas que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no permite volar en avión por supuestos vínculos con acciones terroristas.
“Eventualmente logramos que pudiera volar, aunque por escrito nunca lo reconocieron. Ha habido dos o tres casos de violaciones a derechos civiles de musulmanes, pero no ocurre con frecuencia”, subrayó, sin dar especificaciones sobre el caso.
Finalmente, Ramírez aludió a otra controversia internacional iniciada por Trump en estos primeros 10 diez días de acción turbulenta: la pugna con México por la muralla que ha ordenado construir en la frontera.
“Trump quiere construir el muro, pero el muro de nosotros en Puerto Rico es el mar. Hay que recordar que Puerto Rico es otra frontera de Estados Unidos con América Latina. Muchos latinos, si no entran por México, entran por Puerto Rico. Habrá que ver cómo esto nos afecta”, acotó.
