Las enmiendas propuestas al Código Penal laceran el derecho a la libertad de expresión y podrían implicar que sea un crimen protestar, atentando así el precepto de democracia sobre el que se funda el Estado puertorriqueño, advirtió hoy un grupo de ciudadanos y organizaciones reunidos bajo la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia.
“Ante la crisis política y económica que vive el país, la amenaza de castigo sobre la protesta sirve para desalentar que las personas participen, se expresen y manifiesten su parecer con las medidas de austeridad y recortes”, presagió la organización en declaraciones escritas.
Las modificaciones al Código Penal buscarían castigar a quienes –como parte de una protesta legítima– obstruyan o paralicen obras de construcción; impidan o detengan acceso o labores en edificios donde se ofrezcan servicios públicos; utilicen máscaras o capuchas dentro de instituciones de enseñanza, o “estorben” en procesos legislativos o actividades educativas, entre otras conductas.
Preocupa, además, el impacto que podría tener la enmienda al delito de obstrucción a la justicia, bajo la cual “demorar o estorbar” a un funcionario público sería un delito. Esto impediría que asociaciones y personas mediadoras promuevan el diálogo y la negociación entre policías y manifestantes. También pudiera impedir la labor de las personas observadoras y de los comités de disciplina. Varias de estas enmiendas ya fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales de Puerto Rico.
“Nos preocupa que estas enmiendas se anuncien precisamente a días de que se lleven a cabo asambleas y protestas en los distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Hemos visto las consecuencias terribles de utilizar la fuerza para acallar estas actividades protegidas. La protesta es el primer derecho en la democracia y debe protegerse”, manifestó la licenciada Ariadna Godreau Aubert, portavoz de la Mesa.
Por su parte, la abogada Marilucy González Báez expresó que “estas medidas no guardan relación alguna con la lucha contra el crimen. Además, son amplias y vagas, por lo que no deben de ser válidas. Criminalizan derechos protegidos por la constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos.”
La Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia reúne organizaciones, abogados, abogadas y estudiantes que trabajan por la defensa de los derechos de las personas, grupos y comunidades de escasos recursos. Entre sus propósitos está defender el acceso a la justicia como el derecho de toda persona a conocer y defender sus derechos.
“Entendiendo que la protesta es parte esencial de la democracia, la Mesa reclama que se garantice la seguridad y el derecho de quienes busquen expresarse libremente”, sostuvo la entidad.
