Casi un año después de la desaparición forzada de 43 estudiantes rurales en México, las investigaciones del gobierno retornaron al punto de partida, luego de que un grupo de expertos independientes desmontó todos los argumentos de la tesis oficial.
“Debe darse un replanteamiento general de la investigación”, dijo concluyente el psicólogo español Carlos Beristáin, uno de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el domingo, 6 de septiembre, presentó su informe.
El GIEI fue creado por la CIDH, en acuerdo con el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, para dar asistencia técnica internacional en la investigación del ataque perpetrado por policías municipales contra los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, cuando se desplazaban en autobús.
Las víctimas estudiaban en una de las 17 escuelas que forman maestros rurales en el país, situada en Ayotzinapa, en el suroccidental estado de Guerrero.
El mandato inicial del GIEI duró del 2 de marzo al 2 de septiembre, tiempo en el cual los expertos revisaron los 115 tomos del expediente judicial del caso, visitaron los lugares y entrevistaron a los familiares de todas las víctimas.
El informe de 550 páginas es un catálogo de errores en la investigación encabezada por la Procuraduría (fiscalía) General: hechos no investigados, evidencias destruidas, grandes inconsistencias en las declaraciones de testigos, denuncias de tortura, inexistencia de hipótesis de búsqueda fundamentadas en hechos y desconexión en las investigaciones sobre el momento de la agresión y el destino final de los estudiantes.
Sobre todo, desmonta la tesis central, presentada en enero como la “verdad histórica” por el exfiscal Jesús Murillo Karam, de que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero del municipio de Cocula, vecino al de Iguala, donde ocurrió la agresión.
El gobierno se basó en los testimonios de tres presuntos participantes en el asesinato, que declararon que durante 12 horas alimentaron la hoguera con llantas, madera, diésel y otros combustibles. Luego machacaron los huesos hasta convertirlos en ceniza y juntaron los restos en bolsas de plástico que arrojaron al río vecino.
“No fueron incinerados en el basurero de Cocula. Ese evento, así como ha sido descrito, no pasó”, dijo contundente el abogado chileno Francisco Cox.
La conclusión del GIEI se basa en las investigaciones de José Torero, experto en fuegos de la australiana Universidad de Queensland, quien determinó que para incinerar los 43 cuerpos en esas condiciones hubieran sido necesarias 30 toneladas de madera, 13 de neumáticos y al menos 60 horas.
Además, la pira habría generado una llama de siete metros, un penacho de humo de 300 metros y, por la geografía del lugar, habría provocado un incendio forestal y la radiación “hubiera quemado vivo” a quien se acercara.
El informe despeja otras dudas, como la presencia del Ejército, en al menos dos de los escenarios, y la posibilidad de que el ataque lo originara una confusión.
“Los normalistas tuvieron vigilancia de autoridades estatales, federales y del Ejército. No es que no supieran quiénes eran y qué estaban haciendo”, dijo la abogada guatemalteca Claudia Paz.
“Los estudiantes no llevaban armas, no hay policías heridos, llegaron a la ciudad mucho tiempo después de concluido el evento y su plan no era entrar a la ciudad”, agregó, en relación a un alegado móvil, relacionado con un intento de boicotear un acto político de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde, a quien se vincula con la banda de narcotráfico que opera en Iguala.
Hay, en cambio, una línea no investigada y en la que podría ser clave un autobús de la línea Estrella Roja, que aparece y desaparece del expediente. Ese “quinto bus” fue el último en salir del terminal con estudiantes y tomó una dirección distinta al resto.
El GIEI supo que en Iguala opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales y concluye que los estudiantes pudieron subir, sin saberlo, a una unidad que transportaba droga, lo que explicaría la “reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”.
El grupo explicó que fue un ataque simultáneo, que duró al menos tres horas en nueve escenarios distintos, con la intención de impedir que los autobuses abandonaran la ciudad.
“El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios (…) da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción”, indica el informe.
Pese a ello, la investigación se fragmentó desde el inicio y en algún momento hubo 52 fiscales trabajando por separado, sin intercambiar información entre ellos.
Por ello, entre las 20 recomendaciones del GIEI están la unificación de la investigación, realizar las diligencias pendientes, investigar a funcionarios que obstaculizaron e impidieron la investigación, y agotar como línea prioritaria el móvil del traslado de estupefacientes.
Ante la contundencia del informe, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció por Twitter que dio instrucciones para que las recomendaciones se consideren en la investigación.
En una comparecencia ante la prensa en que no permitió preguntas, la fiscal general, Arely Gómez, nombrada en marzo, ofreció un nuevo peritaje del basurero y la extensión del trabajo del GIEI otros seis meses.
Para los padres de los normalistas desaparecidos no basta. Se sienten timados por las autoridades y emplazaron al presidente a reunirse con ellos antes del 10 de septiembre. También demandaron que se ratifique al GIEI “hasta que se encuentre a los muchachos”.
¿Ahora qué?
La pregunta que queda en el aire es ¿qué sigue?
“El ancla es la recomendación de los expertos, la Procuraduría tiene que asumir el informe como parte de la investigación e integrarla al expediente”, dijo a IPS el abogado Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que acompaña jurídicamente a los padres.
En el mismo sentido, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, comentó que tienen que agotarse las líneas de investigación sobre la conexión políticos-criminales. “Un buen indicio es que refrenden al grupo experto, mientras ellos estén podemos tener garantías”, consideró a IPS.
Pero no todos son tan optimistas. La agresión sobre los estudiantes rurales dejó, además de las 43 desapariciones forzadas, seis ejecuciones, entre ellas las de dos estudiantes asesinados a quemarropa y otro más torturado y luego asesinado, y 40 heridos (dos siguen en coma). Además, hay unas 700 familias víctimas.
El informe del GIEI rescata también la documentación de 148 casos de desaparecidos en ocho años, 82 en Iguala y 55 durante el mandato del alcalde José Luis Abarca.
Desde octubre de 2014 se detuvieron más de 100 personas, entre ellas Abarca y su esposa. No hay sentencias y no todas las detenciones se relacionan con los estudiantes.
El propio exalcalde está procesado por otra de las 55 desapariciones registradas durante su gestión. Y los 60 procesados por el caso de los estudiantes, enfrentan el delito de secuestro, no de desaparición forzada.
“Imagínate si así hacen con los 43, que le han dado la vuelta al mundo, que no hacen con nosotros”, dijo Mario Vergara, uno de los promotores de las búsquedas de familiares en las fosas descubiertas en la zona durante la investigación sobre los estudiantes.
“Agradezco mucho el trabajo de los expertos, pero mientras no encontremos a nuestros familiares, y no se castigue a los responsables, esto no habrá servido de nada”, sentenció a IPS.
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