A 115 años de su fundación, la UPR lucha por su vigencia

¿Qué sería de Puerto Rico sin su universidad pública?

En el aniversario 115 de la firma de la Ley Lindsay, que sentó las bases para la creación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la respuesta a la pregunta anterior puede quedar –al menos desde una perspectiva historiográfica– tranquilamente relegada al campo de las especulaciones y suposiciones.

Más allá de todas las luchas, debates, transformaciones y polémicas que han girado en torno a su mera existencia, la UPR ha estado ininterrumpidamente presente desde entonces, fungiendo como uno de los ejes incuestionables del desarrollo social, económico, intelectual y cultural del país.

Sin embargo, en momentos en que las medidas impuestas por una Junta de Control Fiscal amenazan con estrangular financieramente al principal centro docente en la Isla, cabe preguntarse si su rol como ente formador de ciudadanos y profesionales y promotor de movilidad social pudiera trastocarse profundamente, y no necesariamente en un sentido positivo.

“La UPR ha jugado un papel estelar en la producción de conocimiento en todos los ámbitos. Ha sido crucial en tiempos distintos con proyectos y formulado la viabilidad con soluciones concretas. Mucha gente piensa en la universidad como algo etéreo pero la realidad es que su historia demuestra todo lo contrario. Es cierto que la UPR ha quedado algo estigmatizada en ese sentido, y es muy peligroso en momentos como este de gran intervención política y de medidas de austeridad que atentan contra su misión”, expresó a este medio César Rey, catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras.

Firma de la Ley Lindsay

De acuerdo con el relato presentado en el texto Frente a la Torre: Ensayos del Centenario de la Universidad de Puerto Rico, 1903-2003, Samuel McCune Lindsay llegó a Puerto Rico en febrero de 1902 para desempeñarse como el nuevo comisionado de Instrucción Pública en sustitución del doctor Martin G. Brumbaugh.

Poco más de un año después, el 2 de marzo de 1903, el sociólogo presentaría al Consejo Ejecutivo –un organismo compuesto por el gobernador y 11 miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos dentro del marco de la Ley Foraker, que trabajaba por encima de la Cámara de Delegados elegida por los puertorriqueños– el proyecto de ley que fundaba la University of Porto Rico. Tras navegar el trámite legislativo e incluirse varias enmiendas que, entre otras, nombraban como presidente honorario de su junta de síndicos al gobernador y como presidente al comisionado de Instrucción Pública, el proyecto pasó al escritorio del gobernador civil William Henry Hunt, quien lo convirtió en ley el 12 de marzo de 1903.

La fundación de la universidad era, en ese momento, el elemento más reciente del proceso de escolarización del país que había dado inicio en 1899 con la creación de la Escuela Normal, ubicada en Fajardo, antes de radicarse en 1901 en Río Piedras, donde a partir de mayo del año siguiente “se mudó al edificio construido en los terrenos recién adquiridos, en los predios de lo que luego será la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras”, se menciona en Frente a la Torre.

La exposición de motivos de la Ley Lindsay plantea que “la Universidad aquí establecida proveerá a los habitantes de Porto Rico tan pronto como sea posible los medios para adquirir un conocimiento profundo de las diversas ramas de literatura, ciencias y artes útiles, incluyendo destrezas agrícolas y mecánicas, así como cursos profesionales y técnicos en medicina, derecho, ingeniería, farmacia y la ciencia del arte de educar”.

“Hay que tener claro que los españoles nunca quisieron establecer una universidad en Puerto Rico, como sí lo habían hecho en Santo Domingo y Cuba y en otras de sus colonias en América, porque Puerto Rico era un bastión militar. Los americanos por su parte sí necesitaban de la educación superior para proteger sus propios intereses”, acotó el historiador y profesor en la Universidad de Columbia, Ángel Collado Schwarz, al analizar las motivaciones del régimen estadounidense para establecer una universidad pública en el territorio a menos de cinco años de la invasión.

“Después de la fundación de la Escuela Normal, que fue el inicio de lo que unos años más tarde sería la UPR, se estableció [en 1911] el Colegio en Mayagüez porque surgió la necesidad de formar agrónomos, al haber convertido a la Isla en un monocultivo de azúcar. Algo similar ocurrió más adelante con la Escuela de Derecho (1913), que tenía la responsabilidad de transformar el código civil que heredamos de los españoles”, ilustró Collado Schwarz.

La era dorada

Sobre la centenaria trayectoria de la UPR pudieran fácilmente escribirse varios libros. Sin embargo, todas las voces consultadas por Diálogo apuntaron a la era de Jaime Benítez, inicialmente como rector del Recinto de Río Piedras (1942-1966) y luego como primer presidente del sistema (1966-1971) tras la firma de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, como el periodo que dejó una huella imborrable en términos de lo que la institución representaba para el país.

“La Ley de 1942 (Ley 135) que reforma la UPR es el primer proyecto universitario que se desarrolla a partir del trabajo de las mentes puertorriqueñas. Esa ley explica la necesidad de que sea la UPR quien estudie los problemas que enfrenta Puerto Rico. En segundo lugar se comprometía con ofrecer educación para las clases pobres mediante proyectos que atendían a esa población. Y finalmente, defendía una cultura educativa democrática”, dijo por su parte el exsecretario del Departamento de Educación Rafael Aragunde.

Rey destacó el cúmulo de intelectuales republicanos españoles, como Juan Ramón Jiménez y Pablo Casals, quienes huyendo de la dictadura de Franco, se establecieron en Puerto Rico en la década de 1940 y marcaron esa época de Benítez, así como lo hicieran más adelante escritores puertorriqueños de la talla de René Marqués, José Luis González y Arcadio Díaz Quiñones.

Las décadas de 1940 y 1950 fueron unos años en los que, a juicio de Rey, la universidad brilló en gran medida porque cumplía su función de “cuestionar el conocimiento”.

“Uno tenía, por ejemplo, los encontronazos entre Jaime Benítez y Luis Muñoz Marín, quienes a pesar de compartir unas visiones políticas tenían la capacidad de sostener unos debates álgidos sobre el papel que jugaba la universidad del Estado”, afirmó el también exsecretario de Educación.

Pero no todo fue color de rosa bajo la tutela de Benítez. Uno de los momentos más tensos en la historia de la UPR se produjo en 1948, cuando la negativa del rector a permitir la entrada de Pedro Albizu Campos a un evento en el Recinto de Río Piedras fue la chispa que desató una huelga estudiantil que resultó en la expulsión de sobre 400 alumnos, en un contexto puertorriqueño en el que el periodo de la mordaza a cualquier manifestación de corte nacionalista se encontraba a la vuelta de la esquina.

“Las confrontaciones de tono nacionalista, le dieron vida al nacionalismo en Puerto Rico cuando se pensaba que no reviviría después de Albizu Campos. Los estudiantes le devolvieron la credibilidad a esta corriente de pensamiento. La dinámica en la academia reivindicó ese sentido de que en Puerto Rico somos una nación. Esto era una continuación de las demostraciones estudiantiles posteriores a la Primera Guerra Mundial, que se dieron incluso antes de que Albizu Campos asumiera el liderato del Partido Nacionalista”, apuntó Aragunde.

Y es precisamente en la capacidad de sus actores para fungir como entes de cambio a partir de la segunda mitad del siglo 20 donde radica el valor que, hasta hoy, ha mantenido la universidad del Estado, subrayó el académico.

La UPR, amenazada

Ese valor, sin embargo, se ha visto empañado por las luchas partidistas que han atentado desde diversos frentes contra la misión social y académica de la universidad.

Tanto para Rey como para la catedrática y exsubsecretaria de Educación Ana Helvia Quintero, la intervención indebida de los intereses políticos en los asuntos universitarios es algo que se ha acentuado en las últimas dos décadas y particularmente en torno a las disputas sobre el presupuesto gubernamental con el que debe operar la institución.

Collado Schwarz va incluso más atrás, apuntando a fines de la década de 1960 como el momento que marcó una transición hacia una UPR más politizada, en referencia a las luchas por el conflicto bélico en Vietnam y los vaivenes políticos que se iniciaron a partir del primer triunfo electoral de las fuerzas estadistas.

“En muchos sentidos, la UPR ha seguido una trayectoria paralela a la de la Autoridad de Energía Eléctrica, dos de las joyas de la corona del país cuyo panorama se ensombreció a partir de la politización”, señaló el historiador.

“En muchas ocasiones la clase política no entiende el rol de la universidad del Estado, y es que muchas veces resulta intimidante la capacidad de una universidad pensante”, agregó Rey por separado.

El desenfoque gubernamental respecto a los elementos que deben conformar la llamada ‘autonomía universitaria’ ha repercutido en una institución que al presente no se encuentra tan vinculada a la realidad del país como lo llegó a estar en su mejor momento, sobre todo desde el ángulo de la implementación de política pública.

“La UPR en un momento cuando se inició y luego en las décadas de 1940 y 1950 desarrolló muchos de los profesionales que después llegaron al gobierno para formar parte de las soluciones a muchos de los problemas que sufría Puerto Rico. Eso es un aspecto que se ha perdido un poco y es sumamente importante recuperarlo. Ambas partes [el gobierno y la universidad] tienen culpa de ello”, acotó Quintero.

“En los 1950, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociales se ocupaba de muchas de las investigaciones que se utilizaban para identificar las necesidades de la sociedad. La UPR como que se ha ensimismado y ha dejado de prestarle atención a lo que ocurre en su entorno. Todos los que pertenecemos a la universidad debemos repensar eso para lograr tener una UPR verdaderamente presente en la búsqueda de soluciones para el país”, agregó la catedrática de la Facultad de Ciencias Naturales.

Aragunde coincidió con la postura de que, precisamente, el “reto” actual de la UPR es recuperar la relevancia pragmática que alcanzó en su época de gloria.

“Parece que algunos académicos se han enamorado de las dinámicas de la innovación tecnológica y se olvidan un poco de los demás componentes que ha ofrecido y debe ofrecer la UPR. Si bien hay agendas de transformar la universidad en función de otros intereses, la UPR le proveyó en su momento la oportunidad al país de conocerse a sí mismo al tiempo que se vinculaba a lo público”, puntualizó Aragunde.

No obstante, para que la universidad tenga la oportunidad de reivindicar su condición como base para la recuperación del país será necesario que se le ofrezca el tiempo, el espacio y los recursos necesario para ello, dijo Rey, al asegurar que en las unidades académicas del sistema existe la voluntad para ejecutar las transformaciones que precisa el País.

“La UPR [en el pasado] ha logrado ofrecer una mirada renacentista y asumiendo roles distintos, algo que la ha caracterizado: siempre distinta y democrática. La UPR tiene y ha tenido siempre esa mística y la capacidad de mirar críticamente a la sociedad y lo que es su futuro”, planteó el sociólogo.

Y quién sabe. Quizás de esa manera Puerto Rico evitará, en un futuro, tener que preguntarse qué pudo haber logrado con una universidad pública de calidad, accesible y pertinente.

Comentarios