A media tarde de un domingo cualquiera, el ruido en isla Palomino es ensordecedor. Decenas de embarcaciones, algunas amarradas entre sí y otras directamente ancladas al fondo marino por falta de boyas, compiten por entretener con su música a los visitantes. El sonido es tan estridente, que la experiencia del pasadía se vuelve agobiante. Los ritmos varían, pero abundan el reguetón, la salsa y la bachata, que se mezclan con el olor a marihuana.
Escasean oficiales de ley y orden, pese a que el escenario es el mismo en otras islas y cayos cercanos de la reserva natural Arrecifes de la Cordillera, como Palominito e Icacos.
En la playa Tamarindo, ubicada en la reserva natural Canal Luis Peña en Culebra, pasa una lancha de la Policía, e ignora las actividades potencialmente conflictivas que allí ocurren, como motoras acuáticas (“jet skis”) que cruzan casi por encima de quienes hacen “snorkeling” en el arrecife o muy cerca los que hacen “kayaking” mar adentro. Tampoco intervienen con quienes ignoran las advertencias y caminan por donde aún quedan rastros de las prácticas bélicas de mediados de siglo pasado, ni con quienes se broncean desnudos, pese a que esta práctica es ilegal en Puerto Rico y conlleva cargos por exposición deshonesta.
Faltando poco para la puesta del sol, en la playa de Luquillo, justo detrás de los kioscos, el ruido es tan o más ensordecedor que en las islas del este. Se escucha la misma música, salvo que esta vez proviene de guaguas y “minivans” equipadas con una veintena de bocinas. Los vehículos se estacionan en la arena, en áreas hasta donde pueden llegar tortugas marinas en faenas de anidamiento. Los zafacones escasean, por lo que hay basura cerca de niños y adultos que juegan, comen o simplemente quieren relajarse.
Si se pregunta por qué estos problemas ocurren, considere que, por los pasados tres años y medio, la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico no ha invertido un solo centavo en el principal recurso natural, recreativo y turístico de la Isla, reveló una investigación de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo. Esto, pese a que la Ley 293-1999 la obliga a mantener y a desarrollar las playas mediante actividades como la protección ambiental, la adquisición de terrenos, el establecimiento de instalaciones para uso y recreación pasiva, la conducción de medidas de seguridad y de programas o campañas educativas, y concretamente la limpieza de las áreas, entre otras. El estatuto también obliga a la entidad a asegurar que sus 10 agencias miembro hagan valer sus respectivas leyes en lo que al manejo y conservación de costas se refiere.
La investigación encontró que, por los pasados 18 años, la Junta de Playas ha estado prácticamente inoperante, sin liderato y con un mísero presupuesto que, además, fue invertido parcialmente en gastos cuestionables, no relacionados a la protección de las costas. Las aportaciones anuales que por ley tienen que hacer las dependencias públicas que integran la junta apenas han totalizado $105,000 y los gastos del organismo sumaron $93,738.02 en el mismo período. Encima de esto, el 10% de los gastos nada tuvieron que ver con la conservación y el manejo del recurso, por lo que realmente el Gobierno de Puerto Rico solo ha invertido $84,298.57 en el mantenimiento y protección de sus 1,225 playas desde 1999 hasta el presente.
Pregúntese, ahora qué puede hacer usted con $3.82. Esa es la ínfima cantidad que la junta ha invertido, en promedio, por playa anualmente desde su creación, según una certificación de la División de Finanzas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Madeja de inconsistencias y despilfarro
Entre los gastos cuestionables de la junta destacan, por ejemplo, que destinó $4,617.90 a servicios de alimentos (“caterings”), $3,500 al diseño de una página de internet que no existe, $1,265.55 a actividades de la junta y del secretario del DRNA, y $56 a la compra de “materiales de oficina”, pese a que el organismo no tiene una.
Además, figuran $35,000 que el organismo reembolsó a la Compañía de Turismo de Puerto Rico y a la Compañía de Parques Nacionales por dos campañas, una de publicidad y otra de seguridad, respectivamente. Estas dos campañas consumieron 37% de los recursos del organismo por los pasado 18 años.
Miembros de la junta no pueden atestiguar en qué se ha utilizado el presupuesto restante, y ponen en duda que las agencias realmente hayan hecho las aportaciones mínimas que les asigna a ley.
“Nada sobre los gastos se discute en el pleno”, dijo el director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y representante del sector académico en la junta, Ruperto Chaparro, en referencia a que los temas económicos no suelen ser parte de la agenda de las reuniones del organismo.
“Nunca he ido a una reunión o actividad de la junta en la que me hayan dado un vaso de agua”, agregó.
Alberto Martí, oficial de la entidad sin fines de lucro de conservación de costas Scuba Dogs Society y representante del sector privado en la junta, también desconocía sobre los gastos del organismo.
En ninguna de las 11 reuniones que la junta sostuvo durante el cuatrienio pasado se hizo mención a sus ingresos y gastos, según consta en las minutas. Ernesto Díaz, director del Programa de Manejo de la Zona Costanera del DRNA suele dirigir las reuniones, y su oficina es una especie de secretaría de la junta. El DRNA no proveyó las minutas de las reuniones que se habrían realizado en cuatrienios anteriores.
El DRNA tampoco proveyó recibos ni órdenes de compra que justifiquen los gastos, detallen las actividades y especifiquen los equipos supuestamente adquiridos por la junta. La certificación del DRNA solo hace referencia, en términos generales, a la compra de “materiales para limpieza de playa” y “efectos de laboratorio”.
“Todas esas aportaciones (atribuidas a las agencias) son embustes”, sentenció Chaparro, al tiempo que denunció que las dependencias hacen lo que se conoce como “payment-in-kind”. Eso ocurre cuando reportan ingresos a la cuenta especial de la junta, pero en realidad es dinero que nunca sale de sus presupuestos y está destinado a tareas que pudieran ser de manejo de playas, como salarios de vigilantes y personas que recogen basura.
Aparte del DRNA, la junta está integrada por la Compañía de Turismo, la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación, el Departamento de Recreación y Deportes, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Salud, la Policía, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Cuenta, además, con dos representantes del sector académico y otros dos del sector privado, para un total de 14 miembros; todos nombrados por el gobernador.
Contraste
El escaso presupuesto de la junta contrasta con el hecho de que, en 2014, la aportación de las playas a la economía puertorriqueña –considerando sus efectos indirectos e inducidos– ascendió a $7,420 millones o un 7.3% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).
Por otro lado, el estudio “Describing the Ocean Economies of the U.S. Virgin Islands and Puerto Rico”, comisionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y publicado el año pasado, encontró que, en 2012, aquí había 4,295 establecimientos comerciales “océano-dependientes”, que empleaban a 66,720 personas y generaban $921.8 millones en salarios.
Hallazgos similares arrojó el estudio “Valoración económica de los arrecifes de coral y ambientes asociados al este de Puerto Rico”, preparado en 2007 por la firma Estudios Técnicos. Se encontró que su valor económico total sumaba $1,852 millones, constituyendo el turismo y la recreación el 51% de ese monto. Esos, sin embargo, son los mismos arrecifes que pueden estar afectándose por los usos conflictivos que se están dando en el área.
El presupuesto de la junta también contrasta con las cifras astronómicas que la Compañía de Turismo invierte en la promoción y mercadeo de la Isla como destino turístico. En esta ecuación, las playas son el principal atractivo para persuadir a los turistas.
Entre julio de 2009 y junio de 2016, Turismo desembolsó $275.7 millones para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la cuenta de publicidad de su Oficina de Promoción y Mercadeo, según un informe de auditoría de la Oficina del Contralor del pasado 23 de enero. En ese informe, de paso, la contralora Yesmín Valdivieso emitió una opinión adversa sobre la Oficina de Promoción y Mercadeo de Turismo, tras encontrar que las operaciones relacionadas a la reglamentación, los servicios de publicidad, los desembolsos y el archivo de documentos fiscales no se realizaron conforme a la ley.
El director de la Compañía, José R. Izquierdo, dijo que, en promedio, el gasto anual en promoción y mercadeo oscila entre $19 millones y $22 millones. Aclaró que no todo ese dinero se usa para publicitar las playas, pero admitió que, pese a los intentos de diversificar la oferta turística, Puerto Rico sigue siendo un “destino de sol”.
Añadió que, tras la reciente creación de la Organización de Mercadeo de Destino (DMO), se pasa a manos privadas la promoción turística de la Isla en el exterior y para ello podría haber un presupuesto anual de hasta $25 millones.
“Estamos en el negocio de vender una experiencia y las playas son parte de eso, pues son el mayor recurso natural y el más accesible”, dijo Izquierdo, tras reconocer que los problemas de manejo en las playas, particularmente el hecho de que 30 personas mueren ahogadas al año, “nos laceran como destino”.
Por agencia y mandato
En 18 años, las agencias que más han aportado a la cuenta especial de la junta han sido el DRNA y Turismo, con $40,000 y $25,000 respectivamente. Hay algunas que nunca han destinado fondos, y otras que no han dado más de $5,000.
Al analizar los ingresos por mandato de gobierno, las mayores cantidades se dieron bajo los cuatrienios de los exgobernadores Sila María Calderón, del Partido Popular Democrático (PPD), y Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La junta se creó en las postrimerías de la gobernación de Pedro Rosselló y no hay registros de aportaciones para entonces.
El pasado 16 de febrero, la actual secretaria del DRNA y directora de la junta, Tania Vázquez, les cursó una carta a los jefes de agencia recordándoles su aportación anual de no menos de $3,000 (requerida por ley), pero nada ha pasado.
Sobre este asunto, Saúl Suárez Flores, director de Planificación y Desarrollo de Turismo, dijo que, aunque no han cumplido con sus aportaciones a la cuenta especial de la junta, al año destinan $534,282.64 para manejo de playas en el área metropolitana de San Juan. La cifra se divide en $78,282.64 de un contrato con la Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS) para la gestión del programa internacional de reconocimiento de playas Bandera Azul, y $456,000 de un contrato con la compañía Save Green Corp. para los servicios de limpieza de costas desde El Escambrón, en San Juan, hasta Isla Verde, en Carolina.
En cuanto a los gastos de la Junta, llaman la atención dos desembolsos a agencias para sufragar campañas. Parques Nacionales recibió $10,000 para fomentar la seguridad en las playas, mientras que Turismo obtuvo $25,000 para concienciar sobre el manejo de desperdicios sólidos. Esto significa que, en vez de las agencias darle dinero a la junta como manda la ley, el organismo terminó subvencionándolas. De hecho, ambos desembolsos supusieron devolverles a las agencias todo o casi todo lo que habían aportado a la cuenta especial de la junta. Los informes anuales que la junta somete a la Legislatura no detallan la efectividad de estas campañas publicitarias.
Los mayores gastos de la junta, incluyendo los cuestionables, se hicieron bajo la gobernación de Luis Fortuño, del PNP. Entre 2009 y 2012, el organismo gastó $76,205.50 o casi el doble de lo que las agencias aportaron en el mismo período. La cuenta especial no se sobregiró, ya que había dinero acumulado por la inacción de la junta en años anteriores.
Bajo la gobernación de Fortuño, el secretario del DRNA y director de la junta fue Daniel Galán Kercadó, quien no estuvo disponible para entrevista. Tania Vázquez, quien entonces fungía como jefa de la División Legal de la agencia, alegó no tener detalles sobre estos gastos.
“¿Cómo se supone que la junta se encargue de las playas si no tiene presupuesto? ¡No tiene ni una secretaria! Una aportación de $30,000 al año no es nada; con eso no instalas ni tres duchas, ni pagas una semana de un servicio de salvavidas. Pero, lo verdaderamente ridículo es que estamos hablando de una atracción natural, que es la base del turismo en Puerto Rico, y la quieren manejar con $30,000 al año”, apuntaló Chaparro.
Recomendaciones
El exsecretario del DRNA, Javier Vélez Arocho, recomendó enmendar la ley de la junta, pues “falla” en no garantizar ingresos para que el organismo cumpla sus obligaciones.
Al ser entrevistado, pidió que se fijen aportaciones anuales más altas, pues los $3,000 actuales “no hacen justicia” a las necesidades de infraestructura y recursos humanos en las playas.
“Para tener equipos básicos de primer orden, como vehículos de motor para patrullaje, equipo de rescate, infraestructura de observación, binoculares, radioteléfonos, banderas y equipo de primeros auxilios, se necesitan cantidades considerables de dinero. La junta nunca ha tenido nada de eso”, dijo.
Cuestionado sobre por qué no impulsó estas recomendaciones mientras dirigió la junta, Vélez Arocho reconoció que, tras dos años como secretario, “muchos temas quedaron pendiente por falta de seguimiento”, lo que atribuyó a que los jefes de agencia no asistían a las reuniones de la junta. No especificó qué acciones, si alguna, tomó para que no delegaran su participación en funcionarios sin poder decisional.
En el informe del año pasado de la junta se propone la creación de un comité financiero, como método alternativo para identificar fondos y ante las limitaciones presupuestarias del gobierno. Ese comité, cuyos miembros serían de la propia junta, buscaría financiamiento tanto en el sector público como privado. Sin embargo, esto tampoco se ha hecho.
Vázquez, quien atribuyó la falta de aportaciones de las agencias a “los tiempos económicos actuales”, señaló que propondrá el establecimiento de alianzas público privadas para, por ejemplo, desarrollar una aplicación móvil que provea información sobre las playas a locales y turistas. El desarrollo de esta aplicación, que se conocería como “Playa Segura PR/Safe Beach PR”, es un mandato de ley incumplido desde 2015.
Por su parte, el exsecretario del DRNA, Carlos Padín, comentó que la junta debe estar adscrita a una entidad no gubernamental, que fiscalice su operación y administre su presupuesto, que debe estar “atado” a resultados. Dijo que no presentó ni implantó esta idea bajo su secretariado, pues “estuve poco tiempo” (10 meses) en el puesto.
Chaparro, entretanto, recomendó la creación de un nuevo arbitrio, que solo pagarían los turistas, a razón de $1 por cuarto de hotel y por cada noche que se queden en la Isla. El dinero recaudado se destinaría exclusivamente al servicio de salvavidas en las playas.
Una investigación del Programa Sea Grant, realizada en 2015, reveló que los turistas que vienen a Puerto Rico están dispuestos a pagar hasta $5 adicionales por cuarto de hotel y por noche, siempre y cuando los fondos se usen para proveer seguridad en las playas. El citado estudio comisionado por la NOAA encontró que 3.2 millones de personas visitaron la Isla como turistas en 2014. Con una propuesta como la de Chaparro, la cuenta especial de la junta habría recibido ingresos por $3.2 millones ese año.
La serie investigativa “ISLA ¿SIN PLAYAS?” es resultado de una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día, mediante la beca de periodismo ambiental otorgada por Para la Naturaleza. Vea la serie completa con sus gráficos e interactivos en periodismoinvestigativo.com y endi.com.
