La directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), María Sánchez Brás, certificó a la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), así como a los presidentes legislativos, los ahorros proyectados como resultado de la implantación de las Fases I y III de la Ley Especial Sobre Emergencia Fiscal, también conocida como Ley 7. Según la certificación de OGP, el gobierno se ahorrará cerca de $50 millones en el próximo año fiscal por concepto de las renuncias voluntarias y la reducción de jornada laboral. Específicamente, las economías proyectadas para el año fiscal 2009-2010 por concepto del Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas y del Programa Voluntario de Reducción Permanente de Jornada son de $49, 914,451 y $76,789, respectivamente. Mientras, las economías proyectadas para el mismo año fiscal por concepto del Plan de Suspensión Temporera de aumentos salariales y otros beneficios bajo la Fase III ascienden a $186, 830,532, para un total de economías proyectadas de $236,821,772 para el año fiscal 2009-2010. “Según dispone la Ley 7, luego del análisis de estos resultados que estaremos llevando a cabo en los próximos días—el cual incluirá también el ahorro proyectado en gastos operacionales—habremos de certificar el comienzo del plan de cesantías bajo la Fase II, según lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley. A esos efectos, y según requiere la Ley, habremos de emitir una segunda certificación tanto a la JREF como a los presidentes de los cuerpos legislativos,” añadió Sánchez Brás.” La Directora de OGP explicó que el análisis que se llevará a cabo en los próximos días incluirá la contabilidad de los ahorros en gastos operacionales que surgen de las Órdenes Ejecutivas decretando medidas inmediatas de control de gastos, así como otros ahorros que se han incluido en el presupuesto recomendado para el año fiscal entrante.
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