La jueza federal Laura Taylor Swain rechazó, por el momento, el procedimiento propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) —que la togada designara dos representantes, uno por los bonistas de obligaciones generales (GOs, por sus siglas en inglés) del gobierno central y otro por la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina)— para dirimir la principal controversia entre estos: si el Estado puede considerar como recursos disponibles los fondos de la corporación pública.
Swain –quien preside el proceso de reestructuración de deuda instado bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa)– también denegó ayer una moción del grupo de acreedores Puerto Rico Mutual Funds para levantar la moratoria sobre litigios y permitir que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolviera la constitucionalidad de la estructura legal de Cofina.
En consecuencia, cabe la posibilidad –al menos por ahora– que sea ella quien decida en el futuro sobre ese asunto.
La disputa entre acreedores de GOs y Cofina –que entre ambos poseen casi $31 mil millones de la deuda pública que asciende a $74 mil millones– se perfila como definitoria para el resto de la “quiebra” de la isla.
En síntesis, si eventualmente se decide –ya sea porque su estructura legal es inconstitucional o porque sus fondos pertenecen en última instancia al Estado– que el gobierno tiene derecho a ir sobre los fondos de Cofina, los acreedores de la corporación pública tendrían poco o ningún prospecto de cobrar, pues los bonistas de GOs tiene prioridad constitucional. Estos no han recibido el pago de sus acreencias desde el 2015.
Por otro lado, y en igual ataque a Cofina, la JCF ha argumentado que existe la posibilidad de que el gobierno central se quede sin dinero para el 1 de noviembre, a menos que se decida antes de esa fecha que el Estado puede considerar a los fondos de Cofina –que se nutren de parte del Impuesto sobre Ventas y Uso y que están separados del Fondo General– como recursos disponibles y por ende, utilizarlos para el financiamiento de la operación gubernamental.
Ambas cuestiones, la constitucionalidad de Cofina y la tenencia última de sus fondos, quedan ahora en el tintero. A menos que la JCF proponga un mecanismo resolutorio distinto al rechazado por Swain –y que fue atacado por los bonistas por considerar que, siendo el ente federal el representante de dos entidades en conflicto, se da un potencial conflicto de interés con los negociadores que este nombraría– la disputa podría ser vista por el equipo de mediación nombrado por la jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York.
Apuesta a la mediación
En confirmación a sus expresiones durante la primera vista, Swain presentó a la jueza de quiebra Barbara Houser, de la Corte de Distrito Norte de Texas, quien liderará junta a cuatro jueces más el equipo de mediación que incentivará acuerdos consensuales entre el gobierno y los acreedores.
Houser adelantó que el próximo 12 de julio se celebrará una reunión en Nueva York, compulsoria para todas las partes involucradas en el Título III, para organizar el proceso de mediación.
Esta señaló que el proceso de mediación permite encontrar “terreno común”, “avanza lo que no está en disputa, es informal, y ahorra tiempo y dinero”. Agregó, asimismo, que ofrece la ventaja de que las conversaciones “francas” y de “buena fe” sean confidenciales –es decir, que no se filtren públicamente– ni que puedan usarse como prueba en procesos judiciales.
Swain también presentó en sala a la jueza magistrada Judith Dein, quien la asistirá en procedimientos administrativos y de pre-trials.
En otras mociones, Swain validó la consolidación para fines administrativos de los casos de Título III de la Administración de Sistemas de Retiros y de la Autoridad de Carreteras y Transportación junto con los casos del Estado Libre Asociado y Cofina, que ya estaban consolidados.
El Título III, activado en mayo por la JCF a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es un proceso judicial de reestructuración de la deuda del gobierno central, que asciende a $74 mil millones. Adicional a esa cifra, existen otros $49 mil millones que se adeudan en pago de pensiones.
La de Puerto Rico es la deuda más grande en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos. La anterior, de la ciudad de Detroit, rondó los $18 mil millones.
Conformidad con el proceso
La exhortación de la jueza Swain a la mediación surge en medio de críticas de los acreedores, quienes en las demandas han sido enfáticos en que ni el gobierno precedente ni el actual, así como la JCF, no ha mostrado un interés real en la mediación o reestructuración voluntaria bajo el Título VI de Promesa.
El ejemplo más patente de sus argumentos es el rechazo el martes de la JCF al Apoyo en Acuerdo a la Reestructuración (RSA, en inglés) de los términos y condiciones de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyos bonistas poseen sobre $9 mil millones. Se prevé que es cuestión de tiempo que la AEE entre en un procedimiento de Título III.
A pesar de esos precedentes, representantes de la administración de Rosselló Nevares vieron con buenos ojos lo sucedido ayer en la Corte de Distrito de San Juan.
“La política pública de esta administración siempre ha estado basada en conversaciones y negociaciones de buena fe con los acreedores. La mediación ordenada por la jueza nos provee un mecanismo adicional para tratar de conseguir acuerdos consensuales con los acreedores. Estamos optimistas de que este proceso rendirá frutos positivos para Puerto Rico”, expresó por escrito Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
La JCF “quería que la controversia entre los tenedores de GOs y los bonistas de Cofina se dilucidaran fuera del proceso judicial, algo a lo que el gobierno se opuso” y el tribunal rechazó, dijo, a su vez, Alfonso Orona, principal asesor legal de La Fortaleza.
Orona sumó que con la determinación de Swain, las controversias se mantienen dentro del proceso ya establecido por Promesa.
