La ausencia de poder por parte de los ciudadanos en cuanto a las decisiones económicas y sociales en la Isla es una de las principales causantes de la crisis humanitaria que afecta al País, comentaron varios ponentes el pasado domingo ante el relator especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas, Phillip Alston, en su visita a Puerto Rico.
“No se puede hablar de pobreza extrema en el País sin hablar de nuestro estatus colonial”, dijo la abogada Mercedes Garriga, señalando que dicho estatus colonial impone una falta de poderes para establecer políticas públicas que respondan al bienestar y desarrollo del pueblo.
Garriga, quien pertenece a la Comisión Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Comunitarios del Colegio de Abogados de Puerto Rico, afirmó que somos una propiedad de Estados Unidos con un solo propósito: la explotación económica que responda a los intereses de las corporaciones y del gobierno estadounidense.
La abogada precisó que ambos gobiernos –federal y nacional— han fallado y siguen fallando en proteger los derechos de los puertorriqueños, intentando pasar el déficit de la deuda a los ciudadanos a través de impuestos, de la eliminación de beneficios adquiridos, en la disminución en nóminas de policías y maestros, así como en la reducción de beneficios en los sistemas de retiro, entre otras medidas que han provocado la actual crisis humanitaria.
Según Garriga, la falta de representación en el Congreso y el poco interés de la Junta de Control Fiscal por mejorar la precaria calidad de vida de los puertorriqueños no son los únicos factores que afectan la economía local. La nueva reforma contributiva fiscal federal se prevé impondrá un impuesto de 20% sobre los productos exportados del País a EE.UU. Mientras, la ley Jones —que dificultó el recibimiento de suministros luego del huracán María— aumenta los costos de los productos importados a la Isla.
“Sencillamente, los pobres se volverán más pobres”, afirmó Garriga, quien exhortó al relator a que abogara por el pueblo puertorriqueño, pidiendo la auditoría de la deuda, pues no se podrá atender de otra manera el asunto de la extrema pobreza en Puerto Rico.
Reforma contributiva federal: María parte dos
De acuerdo con los datos presentados por la economista Heidie Calero, la pobreza en el País tiene múltiples ángulos. Para el 2016, casi tres cuartas partes de los niños menores de cinco años vivían bajo el nivel de pobreza, el 46% en el caso de las mujeres. Para el mismo año, más de la mitad de los residentes del centro y oeste de la Isla se encontraban en la misma posición.
Según Calero, quien es presidenta de H. Calero Consulting Group, los bajos niveles de pobreza generan otras consecuencias, como el aumento en los asesinatos. La economista comparó a Puerto Rico con otros países como Rusia y el Congo, que son más grandes que la Isla, pero tienen menores cantidades de asesinatos por cada cien mil habitantes.
“Si lo anterior no es suficientemente fuerte, María parte dos está a punto de azotarnos”, afirmó Calero, refiriéndose a la nueva reforma contributiva federal, que cobrará un arancel de 20% en las exportaciones a Estados Unidos de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, por sus siglas en inglés). Según Calero, muchas de las corporaciones locales son de este tipo, casi la mitad de la producción manufacturera local proviene de estas empresas.
La pérdida de empleos en el sector manufacturero de la Isla comenzó a materializarse desde la derogación en 1996 —por parte del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton— de la sección 936 del Código de Rentas Internas, el cual eximía de impuestos a las empresas estadounidenses en la Isla. Con esto, los empleos del sector manufacturero en Puerto Rico disminuyeron de 129,000 puestos de trabajo en 1976 a 80,000 en el 2017.
Calero afirmó que las tasas de pobreza luego del huracán María podría aumentar hasta un 52%, sin considerar la reforma contributiva federal ni el aumento en la migración, lo que a su vez podría elevar la pobreza hasta un 60%.
“[Para reducir la pobreza en Puerto Rico] necesitamos un nuevo modelo de recursos con desarrollo sustentable, eso requiere una visión a largo plazo y un liderazgo crítico para realizar estos cambios”, agregó la economista.
Casi la mitad de la población deja la Isla
Según estimados presentados por la socióloga y economista Marcía Rivera Hernández, un 14% de la población que residía en la Isla antes de septiembre abandonará el País como resultado del paso del huracán María.
“El rompimiento de familias es evidente, muchos han tenido que enviar a sus ancianos, a sus enfermos, a sus hijos con necesidades especiales fuera de Puerto Rico”, declaró Rivera, quien señaló que hay dos variables que impulsan la migración: las condiciones de pobreza de Puerto Rico y las ofertas atractivas de parte de estados como Nueva York y la Florida que buscan atraer más recursos federales y cambiar el balance electoral de dichos estados.
De acuerdo con la socióloga, Puerto Rico se verá atrapado y convertido en una “bola política” en medio de la competición entre los republicanos y los demócratas, quienes se pelearán por el control electoral de ciertos estados donde los resultados de las votaciones son estrechas.
Rivera señaló que antes de avanzar en la reconstrucción de la Isla se tienen que agilizar los reclamos de descolonización para poder determinar las relaciones del País con Estados Unidos y establecer un debido proceso de transición.
Puerto Rico es una economía colonial de enclave
Cuando no se sigue un debido proceso de planificación por parte del Estado, comentó Martha Quiñones –economista y planificadora— no se toman en cuenta los derechos humanos, lo que significa un retroceso y, en algunos casos, la reducción de beneficios adquiridos, como sucedió a principios de año con la aprobación de leyes como el empleador único y la reforma laboral.
“Puerto Rico es una economía colonial de enclave donde las condiciones jurídicas que se establecen son para favorecer las fuerzas del mercado, sin importarles la gente, eso es lo que representa la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal”, afirmó Quiñones, quien advirtió que estas dinámicas generan una dependencia en el capital extranjero, creando a su vez vulnerabilidades pues no promueven la independencia económica del País.
Quiñones propuso realizar un plan de inversiones con el dinero que recibió el País para fortalecer las empresas locales, creando empleos para los puertorriqueños y así reducir la inmigración. “La vulnerabilidad y la pobreza van de la mano”, expresó Quiñones.
Alston visitó varias partes de Estados Unidos como parte de su tarea en la realización de un informe sobre la relación de la pobreza y los derechos humanos. Alston estuvo en California, Alabama, Georgia, y Puerto Rico, este último, según el relator, ocupará un lugar importante en el informe final que presentará el próximo viernes, 15 de diciembre. Una versión más detallada se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
