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Ante la animosidad que enfrenta el pueblo puertorriqueño por la controversial Ley 7 de Emergencia Fiscal y la “inminente” efectividad de los despidos masivos, un centenar de estudiantes del recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico (UPR) discutieron los argumentos a favor y en contra de una Huelga Universitaria a la vez que exigieron una educación de calidad. “El derecho a la educación no depende de que el portón esté abierto, sino de la calidad de la enseñanza”, fue una de las conclusiones a las que llegó el estudiantado de UPI en la Jornada Estudiantil “Huelga y Universidad”, que se llevó a cabo en la Escuela de Derecho de la UPR, como parte de las actividades formativas que están realizando diversos grupos estudiantiles como preámbulo al Paro Nacional del 15 de octubre y una posible huelga general en el País. La actividad fue coordinada por la Revista Jurídica de la UPR, y contó con la participación de aproximadamente 130 estudiantes junto a varios ex alumnos y profesores de distintas facultades, que discutieron los argumentos a favor y en contra de la legalidad de las huelgas universitarias a partir de las presentaciones de dos estudiantes de Derecho; Jorge Farinacci Fernos y el ex alumno Alfonso Orona Amilivia. Farinacci Fernós expuso que no se provee un verdadero derecho a la educación sin cursos, con un profesorado mal pagado y en edificios enfermos, sino que se defiende cuando se lucha, por ejemplo, contra el alza en los costos de matrícula que impedirían educarse a quienes no puedan pagar. “Los que nos violan los derechos constitucionales son los que nos abren los portones para darnos una pobre educación”, indicó Farinacci en un comunicado de prensa. Farinacci explicó que la educación universitaria no es un derecho de rango constitucional, pues el derecho que se protege es a la educación escolar. Sobre las huelgas decretadas por los empleados de la UPR, Farinacci indicó que el que no esté reconocido por la Constitución no significa que el acto de hacer huelga en la Universidad sea ilícito. Por lo que explicó que hasta que la Asamblea Legislativa no lo prohíba, la huelga en la UPR no es ilegal. Por el contrario, Orona Amilivia afirmó que bajo el marco jurídico la huelga es ilegal, ya que el Reglamento de Estudiantes de la UPR establece que los alumnos pueden expresarse, pero no pueden obstaculizar las labores institucionales y académicas del recinto. Y es que la Ley de la UPR define a la Universidad como una corporación pública, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que la UPR no opera como empresa privada –que es el requisito para que se le reconozca el derecho constitucional a la huelga-, porque el 86% de su presupuesto viene del Gobierno y no puede aumentar sus ingresos de manera tal que sea un negocio lucrativo. Sin embargo, Orona añadió que la protesta podría ser justificada si se utiliza en la lucha para que el ordenamiento legal cambie. Sobre el Reglamento, Farinacci argumentó que las Asambleas de Estudiantes y las decisiones que se toman en ellas, como cerrar los portones, son actividades tan universitarias como lo puede ser impartir una clase. Respecto al funcionamiento de la institución, arguyó que las alzas en los costos de matrícula, la privatización de servicios y la reducción de la fórmula de aportación gubernamental -aunque haya subsidios- indican que, actualmente, se debe entender que la Universidad opera como una empresa privada. Varios estudiantes coincidieron durante el debate, con el hecho de que la Universidad sí realiza un proceso productivo, al formar a estudiantes que van a ejercer profesiones para cubrir unas necesidades del mercado y la sociedad. Mientras que otros opinaron que los estudiantes se encuentran en relaciones de poder desiguales por lo que no se puede equiparar el derecho a la educación de unos con el derecho a la huelga de otros. Además, enfatizaron que el estudiantado tiene la responsabilidad social de levantarse. Fernando Moreno, uno de los coordinadores del debate, explicó que la discusión cumplió con su propósito de ver la situación más allá de leyes y casos, y de que los alumnos de Derecho compartieran su conocimiento legal con otros estudiantes de la Universidad. A pesar de que varios estudiantes manifestaron que el discutir sobre la legalidad o ilegalidad de una huelga era un argumento ilógico, ya que la legalidad es definida por quien está en el poder, y las acciones de protesta son una forma de “contrapoder”.