En medio de un proceso de crisis provocado por los severos problemas de planta física en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el Consejo General de Estudiantes denunció el silencio por parte de la Junta de Gobierno ante la pérdida de $9.6 millones de dólares por la aprobación de la Ley Núm. 60 de 2013.
“Es nefasto que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico haya mantenido silencio ante el trámite legislativo al que fue sometido la Ley Núm. 60 de 2013, en la que se perjudica la fórmula de la UPR al quitar del Fondo General del país $100 millones en nuevos ingresos, en momentos tan importantes para la institución” destacó en un comunicado de prensa el representante estudiantil ante la Junta Universitaria por el Recinto de Río Piedras, Aníbal Y. López Correa.
La referida ley permite que la Asociación de Suscripción Conjunta declare un dividendo extraordinario a ser dirigido al “Fondo de las Ciencias y Tecnología”, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y establece un tributo de cincuenta por ciento (50%) que recaudaría $100 millones de dólares para dicho fondo de las Ciencias y Tecnología. Estos $100 millones, contrario a lo que regularmente ocurre con las medidas de presupuesto, no ingresan al Fondo General del país, por lo que no se aplicaría la fórmula del 9.6% que nutre el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y los tribunales.
Por su parte el Presidente del Consejo General de Estudiantes, Christian Arvelo Forteza, destacó que es muy sospechoso el silencio de la Junta de Gobierno cuando de los $100 millones de dólares, $62 millones de dólares irían destinados al Centro Comprensivo de Cáncer. “Valoramos mucho el trabajo desarrollado por el Centro Comprensivo de Cáncer, sin embargo, nos parece que el silencio por parte de la Junta de Gobierno ante la defensa de los fondos universitarios, frente a esta disminución en el presupuesto responde a los vínculos entre el presidente de la Junta de Gobierno con el centro. En específico, nos referimos a que el doctor Jorge Sánchez, quien ahora es Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, fue miembro de la Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer del 2008 al 2009 y el mismo día que fue aprobada la Ley 60 de 2013, fue nombrado por el Gobernador para que ocupara nuevamente su puesto en la Junta de Directores de dicho General de Estudiantes.
El representante estudiantil ante la Junta Universitaria, Aníbal López Correa, destacó que la práctica adoptada pone en entredicho la capacidad del Presidente de la Junta de Gobierno para ocupar el puesto en la UPR y en el Centro Comprensivo de Cáncer. “Aquí tenemos que señalar al presidente de la Junta de Gobierno, doctor Jorge L. Sánchez, porque silenció ante este atraco a la UPR que representaría $9.6 millones de dólares menos para la institución en los próximos dos años. Peor aún, el serio conflicto desarrollado por la necesidad de velar por los intereses del Centro Comprensivo de Cáncer y los de la Universidad de Puerto Rico pone en tela de juicio su deber de velar por la UPR. Ante esto, el doctor Sánchez ha fallado a su deber de fiducia y debe presentar su renuncia” puntualizó López Correa.
A juicio del presidente del Consejo General de Estudiantes, Christian Arvelo Forteza, la situación se agrava en la medida en que el Presidente de la Junta de Gobierno también es el principal asesor de salud del Gobernador de Puerto Rico. “El doctor Jorge Sánchez se ha mantenido en silencio a pesar de que le hemos notificado de este asalto de $9.6 millones de dólares a la UPR por parte de la legislatura. Esto demuestra que el doctor Sánchez ha puesto por encima los intereses propios, y sus vínculos con el Gobernador de Puerto Rico, antes de los intereses de la UPR. Esto es condenable, más cuando la institución atraviesa por una situación crítica con los edificios como el asbesto en la Facultad de Estudios Generales, la situación crítica en la que se encuentran las Residencias Universitarias, entre muchas otras” condenó Arvelo Forteza.