Mientras día a día se revelan déficits millonarios durante el proceso de transición, legisladores y economistas concuerdan en que la entrante administración gubernamental en Puerto Rico se encontrará con una crisis económica “grave”. De hecho, el alcalde popular de Ponce y ex presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Francisco Zayas Seijo dijo en entrevista radial (WKAQ) que la nueva administración del novoprogresista Luis Fortuño estará ante la situación económica más grave que atraviesa Puerto Rico desde la década de 1940. El saliente alcalde apuntó a alternativas como aumento en los peajes y en el impuesto de ventas y uso (IVU). El economista y profesor de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carlos Colón de Armas coincidió con Zayas Seijo sobre su diagnóstico, pero no en las alternativas. El profesor, quien fue vicepresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y director de finanzas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) durante la administración de Pedro Rosselló, dijo que trabajó un análisis de las administraciones de gobierno desde Luis A. Ferré –a finales de los 60- hasta el presente, y que la actual es la única en la que se contrajo la economía. Coincidió con otros economistas que han apuntado en que la crisis local precedió por unos dos años a la crisis económica en Estados Unidos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio Silva Delgado coincidió en que la nueva administración no debe aumentar el IVU. El legislador de la mayoría parlamentaria dijo que es urgente fiscalizar el IVU para que los ingresos lleguen a las arcas del Departamento de Hacienda. Sin embargo, Colón de Armas dijo a Diálogo Digital que –a su juicio- el problema del fondo general del gobierno no se resuelve con más ingresos, sino con el control de los gastos. El profesor de la UPR recordó que la Constitución obliga al gobierno a no gastar por encima de sus ingresos. “Una vez se asigna un presupuesto no hay excusa para gastar más de eso”, dijo el economista. Criticó la visión de que “hay que sacrificar a todo el pueblo para beneficiar al gobierno”. Independientemente de la estrechez en el erario, Colón de Armas urgió a la reducción de las tasas contributivas por parte de la administración entrante. “No creo que lo importante sea si se puede o no, hay que hacerlo. Lo que importante es la economía, no el gobierno, y las tasas contributivas están asfixiando a la economía, que el gobierno se ajuste a un nivel de ingresos más bajos”, opinó el académico. De otra parte, distinguió la situación en la ACT cuyas deudas alcanzan los cientos de millones de dólares. Colón de Armas apuntó a que el problema en la corporación pública ha sido que sacaron obras a subasta sin tener recursos disponibles. “La ACT con sus bonistas tiene lo que se llama un gross pledge, que el ingreso que compromete Carreteras con los bonistas es lo primero que le entra a sus arcas. Le paga a sus bonistas y luego de eso, paga sus demás gastos. Como los bonistas cobran de los ingresos brutos, pues contrario al fondo general reducir gastos, aunque hay que hacerlo, no resuelve el problema”. El ex director de finanzas de la ACT dijo que una posible opción sería la transferencia de arbitrios o cargos relacionados con la transportación del fondo general a la corporación pública, pero con limitaciones estrictas sobre el uso que se le pueda dar a ese dinero. Aclaró que para poder implementar una opción como esa, sería necesario la reducción de gastos del fondo general. Durante las vistas de transición se ha hablado de un déficit de $1,900 millones en el gobierno central. La deuda de la ACT supera los $687 millones.
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