Hoy más que nunca el lema que encabeza este texto y que fue acuñado por la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) hace más de tres décadas, cobra verdadera urgencia. De eso se trata: mantener el orgullo de la profesión; demostrar la moral y vergüenza, exigir respeto a la dignidad personal y colectiva, y al quehacer profesional como educadores. Las responsabilidades de los educadores son múltiples, variadas, complejas y delicadas. Trascienden al salón de clases, su escenario laboral en la escuela e, incluso, al año escolar. El magisterio forja los demás profesionales, empleados o no empleados; fortalece al futuro ciudadano, que es el futuro de la Patria.
La naturaleza esencial de la profesión magisterial, sus condiciones de empleo y su ambiente laboral los diferencia de otros servidores públicos. No obstante, no se justifica la concesión de privilegios, ni es esa la pretensión del magisterio. Sí se puede estipular que si el contrato, las condiciones y las exigencias del puesto son diferentes, se ameritaría un trato diferente.
Para principios del siglo pasado, y a pesar de los sueldos y condiciones de empleo muy precarios, el magisterio insistió y logró que finalmente se concretizara una seguridad económica luego de su retiro. La AMPR asumió su liderato al gestionar la aprobación de la primera Ley de Pensión Gubernamental, Ley Núm. 62 de 1917. Ley que se constituyó en precedente para los demás servidores públicos. Por casi un siglo ha sido custodio y gestor de legislación, como la ley que creó la Junta de Retiro de Maestros (Ley Núm. 218 del 6 de marzo de 1951), que creó la Junta de Retiro de Maestros; y la Ley Núm. 47 del 29 de junio de 1988.
Justo es destacar otros aspectos importantes respecto al perfil único del magisterio:
1. Por las condiciones precarias existentes y apabullantes en su vida, no pudo el magisterio aprobar cuándo se le consultó, para acogerse a los beneficios del Seguro Social Federal. Su único ingreso luego de su jubilación es su pensión de retirado a diferencia de otros empleados públicos.
2. Desde hace años el magisterio consintió en aportar un porcentaje mayor a su Sistema, a diferencia de los restantes empleados públicos.
3. Dentro de sus condiciones de trabajo, recibe diariamente a toda la clientela, sus estudiantes, sección por sección y cada hora, a diferencia de otros empleados.
4. De todos los empleados públicos , es en el magisterio en quien se deposita las mayores expectativas y exigencias, inclusive fuera de toda proporción, como lo es también su responsabilidad social.
No es el magisterio el servidor público común, corriente y tradicional. El magisterio tampoco reclama privilegios. Coincide con los restantes servidores públicos en haber concretizado un contrato cuando se le reclutó, que también incluyó la deducción correspondiente de su sueldo; y que se les unió en el inicio de este despojo por parte del gobierno; ha participado solidariamente en todo momento, ofreciendo propuestas. El magisterio sí ha acordado llevar a cabo acciones legales concertadas, agotando los remedios y alternativas a su alcance.
Nos preguntamos si el Gobierno tomó en consideración “el efecto dominó” de su decisión: en la Junta de Retiro ante el retiro anticipado, indeseado, acelerado y masivo, que no sólo crea miles de vacantes simultáneamente y que redunda en una carga económica a las finanzas del propio sistema en precariedad. Dichas vacantes se producen en el sistema educativo intempestivamente, fuera del Plan de Reclutamiento, y con los registros de elegibles agotados, que se utilizan en el Plan de Reclutamiento. No puede haberse considerado, porque obliga al Departamento a “bajar sus estándares”, contratando personal que no es altamente cualificado por no contar con su certificado, y que es un requisito de la Ley Federal “No Child Left Behind”.
El efecto multiplicador es no solo retornar al viejo sistema de compadrazgo conocido como las “listas de acervo ” para el reclutamiento especial. Es, también, contraproducente, para los programas de preparación de maestros y las instituciones que los ofrecen, puesto que no se necesitarían los requisitos de preparación académica. Constituiría una competencia desleal para los maestros altamente cualificados y para los aspirantes a certificarse. Derogaría en la práctica, la Ley de Certificación de Maestros (Ley Núm. 94 de 1955)sin pasar por el escrutinio legislativo como corresponde; también los procesos de otras transacciones de personal, tales como reclutamiento probatorio/permanencia (Ley Núm. 312 de 1938), ascensos, licencias, etc.
La pérdida acelerada e irremediable de los estudiantes de Educación y de lo que optan por “la ruta alterna” crearían crisis en las instituciones que preparan maestros. Añádase la desmoralización que acarrea a los interesados e iniciados en la Carrera Magisterial, en Educación Continua, Mejoramiento Profesional y Readiestramiento.
Tenemos razones sobradas para unirnos en la lucha solidaria con el magisterio público. No debemos rendirnos. Somos los universitarios de la UPR los próximos en la lista del despojo oficialista. Como exhortara Don José De Diego hace más de un siglo, con expresiones contundentes:
“¡Levántate, revuélvete, resiste!
Haz como el toro acorralado: ¡muge!,
o como el toro que no muge: ¡embiste!”
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La autora es educadora, abogada y profesora de la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
