Por Alfredo González Martínez
La Legislatura de Puerto Rico está deliberando la Ley de Transformación al Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sometida por el gobernador. Es una propuesta de reforma radical del Código de Rentas Internas en que se transfiere su foco de recaudación, virtualmente basado en ingresos, hacia uno fundamentado en los gastos de consumo. Su alegada intención es aliviar la carga contributiva sobre los ingresos personales y empresariales (corporativos y otras “entidades de conducto”). El eje recaudador sería el Impuesto sobre el Valor Añadido o IVA.
El Impuesto sobre el Valor Añadido
El impuesto al valor añadido es una categoría de contribución indirecta al consumo, aplicado proporcionalmente, al valor agregado a una mercancía o servicio en cada etapa de su proceso de producción, intercambio y consumo. Los distintos negocios participantes van determinando el IVA de acuerdo a su respectiva aportación al valor del bien, con el correspondiente crédito por su pago del impuesto, hasta que el impuesto recae, proporcional y finalmente, en el consumidor al comprar el bien.
La concepción abstracta del IVA se institucionaliza en una amplia variedad de diseños legales mediante la definición de una base impositiva de alcance amplio y de acuerdo a las exclusiones y la variabilidad de sus tasas. Por ello es difícil el análisis comparativo de los distintos IVA’s existentes mundialmente debido a la falta de uniformidad en su diseño legal y reglamentario. Es por eso que alguien razonablemente puede favorecer el IVA en abstracto y oponerse a una ley específica que lo materialice.
El IVA, como otros impuestos, es un elemento dentro de un sistema fiscal de recaudaciones, gastos y subsidios; deuda pública. Su estudio y análisis requiere de un enfoque integral sistémico para que sea, fecundo intelectualmente hablando, y además, de aplicación práctica a los objetivos que pretende alcanzar el sistema fiscal y, específicamente, el impositivo. Enfocando en este aspecto de las rentas públicas, por razones del tema tratado, los objetivos del componente de recaudaciones de un sistema fiscal son lograr las máximas rentas posibles mediantes una política y administración tributaria simple y costo-eficiente que satisfaga ciertos objetivos y condiciones de eficiencia, equidad económica y fomento del auténtico desarrollo eco- nómico.
Los elementos de un IVA
Un impuesto al valor añadido está compuesto por su amplia y penetrante base y por su tasa impositiva. Su base idealmente la comprende toda compra de mercancías y servicios a lo largo de toda la extensa cadena de transacciones que discurre un bien de su etapa de materia prima hasta su etapa final al ser comprado por su consumidor. En cada una de esas etapas o transacciones, se aplica un por ciento o tasa al monto del valor añadido al bien por cada empresa en la cadena de producción o distribución. Al final de la cadena cuando el consumidor compra el bien pagará un impuesto proporcional al precio del artículo o servicio adquirido.
Un segundo componente de un impuesto sobre el valor añadido es su tasa o por ciento aplicable al valor añadido por cada empresa durante el proceso de producción y distribución. Una de las propiedades institucionales de los esquemas de IVA es la posibilidad de, en vez tener una tasa fija única, tener variedad de tasas. Este es un recurso justificado por razones teóricas o prácticas para evitar situaciones de inequidad e ineficiencia socioeconómicas y salvar impedimentos administrativos en su implantación.
El diseño, la legislación y la administración de un impuesto al valor añadido envuelve una intensa y prolongada convulsión social que deja laceraciones profundas. De suyo, el IVA es un género de tributo potencialmente de alto espectro difusivo en el sistema económico, con un alto nivel de regresividad y poder invasivo en los procesos de asignación de recursos, organización de las empresas, producción, distribución del ingreso y el consumo. Complica el panorama fiscal, si además se intenta colocar el IVA como base fundamental del sistema impositivo en sustitución de aquellas fuentes de recaudación originadas en el ingreso y la propiedad.
Aunque el punto de recaudación final del IVA recae sobre el consumidor, el impacto inicial de la acción impositiva trascurre desde el origen territorial del bien en la cosecha, fabricación o al ser importado al país. La sensación del impuesto permea e invade a cada sector, que no sea expresamente excluido en la ley habilitadora del IVA. Los productores, los consumidores y cualquier otro agente económico se sienten amenazados del posible impacto del IVA sobre la rentabilidad de sus negocios y por el potencial menoscabo en su bienestar como consumidor.
La deliberación antagónica
Ante una novedad fiscal como el IVA, es natural y comprensible la desconfianza, la incertidumbre y la resistencia a una reforma contributiva cuyos inicios fueron enigmáticos y erráticos. Añade al clima de incertidumbre, el panorama de estancamiento secular de la economía de Puerto Rico y los ensayos fallidos de medidas oficiales para resolver crisis financiera del Gobierno y sus corporaciones públicas. No ayuda a la implantación de remedios propuestos por el liderato social y gubernamental, la arraigada actitud individualista y faccionaria en Puerto Rico en el sentido que los sacrificios los debemos posponer o desplazarlos a los hombros de otros.
La sabiduría y el civismo: su tabla salvadora
Ante el ambiente social prevaleciente es misión indispensable de la Legislatura y del Ejecutivo lograr un eficaz diseño; una gestión legislativa amparada en una normativa fiscal eficiente y justa; y un montaje administrativo comprensible, costo efectivo y lo más simple posible. En el desempeño de sus correspondientes funciones legislativas y ejecutivas, el liderato oficial debe basar sus deliberaciones amparado en el conocimiento económico existente o escrutable que sopese la eficacia, equidad y viabilidad administrativa de las iniciativas y enmiendas propuestas a la pieza. La solidez teórica y práctica del conocimiento relevante de hacienda pública y política fiscal les facilitará las decisiones de evaluar metódica, concienzuda y justamente las propuestas en cuestión, inclusive la posposición del proyecto. Un proceso deliberativo transparente, sistemático y equitativo es el mejor antídoto contra el capricho, la arbitrariedad y la incivilidad de peticiones de grupos de presión con intereses facciosos parapetados tras una supuesta voluntad del Pueblo. Solo así se podrán distinguir entre la propuesta meritoria y edificante y aquella infundada y nociva al interés general.
El autor es Catedrático de Economía, jubilado, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez
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Especial para Diálogo
Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
