La organización conservacionista Ciudadanos del Karso (CDK) calificó como “fraudulento” el proceso llevado a cabo para aprobar la planta de incineración propuesta por la compañía Energy Answers (EA) en el municipio de Arecibo.
El proyecto ha sido objetado por numerosos grupos comunitarios en la región norte de la Isla, así como por la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Estas dos últimas entidades son los dos organismos que agrupan a los alcaldes del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, respectivamente.
“Es importante recordar que la declaración de impacto ambiental y la consulta de ubicación para la planta de incineración de EA fueron aprobadas bajo la declaración de emergencia energética fraudulenta emitida por el ex gobernador Luis Fortuño, la misma que fue utilizada para aprobar el proyecto del Gasoducto”, denunció Abel Vale Nieves, presidente de CDK.
Según él, este esquema fue diseñado para limitar la participación ciudadana y viabilizar un proceso poco riguroso que evitara considerar responsablemente los impactos que ocasionarían ambos proyectos sobre la salud pública, la calidad del medio ambiente y los recursos naturales.
Además, Vale Nieves señaló que, contrario a lo señalado por los proponentes de la planta de incineración, el proyecto tendría impactos significativos sobre el Karso y los recursos de agua subterránea en la región norte de la Isla.
“El proyecto produciría cientos de toneladas diarias de cenizas con un contenido significativo de contaminantes, que tendrían que ser desechadas en algún lugar que los proponentes no han precisado con exactitud. A su vez, el sistema propuesto para tratar de controlar las emisiones de contaminantes al aire haría uso de roca caliza pulverizada, lo que hará necesario la extracción de este material de la región del Karso. Como consecuencia, no solo se está creando el potencial para contaminar la calidad de las aguas subterráneas, sino también destruir la capacidad de recarga de los acuíferos en los lugares de extracción” explicó Vale.
De acuerdo al líder de CDK, organización que se ha destacado por la conservación y desarrollo sostenible del Karso, en lo que respecta a la industria lechera, el proyecto de EA, junto a la propuesta extensión del expreso PR-22 entre Hatillo a Aguadilla a campo traviesa, supondría la destrucción de esta industria en el Noroeste.
“Las emisiones de la planta de incineración tienen el potencial de impactar de forma acumulativa los terrenos de pastoreo del ganado, una vez los contaminantes se precipiten desde el aire al suelo. Esto, sumado a la eliminación parcial o total de por lo menos 25 vaquerías debido a la alineación propuesta por la Autoridad de Carreteras y Transportación, significaría sentenciar a muerte uno de los sectores mas importantes de nuestra agricultura, y un atentado contra la seguridad alimenticia de Puerto Rico,” advirtió Vale Nieves.
El Presidente de CDK indicó que existen otras alternativas probadas en otras jurisdicciones en los Estados Unidos y a nivel internacional para el sabio aprovechamiento de los residuos sólidos, incorporadas bajo el concepto de “Basura Cero”, y en el cual se le asigna prioridad a la reducción, reutilización y reciclaje de estos materiales previo a considerar la incineración en cualquiera de sus vertientes.
“En el caso de Energy Answers, ha sido lo contrario, al punto que fue clasificado como uno de energía renovable, cuando el proyecto no cumple bajo ninguna de las definiciones de ese tipo aceptadas internacionalmente, con el fin de que pueda obtener numerosos beneficios contributivos, y apoyar su financiamiento. Definitivamente no es una práctica de sana política pública y fiscal garantizar su financiamiento ante la grave crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno de Puerto Rico, y menos todavía cuando este proyecto podría atentar contra la salud de la ciudadanía y de nuestro ambiente,” sentenció Vale Nieves.
La pasada semana, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), otorgó un permiso de aire a EA, aprobando la instalación de la incineradora en Arecibo. Tras la aprobación, la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), licenciada Laura M. Vélez Vélez, expresó que la agencia que dirige se tomará el tiempo necesario para responsablemente llegar a una determinación sobre el permiso que aprobó la EPA y que fue sometido ante la JCA para la instalación del proyecto.
Vélez subrayó que la JCA se asegurará de que los parámetros que son motivo de preocupación entre los vecinos de Arecibo y las organizaciones ambientales y comunitarias sean tomados en cuenta al evaluar o tomar una determinación sobre el permiso que otorgó la EPA.
Por otro lado, la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, expresó su descontento sobre la decisión de la EPA, aunque se mantendrán firmes en la oposición al proyecto. “Nosotros estamos decepcionados, aunque no nos sorprende, porque en el transcurso del proceso de este permiso ya habíamos denunciado que el principal funcionario de la EPA que tiene que ver con este permiso, en una visita que hizo hace algún tiempo a Puerto Rico, había demostrado que estaba abanderizado con la incineración”, indicó a Diálogo Ángel González, uno de los portavoces de la Coalición.
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David Cordero Mercado
Periodista. Completó bachillerato en Información y Periodismo, segunda concentración en Ciencia Política, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es estudiante graduado en la Escuela de Administración Pública del recinto riopedrense. Obtuvo el premio por el Mejor Reportaje Especial de la prensa escrita de Puerto Rico, otorgado por la ASPPRO en el 2013. Además, fue nominado en 2014 al premio por el Mejor Reportaje de Interés Humano, que otorga el Overseas Press Club Puerto Rico.
