“¿Qué no la deja dormir en este caso?”
“Lo poco que se ha hecho por la muerte de mi hijo. Como que no pasó nada”.
Ana Peguero, la madre, tiene algo de razón. Quizás por el simple hecho de que siempre se puede hacer más.
O quizás porque han pasado tres años y todavía el Estado —específicamente el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia— investiga las circunstancias que presuntamente llevaron a Ismael Rivera González, capitán de la Policía Municipal de San Juan, a disparar mortalmente contra Agustín Peguero en la madrugada del viernes 8 de noviembre de 2013.
El caso de Agustín –el hijo de Ana, de 38 años, padre de dos, plomero y soldador, aficionado al sóftbol y originario de Nagua, capital de la provincia María Trinidad Sánchez al noroeste de República Dominicana– es, sin embargo, mucho más complejo que la muerte de un ciudadano a manos de un policía.
Una vida por una deuda
La historia comienza con un cobro de dinero.
En noviembre de 2013 se cumplían tres años desde que Ana Peguero le prestó $4,000 a Alejandro Deseado.
Sobre Deseado no se sabe mucho, o dicho propiamente, se desconoce a qué se dedica. Sí se sabe que no era la primera vez que había problemas con él por cuestiones de dinero.
“Él se guilla como de pastor, pero hace unas cosas raras ahí. Como que da trabajo y después no paga”, soltó Jesús Martínez.
Martínez conocía a Agustín, jugaba sóftbol con él, y es dueño de una casa alquilada en la calle San Antonio en Barrio Obrero, Santurce. Su propiedad queda justo al lado de la casa de Deseado, donde ocurrió todo. Por “cosas raras” se refiere a explotación laboral.
“Este señor contrata inmigrantes que no están regularizados y luego, cuando les debe por el trabajo, amenaza con llamar a la Policía para no pagarles. Él abusa de estas personas”, detalló José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH) y una de las principales voces en este caso.
La conducta de Deseado puede resultar incompatible con lo que se esperaría de alguien que se presenta como ministro de la iglesia pentecostal El Reposo del Pueblo de Dios. El templo donde oficia los servicios religiosos también sirve como centro de votación para los comicios electorales del vecino país. Pero la mayor parte del tiempo, en realidad, es su casa.
Hasta allí llegaron Agustín y su madre a cobrarle la deuda.
“[Deseado] dijo que no conocía a mi hijo, pero mi hijo y yo fuimos varias veces a visitarlo. Ese tipo vivía escondiéndose. Siempre hablando mentiras, que si iba a conseguir un trabajito y que iba a pagar. Nosotros supimos que estaba trabajando y mi hijo dijo ‘yo voy a ir donde él a decirle que nos dé algo, aunque sea semanal, hasta que termine de pagarnos’. Ni siquiera fue que nos lo diera todo junto”, articuló Peguero.
“Mi hijo lo llamaba por teléfono y él lo insultaba y lo invitaba a pelear. Uno se cansaba porque el tipo estaba abusando y mira hasta dónde llegó la cosa”, añadió.
El bate y la bala
Cuando murió, Agustín estaba vestido con el uniforme de Los Atléticos, el equipo donde jugaba sóftbol. Era lanzador y vestía el #38, mismo número que pasaría a ser su edad eterna.
De lo que le sucedió entre la 1:00 y las 3:00 de la madrugada de ese viernes 8 de noviembre de 2013, hay dos versiones.
Está, primero, la de los familiares.
Según los cercanos, Agustín pasó por la casa de Deseado en la calle San Antonio, y como vio que había luz y música, decidió preguntarle por el dinero adeudado. Ante la negativa del ministro, quien apagó todo como para esconderse, llamó a su madre para preguntarle cuál era nombre completo del deudor y hacerle una querella. Con él andaba un amigo, a quien le preguntó el nombre de la calle donde estaban para informarlo al 911.
“Al muchacho que andaba con él, [Agustín] le dijo ‘vete fulano, que tú no tienes papeles, porque la Policía viene pa’ ca’. Pero parece que el tipo ese [Deseado] también llamó a la Policía, porque cuando llegan lo que hacen es que le disparan a mi hijo”, teorizó Peguero.
En realidad, solo fue un agente quien disparó: el capitán.
“Ismael Rivera González, de forma descuidada, negligente y culposa, dio muerte a [Agustín] con una Glock 22, calibre 40, serie RDD-679, al dispararle en el área pectoral. En la escena había varios policías municipales que acompañaban al capitán”, expone la demanda incoada en octubre de 2014 por Osvaldo Toledo Martínez, abogado de los familiares de Agustín.
“[N]i el capitán ni los policías municipales hicieron advertencia previa. Rivera González disparó sin que existiera razón. Estando [Agustín] en el suelo, suplicando que no lo dejaran morir, varios policías municipales lo esposaron a la espalda frente a Rivera González. Aunque estaba herido, no lo llevaron a recibir atención médica”, agrega el documento. La consecuencia de todos esos actos fue la muerte de Agustín.
Está, entonces, la versión del capitán.
Esa misma madrugada, aduce su defensa, Rivera González se dirigió solo a atender la querella de una persona agresiva en la calle San Antonio. Cuando llegó, oyó unos ruidos que salían del interior de una casa. Al acercarse, vio a una persona corpulenta, bate en mano, alterada, dando golpes en las ventanas de la propiedad, con la que intentó dialogar y no pudo, o más bien lo contrario: la persona comenzó a insultarlo y hacerle gestos amenazantes.
Rivera González, dice, volvió a comunicarse por radio para solicitar refuerzos. En la contestación a la demanda, empero, no se menciona cuándo lo hizo por primera vez.
Luego de la llamada, el capitán ve a la persona fuera de la casa, caminando hacia él, y a pesar de ordenarle que se detuviera, esta continuó acercándose, “gesticulando el bate con gran fuerza, con la intención clara de hacerle daño”. Es entonces cuando, después de retroceder entre 20 y 30 pies, Rivera González, por temor a que la persona lo agrediera “con un arma mortífera” y sufriera un “daño corporal o la muerte”, le hizo un disparo en el área del hombro, con la intención de desarmarla.
Aún luego de la herida, la persona continuó forcejeando con otros dos policías, tratando de levantarse. Tampoco se menciona cuándo llegaron estos agentes.
Aunque se llamó a una ambulancia —y a pesar de que llegó rápido—, cuando se iba a dar los primeros auxilios, el personal médico declaró muerta a la persona.
Y solo entonces, cuando se declaró muerto a Agustín, el capitán supo quién era.
A paso lento la justicia
La investigación del NIE en el caso de Agustín se encuentra en sus “etapas finales”, indicó esta semana a Diálogo Gingger Correa Angulo, oficial de prensa del Departamento de Justicia.
El fiscal Fernando Chalas González, a cargo de la pesquisa, emitirá un informe, aún sin fecha de entrega, donde se evaluará el curso de acción que tomará la agencia, y que podría incluir la radicación de cargos.
Pero más allá de los señalamientos que se hagan, dicho informe contendría el expediente investigativo del NIE, donde se encuentran las declaraciones juradas de los testigos de primera mano del incidente. El Departamento de Justicia se ha negado a hacer público ese expediente –o tan siquiera entregarlo a los abogados– bajo la premisa de que pondría en riesgo la seguridad de los testigos y la investigación misma.
Esa, en parte, ha sido una de las razones por las que no ha avanzado el proceso judicial, lo que ha mantenido la demanda de $2,000,000 por daños y perjuicios contra el Municipio de San Juan, su aseguradora, y el capitán Rivera González en la etapa del descubrimiento de prueba, señaló el licenciado José González Navas, quien lleva el caso de Agustín junto a Toledo Martínez.
“El Departamento de Justicia alega que la investigación no ha culminado. Estos son hechos del 2013. Estamos en el 2016. Tiene que haber un momento en el que [Justicia] determine si la investigación sigue en curso o si no va a someter un caso”, subrayó la jueza Laureana Pérez el pasado miércoles, en una vista de estatus del pleito.
En la foto, la casa de Deseado. También, la acera donde estaba Peguero cuando recibió el disparo. Al lado, en la casa pintada de blanco, fue donde presuntamente se encontró la pistola Rugger. (Glorimar Velázquez / Diálogo)
Existen, no obstante, otras razones por las que Justicia también se ha atrasado. La principal son los tres testigos que ofreció la familia de Agustín, que declinaron hablar por miedo a ser deportados o por amenazas de muerte, expuso Rodríguez, del CDDH.
“Dos no tienen papeles, y otro dijo que no iba a hablar porque trabajaba de noche y tiene miedo de que la Policía lo mande a matar, porque la Policía cuando uno es testigo de un caso ellos mismos mandan a matar a uno”, afirmó Peguero.
Uno de los que no ha querido hablar por riesgo a ser deportado, abundó la madre de Agustín, puede confirmar todo lo que sucedió esa madrugada, incluyendo que fue su hijo quien solicitó la intervención de la Policía a través del 911. Esta persona estaría dispuesta a declarar bajo la condición de que se le conceda una visa por ser testigo de un prospectivo juicio, planteó a su vez Rodríguez.
Otro asunto que queda por investigarse, apuntó el activista, es la pistola Rugger, modelo P94A0, que se encontró poco después de que se levantara la escena en una casa aledaña a la de Deseado, lo que ha levantado la sospecha de una posible alteración. Justicia no comentó sobre este tema por estar bajo investigación.
Así las cosas, la jueza Pérez fijó otra vista de estatus para el 21 de febrero de 2017. En el ínterin, se espera que Justicia se exprese sobre el curso de acción que tomará en el caso. Mientras, los vecinos y familiares de Agustín seguirán esperando a cuentagotas las razones de su muerte.
“Yo tengo fe en Dios. Un hijo no se recupera nunca, menos un hijo así, porque si se dijera que estaba metío en drogas o robando por ahí o buscando la muerte. Pero mi hijo no era un muchacho de vicios ni de nada. Solo su trabajo y su deporte”, manifestó Peguero.
Diálogo se comunicó en varias ocasiones con el Municipio de San Juan para obtener una reacción de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto o de un portavoz de la Policía Municipal, pero al momento de publicar este artículo no se recibió respuesta. En la corte federal hay otra demanda de $20 millones presentada por la viuda y los hijos de Agustín contra el municipio, Cruz Soto, el comisionado de ese cuerpo policíaco Guillermo Calixto Rodríguez, el capitán Rivera González y cinco agentes más.
