El Departamento de Justicia radicó 236 cargos a diez funcionarios de la Universidad de Puerto Rico (UPR) involucrados en un esquema de fraude por el proyecto CRECE-21, el pasado lunes. Sin embargo, este proceso pudo haber sido atendido hace más de un año si la Cámara de Representantes no hubiera engavetado la orden de investigación al proyecto.
La orden provenía de la Resolución de la Cámara 951, con fecha del 23 de abril de 2014, de la autoría de los representantes populares Luis Vega Ramos, Manuel Natal Albelo y Brenda López de Arrarás. La medida buscaba investigar la administración, operación y manejo de fondos de CRECE-21, proyecto que buscaba adiestrar a maestros en materias de difícil reclutamiento.
“[La resolución] no fue atendida. Pasó internamente por muchos procesos administrativos. Han habido muchos escollos en el proceso. Cuando me dan esa comisión, me la dan por unas controversias políticas internas del caucus de la mayoría”, expresó el representante José Báez a Diálogo.
A Báez le fue encargada la presidencia de la Comisión de lo Jurídico en marzo de 2015, luego que Vega Ramos se viera obligado a cederla por los efectos de la Reforma Contributiva en el Partido Popular Democrático (PPD). Una vez al mando y por presiones de los miembros de su partido, según Báez, su agenda de trabajo se dividió entre la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la enmienda al Código Civil.
El representante recalcó que no hubiera tenido reparos en indagar sobre el tema que, mencionó, nadie quería investigar. “No tuve el tiempo ni la permanencia para hacer lo propio. Cuando surge la noticia de CRECE-21, me vino a la mente que yo tengo todo eso. Yo mismo me pregunté por qué yo no atendí eso”, dijo.
La medida pasó por otras manos
Volvamos al 2014.
El texto radicado señala que la Resolución de la Cámara 951 responsabilizaba a la Comisión de Educación para el Fomento de las Artes y para el Fomento de la Cultura de la Cámara de Representantes, de la pesquisa y de redactar un informe dentro de 180 días luego de aprobada la medida. Esa comisión era y es presidida por la representante López de Arrarás.
Según puede apreciarse en las distintas versiones de los documentos, debido al proceso legislativo la medida original pasó por enmiendas mínimas. Esto dilató el proceso hasta el 4 de noviembre de 2014. No obstante, en ese lapso se celebraron dos vistas públicas en mayo, una el 20 y otra el 21, en las que participaron tanto el Departamento de Educación, como el licenciado Manuel Cámara Montull, en representación del entonces presidente de la UPR, Uroyóan Walker, el profesor Raúl M. Núñez Acevedo, entonces rector interino de la UPR en Utuado, y el licenciado Humberto Vázquez Sandoval, director de la división legal del Recinto de Ciencias Médicas. Las actas de estas vistas no se encuentran disponibles en la página oficial de la Cámara de Representantes.
Dentro de los 330 días de prórroga en total solicitados por la Comisión de Educación, se ordenaba que se rindiera un informe sobre la investigación de CRECE-21, en el que se incluyeran hallazgos y recomendaciones. Sin embargo, estos informes no fueron presentados.
No es hasta el 14 de septiembre de 2015 que la medida resurge en el proceso legislativo debido a la Resolución de la Cámara 1339, con la que la representante López de Arrarás, en su rol como presidenta de la Comisión de Educación, solicita que la investigación sea transferida a la Comisión de lo Jurídico.
Según el documento, este cambio se debió a que la Comisión de Educación “tenía mucho trabajo pendiente”, en comparación con la Comisión de lo Jurídico, que en ese momento ya era presidida por el representante José Báez.
“Al transferir la jurisdicción primaria a la Comisión de lo Jurídico, y teniendo en cuenta su probada experiencia y pericia en torno a la investigación legislativa exhaustiva y minuciosa de los asuntos concernidos en la Resolución de la Cámara 951, la referida comisión legislativa tendría mayores cursos de acción a su disposición”, lee la medida.
Diálogo intentó comunicarse con López de Arrarás en numerosas ocasiones, pero los intentos fueron infructuosos.
Ya para el 16 de septiembre de 2015 la resolución original había sido enmendada y aprobada, pero no se tomó acción sobre ella.
“La realidad es que a mí me pasaron ese tostón, y le digo tostón porque los demás no querían investigarlo, y yo no hubiera tenido ningún problema en investigarlo. En septiembre 15, si buscas el calendario legislativo, te vas a dar cuenta que mi comisión celebró una multiplicidad de vistas que requerían días de preparación previos y días de digerir posteriores para la Ley Hipotecaria”, argumentó Báez.
No obstante, el representante por San Juan cuestionó el rol de la Comisión de Educación en el problema, pues fue ahí donde comenzó todo.
“Si yo tengo que asumir la responsabilidad, voy a preguntar y cuestionar por qué entonces la Comisión de Educación no terminó lo que comenzó. Por qué entonces esa comisión y la presidenta, que quería proteger los intereses de esa comisión, me tiraron eso. Yo asumo la responsabilidad, no tengo problema, pero así de claro voy a hablar y voy a formar el revolú. Hay que ser justo. Me lo pasaron a las malas y en los documentos está que yo estaba trabajando fuertemente en otras áreas”, declaró.
A esto, Báez añadió que “es una listería lo que hicieron. Me está explotando a mí y no le va a explotar a más nadie. [Pero] yo no voy a permitir que el país me vea a mí como una persona que estaba encubriendo algo”.
Por otro lado, el representante Vega Ramos aseguró que, aunque no presidía la comisión encargada de hacer la investigación, se mantuvo al tanto del proceso de la medida y fue su participación en el proceso la que asistió a Justicia a la hora de rendir la primera ronda de acusaciones.
“Radiqué la resolución, le di seguimiento en la discusión pública y me alegro que en alguna medida mis gestiones hayan ayudado a que esto se discutiera como para que el Departamento de Justicia tomara cartas en el asunto. Yo en ese sentido, descargué la responsabilidad que tenía en mis manos poder descargar”, manifestó.
A raíz de la radicación de cargos por parte de Justicia, el pasado martes el representante Vega Ramos llevó a cabo una conferencia de prensa en la que aseguró que el gobierno propuesto por Ricardo Rosselló Nevares, del Partido Nuevo Progresista (PNP), pretende repetir este esquema de fraude.
Si bien la polémica se convirtió en un ataque entre el PPD y el PNP, Justicia fue enfático en que los cargos surgieron por un referido de la UPR y los hallazgos de una auditoría interna ordenada por la Junta de Gobierno de la institución. De la misma manera, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico colaboró en el proceso.
El representante Natal Albelo, por su parte, no tenía conocimiento sobre el cambio de comisión de la medida de la cual es coautor.
“Desconocía hasta ayer [el martes, ante la llamada de Diálogo] que la resolución había sido transferida a la Comisión de lo Jurídico”, aseguró el representante por acumulación, quien pidió el expediente de la medida el mismo martes, pero no lo ha recibido.
Preocupación de la comunidad universitaria
Según Natal Albelo, la Resolución de la Cámara 951 fue elaborada a partir de las preocupaciones de la comunidad universitaria en torno a CRECE-21.
De hecho, en el 2012 el Senado Académico del Recinto de Mayagüez de la UPR recomendó no apoyar el proyecto CRECE-21 ni a los maestros egresados del programa porque “la preparación de los educandos de CRECE-21 no es equivalente académicamente a la preparación de los estudiantes del RUM en la corriente regular de preparación de maestros en ninguna de las especialidades ofrecidas”, según esbozan en la Certificación 12-09.
De la misma manera, el Recinto de Ciencias Médicas también había expresado desconfianza sobre el proyecto y por eso depusieron en las vistas públicas de la Cámara de Representantes.
CRECE-21 fue desarrollado por el Departamento de Educación (DE) en colaboración con la UPR en el 2011 y financiado por el Departamento de Educación federal. En el 2014, la Junta de Gobierno de la UPR hizo señalamientos sobre aparentes irregularidades en el año fiscal 2011-2012 y solicitó una investigación interna.
El lunes, Justicia reveló los nombres de los exfuncionarios de la UPR involucrados en el esquema de fraude de $73 mil. Entre ellos se encuentran los exrectores Juan Ramírez Silva (UPR en Arecibo), Juan Varona Echeandía (UPR en Cayey) y la exrectora de la UPR en Utuado, Yanaira Vázquez Cruz.
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Adriana De Jesús Salamán
Posee una Maestría de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es escritora y fotoperiodista. Ha sido galardonada por la ASPPRO y el Overseas Press Club.
